Causa abierta

El exdiputado Costa abandona el juicio de la Mesa del Parlament y deja al TSJC un escenario insólito

  • Un exsecretario del Parlament admite que tenía "dudas" de que las resoluciones sobre la autodeterminación y la Monarquía contravenían al Constitución, mientras que los exletrados de la cámara afirma que eran "declarativas" y sin consecuencias

Roger Torrent.

Roger Torrent. / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

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El exdiputado y exmiembro de la Mesa del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha abandonado este jueves el juicio en el que se le juzga, junto con el expresidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, y otros dos excompañeros, por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por haber admitido a trámite en octubre del 2019 una resolución a favor del derecho a la autodeterminación y otra contra la Monarquía. El exparlamentario, que se defiende el mismo como abogado, tomó esta decisión después de que los magistrados del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) rechazaran anular el procedimiento. El tribunal acordó, sin embargo, continuar la vista, porque no se podía nombrar un abogado de oficio sin el consentimiento del acusado, como sería el caso. "¿Qué función podía tener", recalcó el presidente de la sala, Carlos Mir. Y anunció que Costa puede volver a estrados cuando quiera.

Según Costa, el tribunal no está legitimado para dictar sentencia ("es un ataque a la democracia") y, por lo tanto, es un "simulacro de juicio" en el que se vulneran sus derechos, por lo que piensa denunciarlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Como abogado no he cursado pruebas, no interrogaré a los testigos y no tengo la intención de hacer conclusiones. Como letrado no participaré en este juicio", espetó el exdiputado antes de levantarse del estrado y encaminarse. Costa no solo está imputado, sino que actúa como abogado defensor. Como acusado y por la pena de inhabilitación que se le reclama puede no estar en el juicio, pero como letrado, no. Los jueces barajaron la designación de un abogado de oficio, aunque la desestimaron porque el exdiputado se niega a tenerlo.

Ante esta insólita situación, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio cargó contra Costa y aseguró que esta reacción era la prevista, ya que, a su entender, el exdiputado está intentando por todos los medio la "dilación" del juicio y que este no se celebre. Calificó de "montaje" el abandono por parte del acusado de los estrados, una acción que, subrayó, podría ser constitutiva de desacato. "Es una estrategia burda e infantil", expresó la acusación pública. El abogado de Vox tildó el abandono de Costa de "fraude procesal" y "falta de respeto al tribunal", mientras que la defensa de los otros acusados mostraron su "respeto" a la decisión de su compañero.

Los testigos

Tras reanudarse el juicio, empezaron las declaraciones de los testigos. El diputado Joan García, de Ciudadanos, su excompañera de partido Laura Vilchez y el parlamentario del PSC David Pérez, que en octubre eran miembros de la Mesa del Parlament, recordaron al que ellos rechazaron la tramitación de las resoluciones cuestionadas y preciaron que, en su opinión, la advertencia que hizo el Constitucional no ofrecía dudas sobre que no se podía tirar adelante con esta iniciativa. Incidieron en sus sospechas sobre que el cambio del orden del día y de hora en la jornada de votación de estas propuestas fue una maniobra para sortear al TC.

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El exsecretario del Parlament, Xavier Muro, reconoció que él informó a la Cámara de sus "dudas" sobre si estas resoluciones podrían contravenir la advertencia del Constitucional. "Todavía existen dudas sobre si se puede entrar en el análisis del contenido de las iniciativas. Es una doctrina del Constitucional muy complicada de llevar a la práctica", subrayó. El letrado del Parlament en el 2019, Joan Ridao, precisó que tras presentarse una moción de reconsideración por la aceptación de la tramitación se estudió con más profundidad el asunto y no apreciaron "ninguna objeción", al ser resoluciones "declarativas" y sin consecuencias. "No había voluntad deliberada de incumplir los mandatos del Constitucional", aseveró. El exletrado mayor Antoni Bayona se pronunció en este mismo sentido. La prohibición expresa llegó después de su votación.

Al inicio de la segunda sesión de juicio, el tribunal acordó que decidiría en la sentencia la petición de las defensa de que los acusados gozan de inmunidad parlamentaria y , por lo tanto, no pueden ser juzgados por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional por haber admitido a trámite las resoluciones. El letrado de Torrent, Andreu Van den Eyden, sostiene, al igual que el resto de letrados de la bancada de la defensa, que los imputados gozan de inviolabilidad, un derecho, que a su entender, pretende "proteger" al Parlament y su derecho a debatir por "el interés público" sobre la independencia y la Monarquía Los magistrados también rechazaron la nulidad del procesó y denegaron la expulsión de Vox como acusación popular.