El Govern garantiza 680 millones de inversión en industria en los presupuestos del 2023

Aragonès tiene previsto convocar al 'consell de diàleg social' el próximo lunes para ratificar un acuerdo base mediante el que se compromete con los agentes sociales a tener unos nuevos presupuestos para el 2023. Unos 3.800 millones de euros de gasto público dependen de si el Govern tiene unas nuevas cuentas públicas o prorroga las actuales y sin estas todo lo preacordado con Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT quedará en papel mojado. Responder a los efectos de la mayor subida de precios en 40 años ha impulsado la entente entre las partes. Los agentes sociales no quieren que acuerdos de medio plazo firmados recientemente se trunquen por la falta de presupuestos, como, por ejemplo, el Pacte Nacional per a la Indústria. Este paquete de medidas hasta 2025 contempla una inversión de mínimo 3.200 millones de euros, 680 millones para el 2023. Ahí el acuerdo base alcanzado en el marco del diálogo social catalán garantiza su íntegra ejecución durante el año que viene.

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Dicha medida es una reivindicación compartida entre patronales y sindicatos, si bien las empresas son las primeras receptoras de dichas ayudas e inversiones. Aquí las patronales han apretado, al igual que con el despliegue de la ventanilla única -una normativa heredada de la 'consellera' Àngels Chacon y que no se ha sustanciado hasta ahora-. En ese punto especialmente Pimec lleva tiempo abanderando el dotar de mayores recursos a esta iniciativa, que pretende agilizar los permisos empresariales. Aragonès se compromete a dotar de más presupuesto a los departamentos técnicos para acelerar trámites, evitar cuellos de botella e impedir que se pierdan o retrasen inversiones por la demora de permisos que dependen de informes o evaluaciones de medio ambiente, bomberos o urbanismo, entre otros. La medida también busca una mayor y mejor coordinación entre la Generalitat y los municipios.  

El pacto entre el Govern y los agentes sociales incorpora otras medidas con impacto en el ecosistema económico, como cambios en el sistema de formación profesional (FP) que permitan mejorar la conexión entre las demandas empresariales de perfiles, la oferta de los centros formativos y la elevada tasa de paro que Catalunya mantiene en comparación con la media de la Unión Europea (UE).