Òmnium y la ANC consideran que la reforma del código penal puede poner en jaque el derecho a protesta

Òmnium Cultural y la ANC consideran que la reforma del código penal planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que supone eliminar el delito de sedición e incorporar el de desórdenes públicos agravados pone en jaque el derecho a protesta. Sin embargo, las dos entidades independentistas discrepan sobre la derogación del tipo penal que se aplicó a los líderes del 'procés' y que ha sido pactada por el Gobierno y ERC. Òmnium celebra que desparezca el delito, mientras que la ANC pide explícitamente a todos los partidos que se "opongan y combatan" la reforma.

Xavier Antich ha argumentado, por un lado, que contemplar la sedición como delito no es propio de un Estado democrático y que, por ello, desde Òmnium no admitían ninguna otra solución que no fuera su supresión del código penal. Aún así, la entidad se reafirma en la reclamación de la amnistía porque entiende que hay que encontrar una "respuesta colectiva" para todas las personas encausadas por participar en acciones de defensa del derecho a la autodeterminación.

Pero si en una cosa ha puesto el acento Òmnium es en un nuevo tipo penal, el de los desórdenes públicos agravados, que puede abrir nuevas brechas que acaben "ampliando peligrosamente" los delitos enmarcados en ese ámbito y suponer un "paso adelante" para "criminalizar la disidencia política" y escalar la "persecución" de la protesta. Sobre todo, ha puntualizado, porque se incorpora "con vaguedad" el concepto de "intimidación" y esto puede suponer, a su juicio, que quede a expensas de la interpretación judicial si ese componente ha existido o no en una manifestación o protesta. Más aún, ha lamentado Antich, en un "Estado que no tolera la discrepancia política y no afronta la resolución del conflicto" político con Catalunya. "Ejercer los derechos fundamentales no se puede considerar un delito", ha concluido.

La entidad que preside Dolors Feliu, por su parte, ha enviado un comunicado en el que niega que la reforma del código penal suponga una derogación de la sedición y denuncia que es un "nuevo aval que facilita la represión contra acciones democráticas" como el 1-O y las movilizaciones independentistas de los últimos años. Según la ANC, la reforma busca "castigar la movilización" y penalizar de forma más "cómoda" los hechos del 1-O por ocupar colegios y edificios. Eso llevaría, consideran, a la prisión a las miles de personas que se organizaron para garantizar la votación del 2017.

"Intercambiar el beneficio a algunos, hipotecando o dificultando el ejercicio del derecho a la manifestación y la autodeterminación es aquello que ningún independentista ni partido independentista puede apoyar", sentencia Feliu, que pide explícitamente a ERC, Junts, PDeCAT y CUP que voten en contra una reforma que definen como un "atentado a la democracia y a los derechos fundamentales".