Presentación del decreto ley de más de 9.000 millones

Sánchez dota de épica su discurso y centra su acción en las clases medias

  • El presidente rearma su relato después del varapalo andaluz y explica un segundo paquete anticrisis que pretende llegar al grueso de la población

  • Se dirige al poder económico y político: "Este es un Gobierno molesto, incómodo. No nos van a quebrar y vamos a seguir defendiendo a la clase trabajadora"

  • No descarta un cambio de equipos, aunque respalda a sus ministros y a su cúpula: "Si lo fuese a hacer no lo diría, y si les digo que no, no me creerían"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras el reunión del Consejo de Ministros extraordinario, este 25 de junio de 2022 en el palacio de la Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras el reunión del Consejo de Ministros extraordinario, este 25 de junio de 2022 en el palacio de la Moncloa. / EUROPA PRESS / JESÚS HELLÍN

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

Escribe desde Madrid

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Pedro Sánchez regresa sobre sus pasos. Vuelve a su propio 'Manual de resistencia' para afrontar el último tramo de la legislatura tras el severísimo golpe sufrido por su partido en Andalucía el pasado domingo. Reacciona. Pertrecha su discurso y focaliza la acción del Ejecutivo en las "clases medias y trabajadoras" del país. Se dirige a las grandes mayorías, aquellas que deciden las elecciones, pero también lanza un mensaje rotundo a "determinados poderes económicos, con terminales mediáticas y políticas" que intentan tumbarle: no le doblegarán ni alterarán su hoja de ruta. Resistirá. "Este es un Gobierno molesto", "incómodo", admite. "Pero no nos van a quebrar", avisa, en una clara llamada a sus votantes de izquierdas, muy desmovilizados.

El presidente quiso salir él mismo este sábado a defender el segundo paquete de respuesta a la guerra de Ucrania, que se prolongará seis meses (tres más de lo previsto), hasta el 31 de diciembre, que costará más de 9.000 millones de euros y que busca recortar la inflación en unos 3,5 puntos. Pero esa comparecencia en la Moncloa, tras un Consejo de Ministros extraordinario que no se alargó más de la cuenta aunque sí vino precedido de largas negociaciones y tensiones con sus socios de Unidas Podemos, obedecía a una razón, a una lógica. Sánchez, al presentar el nuevo real decreto ley anticrisis, visualizó un giro estratégico clarísimo. Una primera respuesta a quienes en su partido le reclamaban un "revulsivo" después del batacazo del 19-J para afrontar con mayores garantías las autonómicas y municipales de mayo y las generales previstas para diciembre de 2023. Una salida a aquellos que veían con angustia que la gestión del Gobierno no cala, no se "rentabiliza". Una réplica, también, para aquellos en Unidas Podemos que creen que a la coalición le faltaba "relato". Sánchez se rearma de forma nítida, presumiendo de resistencia y mirando a la izquierda, sin descuidar la centralidad, la mayoría social.

El segundo paquete se prolongará hasta el 31 de diciembre, costará 9.000 millones y pretende contener la inflación 3,5 puntos

El jefe del Ejecutivo recuperó en cierta medida la esencia de las primarias del PSOE que libró contra Susana Díaz en 2017, para mostrarse como un líder resiliente, claramente socialdemócrata, capaz de enfrentarse al poder económico —identificado ahora con las empresas energéticas—, aunque cueste, porque es sensible a las preocupaciones de los ciudadanos. En sus palabras, capitanea un Ejecutivo que "sabe bien para quién gobierna", "para la clase media y trabajadora".

En puridad, fue este viernes en Bruselas cuando Sánchez ya anticipó los anclajes de su nuevo discurso político. Entonces adelantó que este segundo decreto se prolongaría hasta final de año y evitó concreciones, pero sí reiteró, como hizo este sábado, que buscaba ayudar a las familias más vulnerables, a los sectores más afectados y a las empresas, pero sobre todo a las clases medias.

Para los "45 millones de españoles"

Los ministros socialistas, de hecho, insistían en los últimos días frente a los morados que era clave articular medidas generales, dirigidas al grueso de la población. De ahí el anuncio de la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% (los gravámenes en la factura se reducen un 80%) y su negativa a discriminar por renta en la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Y de ahí que este 25 de junio el presidente pusiera más el acento en la reducción del 50% del precio de los abonos de transporte mensuales expedidos por el Estado (como Renfe) y de un 30% del coste de los abonos emitidos por comunidades autónomas y ayuntamientos, que podrán completar hasta llegar a una rebaja del 50%, pero con "recursos propios".

