¿Por qué Jové y Salvadó esquivan la suspensión como diputados a diferencia de Laura Borràs?

¿Es aplicable el artículo 25.4 del reglamento del Parlament con el que se suspendió a Laura Borràs al caso de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó? La mayoría de partidos de la Cámara catalana entienden que no aunque se les haya abierto juicio oral por la organización del 1-O y entre los delitos por los que se les acusa estén la prevaricación y la malversación. Consideran que, a diferencia de la causa que afecta a la dirigente de Junts, su situación judicial no se puede circunscribir en el marco de la corrupción porque ni se han enriquecido ellos ni se ha beneficiado a terceros.

El 25.4 establece que la Mesa del Parlament debe acordar la suspensión "inmediata" de los derechos y deberes de aquellos parlamentarios a los que se les abra juicio oral por delitos vinculados a la corrupción. El pasado 28 de julio, ERC, el PSC y la CUP aprobaron por esta vía la suspensión de Borràs por el caso de presunto fraccionamiento de contratos en la Institució de les Lletres Catalanas, caso por el que será juzgada a partir del 10 de febrero. Junts se opuso a la decisión alegando que su presidenta es víctima de una "persecución política" por su ideología independentista. Desde entonces, con la presidencia en un limbo, el Parlament continua en una insólita situación de interinidad.

En el caso de Jové y Salvadó, fuentes de ERC argumentan que la suspensión no procede porque el proceso judicial que pesa sobre ellos es "político". Así lo entienden también los 'comuns', que defienden que tienen que continuar siendo diputados y que no les es aplicable el artículo 25.4, y la CUP puntualiza que hay que tratar este caso "de forma diferente" al de Borràs.

Finalmente, Junts no ha planteado la cuestión en la Mesa pero sí lo ha hecho la extrema derecha. Pero ya era conocido que ni Junts, ni los partidos estaban por la labor dado que distinguen claramente el caso de Laura Borràs (que irá a juicio en febrero por, presuntamente, haber troceado contratos cuando era la responsable de la Institució de les Lletres Catalanes) del de los parlamentarios republicanos, cuya actuación tiene que ver con la organización del referéndum.

La representante de Junts en la Mesa, Aurora Madaula, era partidaria de abrir el debate, como lo era Borràs. Sin embargo, Junts argumenta que la organización del 1-O no puede considerarse un delito y que, por lo tanto, activar el 25.4 contra Jové y Salvadó entraría en contradicción con ese posicionamiento. En todo caso, defienden que no debería haberse aplicado la suspensión a Borràs porque entienden que el suyo es un caso de "'lawfare'" por su ideología independentista.

De los partidos que tienen representación en la Mesa del Parlament, solo el PSC ha sido ambiguo en estos momentos sobre la conveniencia de abrir este debate y finalmente se ha abstenido. Fuentes del PSC también consideran que "no tiene nada que ver" la acusación que afrontan los diputados republicanos con la de la presidenta de Junts. De hecho, en estos momentos continua viva la negociación entre el Gobierno y ERC para una modificación del delito de malversación que deshaga la reforma que el PP impulsó en el 2015.

No lo ven así desde Ciutadans y el PP de Catalunya. "La apertura de juicio oral supone la suspensión", sostienen fuentes del partido de Carlos Carrizosa. Los populares, por su lado, argumentan que el reglamento del Parlament debe aplicarse a "rajatabla" y que todos los diputados deben de recibir "el mismo trato".

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