Junts no invocará el 'caso Borràs' para votar la suspensión de dos diputados de ERC

Junts ha decidido desoír a la presidenta del partido, Laura Borràs, y no reclamará que se ponga en marcha el mecanismo para votar la suspensión de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, que serán juzgados por malversación y prevaricación, además de por desobediencia y revelación de secretos, en relación a la preparación del referéndum del 1-O. Esto supone que no solo los dos dirigentes republicanos no serán suspendidos por la Mesa del Parlament porque la mayoría está en contra de considerar que la causa se enmarque en el ámbito de la corrupción, como avanzó el viernes EL PERIÓDICO, sino que se limita aún más el abanico de partidos que pueden forzar el debate en el órgano que gobierna la Cámara. Aún así, no es descartable que grupos como Ciutadans o el PP reclamen que al menos se trate la cuestión en la reunión de este martes.

Aunque fuera para posicionarse en contra, tanto Borràs como la secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, habían defendido que debía invocarse el artículo 25.4 del reglamento por el cual se debe suspender de forma automática a cualquier parlamentario a quien se abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción. Alegaban que el caso es similar al que la llevó a ella a quedar apartada de la presidencia de la Cámara y que siempre ha sostenido que era una "persecución política".

Sin embargo, las dos dirigentes se han quedado solas defendiendo que el procedimiento debe ponerse en marcha. Junts argumenta que la organización del 1-O no puede considerarse un delito y que, por lo tanto, activar el 25.4 contra Jové y Salvadó entraría en contradicción con ese posicionamiento. En todo caso, defienden que no debería haberse aplicado la suspensión a Borràs porque entienden que el suyo es un caso de "'lawfare'" por su ideología independentista. Desde entonces el Parlament está sumido en una situación de interinidad que los grupos no han sido capaces de desbloquear ante la negativa tanto de Borràs como de Junts de dimitir y facilitar que se elija una nueva presidencia.

La posición del PSC

De los partidos que tienen representación en la Mesa del Parlament, solo el PSC es ambiguo en estos momentos sobre la conveniencia de abrir este debate. Fuentes socialistas consideran que, pese a que la naturaleza del caso que afecta a los dos dirigentes republicanos es distinta al de Borràs, hay que analizar si, en cumplimiento del reglamento, el mecanismo debe activarse. El resto de partidos presentes en la Mesa no están por la labor, alegando que el caso de los dos diputados no tiene nada que ver con delitos sobre corrupción porque Salvadó y Jové serán juzgados por la organización de un referéndum, no por una cuestión como la de la presunta fragmentación de contratos de Borràs durante la época en que estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, causa por la que será juzgada a partir del 10 de febrero.

De hecho, justo antes de que fuera suspendida como diputada y presidenta del Parlament el pasado 28 de julio, miembros de la dirección de Junts reclamaron que diera "un paso al lado" por esta causa judicial. Ante la negativa de la dirigente, PSC, ERC y la CUP aprobaron su suspensión. Ahora, tanto los republicanos como los anticapitalistas, así como también los 'comuns', sostienen que la situación judicial de los diputados de ERC no se puede circunscribir en el marco de la corrupción porque ni se han enriquecido ellos ni se ha beneficiado a terceros.

El 25.4 establece que la Mesa del Parlament debe acordar la suspensión "inmediata" de los derechos y deberes de aquellos parlamentarios a los que se les abra juicio oral por delitos vinculados a la corrupción. Lo que sí que podría pasar es que, en caso de que ningún partido con representación en la Mesa sea proactivo a la hora de invocar el 25.4, sean otros partidos, como Ciutadans o el PP, los que fuercen el debate.