El Gobierno seguirá "volcado en proteger a la población española", en transformar la economía y en desplegar el plan de recuperación. La hoja de ruta, subraya, se mantendrá

No en vano, el ala socialista del Ejecutivo asumió esta medida planteada por Unidas Podemos sin tantos problemas, pero en cambio recelaba de un cheque de 300 euros para las familias más vulnerables. Tras mucha tensión de por medio, esta idea fue matizada: será una ayuda directa única de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales. Pero se suma el aumento del 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas (pactado previamente con Bildu), y también del ingreso mínimo vital. Estas medidas específicas para los ciudadanos con menores ingresos afecta a cuatro millones de personas, pero el conjunto del paquete, incidió, "beneficia a los 45 millones de españoles".

Unidas Podemos sí pidió subir en 10 puntos el impuesto de sociedades a las eléctricas, y hacerlo ya. Sánchez accede al recargo fiscal, pero no se hará de manera tan inmediata. Será un nuevo tributo que "gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas" y que se tramitará como proposición de ley de socialistas y morados para que entre en vigor el 1 de enero de 2023. La justificación de este nuevo impuesto fue puramente política: "Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia, deben aportar más quienes están en mejores condiciones y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías".

Sánchez enfatizó el esfuerzo de su Gobierno por contener la inflación y responder a los efectos de la guerra (un manguerazo total de 15.000 millones de euros entre los dos decretos, más de un punto de PIB) y prometió que seguirá "volcado en proteger a la población española", manteniendo el "rumbo" de transformación de la economía, ganando en autonomía estratégica e independencia energética y desplegando el plan de recuperación (espera el desembolso de 12.000 millones por parte de Bruselas, por lo que serán 31.000 millones los ya entregados "gracias al cumplimiento de los hitos" firmados con la Comisión). Esa hoja de ruta que inspira al Ejecutivo, pues, continuará, prometió. Pese a quien pese. Porque su Gabinete, repitió una y otra vez, "sabe muy bien para quién gobierna".

Labor "más que razonable"

Y es para las clases medias, no para los poderosos, según se encargó de remarcar a fuego. Con una rotundidad elocuente: "Es cierto que a este Gobierno se le golpea mucho por parte de determinados poderes, pero deben ser conscientes de que este es un Gobierno autónomo que sirve a quien sirve, a la clase media trabajadora de este país y que, con palabras y hechos, va a hacer un reparto justo de las cargas". Cuando se le pidió que diera más detalles, tiró más de ese hilo: "Resulta evidente que este es un Gobierno molesto para determinados intereses económicos que tienen sus terminales mediáticas y políticas. Es algo que está a pie de calle y cualquier persona lo podrá ver. Este es un Gobierno muy incómodo para determinados poderes económicos, y es una realidad que venimos sufriendo desde hace cuatro años. Pero ya les digo a esos intereses que desde luego no nos van a quebrar y vamos a continuar defendiendo los intereses de la clase media y trabajadora de este país".

"Este es un Gobierno autónomo que sirve a quien sirve, a la clase media trabajadora de este país y que, con palabras y hechos, va a hacer un reparto justo de las cargas", recuerda

La reflexión se escucha con fuerza en las últimas semanas en el seno del Gobierno, pero ese mensaje daba un salto de gigante al ser asumido por el presidente en una comparecencia solemne y en la Moncloa. Sánchez se siente hostigado, víctima de los ataques de la derecha económica, política y mediática, y se revuelve. Y por eso advierte de que no le torcerán el brazo y que persistirá. Lo mismo que decía en su combate de primarias hace cinco años, cuando tejió un discurso épico que sí le valió para ganarse el apoyo de la militancia. Está por ver que esa fórmula le sirva ahora.

