Gobierno

Sánchez trasladó a Díaz que quería un decreto "ambicioso" horas después de la debacle andaluza

El lunes se concretó que el nuevo texto sería más amplio y la negociación entre los dos socios de Gobierno, que han sufrido una sonora derrota el 19-J comenzó a encarrilarse

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. / EP

Ana Cabanillas / Marisol Hernández

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El lunes, con el Gobierno casi en pánico por la mayoría absoluta del PP en Andalucía, los dos socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos, sintonizaron sus necesidades y coincidieron en que debían extender las medidas sociales del nuevo decreto anticrisis. Ese día, apenas 24 horas después de que las dos formaciones cosecharan una sonora derrota en las elecciones andaluzas, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se mostró más favorable a ampliar el texto que expira el próximo 30 de junio.

Según señalan fuentes de la formación morada a El Periódico de España, Sánchez comunicó a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que el decreto sería "más ambicioso" y la misma información le transmitió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a su interlocutora habitual, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. La tensión en este bloque obliga al PSOE a mantener la comunicación abierta, por diferentes vías, con Díaz y con Belarra. Esa tarde se sustanció que el Ejecutivo llegaría más lejos en su respuesta a los efectos económicos que ha ocasionado la invasión rusa de Ucrania. El martes, según fuentes conocedoras, se decidió en Consejo de Ministros convocar una nueva reunión extraordinaria del Gobierno este sábado. Y este mismo miércoles Sánchez aprovechó la sesión de control en el Congreso para anunciar una de las nuevas medidas: la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5%, que el PP ya había pedido en el plan económico que envió a Moncloa hace dos meses. 

La semana anterior ya se estaban produciendo negociaciones entre los dos partidos del Ejecutivo, que continúan durante estos días, pero ha sido justo después al batacazo en Andalucía, donde los dos socios han salido muy mal parados, cuando han parecido entrar en un periodo de activación. Fuentes de Podemos aseguran que desde las elecciones en Castilla y León tanto Díaz como Belarra están avisando de que el Gobierno debe ser más audaz en sus decisiones para frenar el avance del PP y Vox y combatir la resistente subida de la inflación.

Díaz, más reivindicativa

De hecho, la debacle en Andalucía, donde la vicepresidenta segunda se había implicado en la unión de la izquierda -Por Andalucía- y en la elección de la candidata, Inmaculada Nieto, ha llevado también a Díaz a mostrar un tono más reivindicativo dentro de la coalición, como se evidenció con un largo tuit el lunes, en el que desgranaba las reclamaciones del ala morada.

En el PSOE también se ha producido una reacción, aunque públicamente se haya esquivado la autocrítica. El lunes en la reunión de la dirección socialista, bajo la dirección de Pedro Sánchez, hubo un intenso debate que se saldó con la decisión de trabajar más para contar la acción del Gobierno y en centrarse en que el rival es el PP. Como publicó este diario, la queja más unánime de los barones socialistas tras la debacle del 19-J es que "no se rentabiliza la gestión". En el partido, desde distintos ámbitos, se apunta a una nueva remodelación, porque la de julio pasado se considera fallida, para ganar impulso y peso político.

Cambio en las negociaciones

En sólo dos días la impresión es que tanto socialistas como morados han resuelto ponerse las pilas. Aunque en Moncloa niegan este efecto porque, aseguran, "el Gobierno lleva semanas trabajando, desde que el presidente anunció la prórroga". "Algo así no se puede improvisar", señalan. Pero lo cierto es que el cariz de las negociaciones ha variado. Si hace dos semanas el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero descartaba un nuevo impuesto a las empresas eléctricas, ahora ha sido asumida y sólo se debate la fórmula para abordarlo y el momento en que debe entrar en vigor. Yolanda Díaz quiere de que se aplique de manera “inmediata” mientras que la titular de Hacienda defiende esperar a 2023, una vez que haya presupuestos, para que la nueva figura impositiva se acompase con el nuevo ejercicio. En el Ministerio argumentan que el IVA sí se puede alterar in media res al facturarse trimestralmente, pero es más complicado hacerlo con otro tipo de impuestos.

En las conversaciones del decreto anticrisis de marzo, el partido morado ya lanzó una serie de propuestas y todas ellas fueron descartadas por los socialistas, que sí impulsaron, entre otros asuntos, la bonificación de 20 céntimos al litro de gasolina, criticada incluso por los socios minoritarios de coalición porque favorece igual a clases altas y bajas. Tres meses después, Díaz hace suyas las iniciativas que en su día planteó Podemos y, esta vez, el PSOE sí ha recogido el guante. Y es que el impuesto a las eléctricas no es la única medida que han aceptado los socialistas por parte del espacio morado

La subvención al transporte es otra de las iniciativas en las que se sigue negociando. Si bien Ione Belarra abogó por una tarifa plana de 10 euros, Díaz ha rebajado la petición a una reducción del 50% de su precio; un sistema de porcentajes en el que estaría trabajando con el departamento de María Jesús Montero. En cambio, otras propuestas permanecen encalladas, como es la subida de 10 puntos del Impuesto a las Sociedades para las empresas energéticas, que ha sido rechazada por el momento por el Partido Socialista. 

Impulso en varios ámbitos

La debacle andaluza de la izquierda también ha llevado a que el PSOE haya mostrado su interés por desbloquear algunos temas parlamentarios. En el Congreso han pisado el acelerador en algunas de las leyes que permanecían atascadas, como la ley de memoria democrática, que se discute en comisión y sobre la que existe ya un principio de acuerdo para la ponencia, que deberá aprobarse e ir después a Pleno. Otro de los asuntos pendientes es la norma que derogará la ley mordaza, que lleva meses estancada en el Parlamento y en la que Podemos ha pedido acelerar y también se están produciendo avances.

Además, el Gobierno, con la reunión este miércoles entre Bolaños y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, intenta recomponer las relaciones con ERC y con la Generalitat para no sufrir tanto en las votaciones en la Cámara. El supuesto espionaje a líderes independentistas, que el CNI reconoce sólo en 18 casos y que afectó incluso al jefe del Govern, Pere Aragonès, había congelado la comunicación con los republicanos, que votó incluso del primer decreto anticrisis. Ahora, la promesa de un encuentro entre Sánchez y Aragonès, "tan pronto como sus agendas se lo permitan", abre una rendija a la reconciliación.