Vista en el TSJC

El fiscal: "Es un bulo que en la mesa de diálogo esté el juicio contra Torrent"

  • La acusación pública asegura que existe una "intención clara" de la defensa de los encausados para que el juicio no "arranque"

  • El expresidente del Parlament y otros miembros de la Mesa tramitaron resoluciones sobre autodeterminación y monarquía

Roger Torrent entra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el pasado 7 de octubre.

Roger Torrent entra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el pasado 7 de octubre. / JOAN CORTADELLAS

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

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Especialista en Judiciales

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El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio advirtió este miércoles de que hay "una intención clara" de que el juicio contra el 'conseller' de Empresa y expresidente del Parlament Roger Torrent y otros tres exmiembros de la Mesa de la cámara catalana "no arranque" en alusión a los argumentos de la defensa y lamentó de que circule "un bulo" de que este proceso está en la mesa de diálogo entre el Ejecutivo de Pere Aragonés y el Gobierno español. El tribunal rechazó, de entrada, la petición de la misma fiscalía de suspender la vista a raíz de la tramitación de un incidente de nulidad por la recusación del magistrado Carlos Ramos, que fue excluido de la composición de la sala que debe dictar sentencia.

Torrent y sus excompañeros en la Mesa del Parlament Josep Costa (JxCat), que se defiende el mismo, Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC) están acusados de presuntamente haber desobedecido los mandatos del Tribunal Constitucional (TC) al permitir la tramitación de dos resoluciones a favor del derecho de autodeterminación y en contra de la monarquía. La fiscalía reclama para Torrent, Costa y Campdepadrós un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros, mientras que para Delgado solicita un año y cuatro meses y una multa de 24.000 euros porque solo participó en una sola de estas tramitaciones.

Pérez de Gregorio se opuso a todas las peticiones de nulidad esgrimidas por los abogados defensores de los imputados y, en especial, y rechazó el argumento del abogado de Torrent, Andreu Van Eynde, de que los acusados gozan de inviolabilidad parlamentaria y, por lo tanto, no pueden ser juzgado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Este es uno de los aspectos importantes que deberán resolver los togados en la sesión de este jueves o en la sentencia. Torrent ya esgrimió este argumento durante su declaración ante el juez instructor y ahora ha sido su abogado.

El fiscal aseguró que la "conducta delictiva" que se imputa a los acusados no es por su derecho a votar "ni a opinar", sino por la tramitación y aprobación de propuesta "manifiestamente" contrarias a los mandatos del Tribunal Constitucional . "No son actos amparados por la inviolabilidad parlamentaria", subrayó. A renglón seguido incidió que "corre un bulo" de que esta causa "forma parte de la tanda de procedimientos judiciales que se han llevado a la mesa de negociación entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat en eso de lo que se está llamando desjudicialización de la política catalana" y en la "que se pretende el archivo de todos aquellos casos penales pendientes" derivados del 'procés'. "Estoy seguro de que es un bulo y que esta sala no se encuentra afectada por refilón por ese bulo", recalcó, para después insistir que hay el objetivo que este juicio "no arranque", en alusión a las cortapisas que están planteando las defensas.

Arropados por ERC y Junts

Torrent fue arropado en la entrada del Palau de Justícia de Barcelona, sede del TSJC, por dirigentes de ERC, como Oriol Junqueras, Carmen Forcadell y Laura Vilagrá. En la esplanada del paseo de Lluis Companys le esperaban otros lideres políticos, entre ellos Laura Borrás (Junts) y varios 'consellers' de Gobierno de coalición (Lourdes Ciurò, Josep Maria Argimón, entre otros). El expresidente del Parlament fue recibido con aplausos. Antes de acceder al edificio judicial, Torren recibió un fuerte abrazo de Junqueras.

Los abogados de los acusados solicitaron el tribunal la anulación del procedimiento judicial por varios motivos. El letrado de Torrent, Van den Eyden, sostuvo que los imputados gozan de inviolabilidad parlamentaria, un derecho, que a su entender, pretende "proteger" al Parlament y a sus miembros, que, en el caso que se juzga, defendían "el interés público" de debatir sobre la independencia de Catalunya y la Monarquía. Sostuvo que la libertad de expresión de los diputados también debe estar garantizada y que, por lo tanto, la inviolabilidad de los mismos es "absoluta, perpetua e innegociable".

Este jurista atribuyó a la fiscalía de querer hacer desaparecer el principio de inviolabilidad. "Esto no puede ser. Nos debemos a los derechos fundamentales y a los principios democráticos". Aventuró que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no aceptará que "un político sea acusado por admitir a trámite" unas resoluciones en la Cámara catalana. El resto de abogados defensores se adhirieron a este planteamiento, aunque los de Delgado y Campdepadrós también alegaron que el TSJC no es competente para juzgar a sus representados, pues ya no son diputados y han perdido el aforamiento. Costa, que se defiende a si mismo, indicó que el tribunal no tiene "jurisdicción, ni independencia, para celebrar el juicio". Todos exigieron la expulsión de Vox como acusación.

Requerimiento individual

Este procedimiento judicial nació a raíz de la decisión del TC, acordada por unanimidad, de requerir a la Fiscalía Superior de Catalunya que estudiara si Torrent y sus compañeros de la Mesa habían cometido un delito de desobediencia por admitir la tramitación en el Parlament de dos resoluciones, en octubre de 2019. En este sentido, el TC les había requerido "individual y personalmente" su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada", precisa de los fiscales José Joaquín Pérez de Gregorio y Assumpta Pujol en su escrito de acusación.

La acusación pública relata que Torrent, Campdepadrós y Costa, "siendo conocedores del contenido y los apercibimientos" del TC de días anteriores, "y pese a la oposición del resto de los miembros de la Mesa" y el aviso del secretario general de la Cámara, aceptaron en 2019 tramitar las resoluciones sobre la monarquía y el derecho a la autodeterminación, que fueron aprobadas en noviembre de ese año.

Los fiscales subrayan que, días antes de la aprobación, los cuatro imputados desestimaron las peticiones de reconsideración efectuadas por grupos de la oposición y "ratificaron" la admisión a trámite de los textos. "Torrent, teniendo conocimiento" de la impugnación por parte del Ejecutivo central y "sabiendo" que el TC acordaría de forma inmediata la suspensión de la tramitación de la moción, decidió "modificar" la hora del inicio del pleno, argumenta la acusación.

Libertad ideológica

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El ahora 'conseller' sostuvo en su declaración ante el juez que actuó correctamente, en defensa de “la libertad de expresión e ideológica de los diputados”, a la vez que advirtió de que una eventual sentencia condenatoria sería un “precedente nefasto” para el debate parlamentario. También insistió en la "neutralidad política" de la Mesa del Parlament a la hora de tirar adelante cualquier iniciativa de los grupos políticos.

El dirigente de ERC, igual que hizo en su día su predecesora, Carme Forcadell, condenada por el Tribunal Supremo por el 'procés', esgrimió la “inviolabilidad parlamentaria” y recalcó que en la Cámara catalana debe poderse debatir sobre todo y, en concreto, sobre el derecho de autodeterminación y la monarquía. “La Mesa del Parlament tiene que velar por la defensa de la libertad de expresión e ideológica de los diputados”, explicó Torrent.