Pero en el PSOE, muy hundido por el fiasco en las urnas en Andalucía el pasado domingo, también sugiere al presidente cambios en el Ejecutivo. O en su equipo en Ferraz. Sánchez no quiso descartar ningún escenario. De manera muy llamativa, y utilizando unos términos más explícitos y sinceros que hace justo un año, cuando estaba en ciernes la remodelación del Gabinete y él intentaba desviar el tiro. "Tengo un problema: si lo fuese a hacer [un cambio en el Gobierno y en Ferraz], no lo diría, y si les digo que no lo voy a hacer no me creerían. Por tanto, lo que les puedo decir es que me siento absolutamente cómodo y respaldo a mi Consejo de Ministros y a mi ejecutiva federal". Todos los miembros de su Ejecutivo, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, hacen un trabajo "encomiable, extraordinario, de diálogo, negociación y acuerdo", sostuvo. Su labor es "más que razonable", con "aciertos y errores".

Sánchez vuelve a defender su iniciativa para renovar el TC y llama a todas las fuerzas, incluido el PP, a que convaliden el nuevo decreto ley

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Durante la rueda de prensa también emergió la renovación del Tribunal Constitucional y la maniobra del PSOE para forzar su actualización. El presidente, de nuevo con un discurso de tinte muy ideológico, descartó que vaya a retirar la iniciativa si el PP se aviene a negociar. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni el TC cuentan con la "máxima legitimidad", sostuvo, porque los populares "no quieren cumplir con sus obligaciones constitucionales", un hecho "de extraordinaria gravedad". "Lo que tiene que hacer el PP es no poner excusas y condiciones", señaló, antes de reconocer como "retroceso gravísimo" la sentencia del Supremo de EEUU contra el aborto, que a su juicio puede ser un ejemplo de lo que ocurra en España si no se culmina el relevo en el TC, ya que también está pendiente de fallo la ley de plazos de 2010.

Sánchez, como era de rigor, hizo un "llamamiento a todas las fuerzas políticas", incluido el PP, para que convaliden de manera "total y absoluta" el real decreto ley. El anterior salió por la mínima, con el rechazo de PP y ERC y gracias a Bildu. Este segundo, admitió, no será el texto que hubieran "firmado" otras formaciones, pero se trata de un "paquete poderoso en el que pueden reconocerse muchos ciudadanos que voten a distintas opciones políticas". De nuevo, esa vocación de transversalidad, de llegar a más españoles y que noten la impronta del Ejecutivo. Una nueva narrativa para un presidente y un Gobierno en horas bajas.

Apurando la negociación hasta el final

Los dos socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos, cerraron el real decreto ley este mismo sábado, después de negociaciones intensas y tensas durante toda la semana, en las que los principales escollos fueron el bono de 300 euros para familias vulnerables (la ayuda será de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales, que se podrá solicitar a partir del mes de julio) y el impuesto a las eléctricas, que finalmente se aprobará más tarde y entrará en vigor el 1 de enero de 2023, aunque sí afectaría al ejercicio de 2022.


Tras una larga noche de conversaciones, el texto se acabó de amarrar antes del Consejo de Ministros entre las tres vicepresidentas (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera), y los ministros de la Presidencia y de Hacienda, Félix Bolaños y María Jesús Montero. Tras la reunión ordinaria del Gabinete, que fue corta, se remataron cuestiones "de pura redacción". No hubo necesidad esta vez, indicaron fuentes gubernamentales, de que despacharan a solas Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, aunque obviamente "se habló con el presidente". Los morados se mostraron satisfechos del resultado, como pusieron de manifiesto tanto Díaz como la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Podemos, Ione Belarra.


"¿Cómo se ha cerrado el decreto hoy? Se ha seguido el mismo proceso que hemos seguido siempre: esto es un órgano colegiado, el Consejo de Ministros, y por tanto lo que ha habido es un trabajo entre todos los ministros implicados", señaló el propio Sánchez, quien citó expresamente a Bolaños, Montero, "las vicepresidentas" (en plural) y "todos y cada uno de los ministros".


Fuentes próximas a la titular de Trabajo coincidían en que había sido una labor "colectiva", pero que todo se terminó de atar este sábado, pero evitaban detalles para no fomentar la imagen de "división". "Todas estas acciones tienen un propósito muy firme: ayudar a las familias, acompañarlas y hacer menos difícil esta crisis. Somos un Gobierno de coalición determinado a seguir al lado de la gente. Sigamos trabajando para ampliar la protección a la ciudadanía, @sanchezcastejon", escribía Díaz en su Twitter, celebrando el paso dado por el presidente.