El Gobierno fuerza la renovación del TC a través de una reforma legal

La Moncloa, antes de las elecciones andaluzas, ya advertía de que estaba analizando “todas las opciones” para lograr la renovación del Tribunal Constitucional en caso de que el PP mantuviese el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora, tras las urnas del 19-J, ya ha decidido qué fórmula es la que usará. Y la activará de manera inminente, este mismo viernes: será una reforma legal, para que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponde designar aunque siga en funciones. De este modo, se podrá proceder al relevo íntegro del tercio del Alto Tribunal cuyo mandato venció el 12 de junio sin que quepan dudas de la legalidad del procedimiento ni bloqueos por parte de los actuales miembros del TC.

El Grupo Socialista registra este viernes, 24 de junio, una proposición de ley en el Congreso de los Diputados muy simple: reforma del artículo 570 bis, para añadir un nuevo punto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, tal y como adelantó 'elDiario.es' y confirmaron fuentes de la dirección del PSOE a este periódico. Lo que permite la nueva redacción del 570 bis de la ley 6/1985 es que si el CGPJ tiene el mandato caducado podrá seguir nombrando a los candidatos de las dos plazas al TC que le corresponden. Con ello, revierte parcialmente la última modificación que impulsó el Ejecutivo en marzo de 2021: justo para forzar la renovación del CGPJ, PSOE y Unidas Podemos impulsaron que, una vez que este entra en funciones, tuviera prohibido hacer nombramientos de la cúpula judicial. Ese cambio, por cierto impugnado por la oposición, es el que ahora ha atado de pies y manos al Ejecutivo para lograr la actualización del TC.

Los socialistas informaron previamente a Unidas Podemos. Al tener carácter orgánico la reforma, necesitará de la mayoría absoluta de las dos Cámaras

Ahora, por tanto, deshace la modificación de marzo de 2021 vía proposición de ley, una alternativa distinta y más rápida. Al ser una reforma lanzada desde un grupo parlamentario, no hacen falta informes de los órganos consultivos, que es lo que sería necesario en caso de que el autor del texto fuera el Gobierno —y entonces hablamos de proyecto de ley—. Además, la intención del PSOE, según apuntaban desde Ferraz y desde la cúpula parlamentaria, es que la tramitación sea urgente y en lectura única (sin posibilidad de introducir enmiendas), así que su cálculo es que pueda ser aprobada en julio. De la iniciativa informaron los socialistas previamente a sus socios de Unidas Podemos. Al tener carácter orgánico, necesitará de mayoría absoluta en Congreso y Senado, lo que exigirá al Ejecutivo negociar con los grupos.

La discusión jurídica

De este modo, se podría dar cumplimiento al artículo 159.3 de la Constitución, que exige que la renovación del TC se haga por tercios. El que toca ahora, correspondiente al cupo de cuatro magistrados cuyo mandato venció el 12 de junio, implica que el Gobierno ha de nombrar a sus dos candidatos y el CGPJ, a los otros dos. Así, se revertiría el signo político del Alto Tribunal: de una mayoría conservadora de siete a cinco se pasaría a una mayoría progresista también de siete a cinco.

Este cambio exprés es la fórmula "más segura" para los socialistas, puesto que la renovación de los dos miembros que tocan al Gobierno podía ser frenada de entrada por el propio TC

La decisión de activar esta vía, la de la reforma legal, se adoptó esta misma semana, tras las elecciones andaluzas, y se ultimó este mismo jueves. Era la fórmula “más segura”, indicaban fuentes de la cúpula parlamentaria a este diario, ya que garantiza que se pueda producir la renovación del TC sin sobresaltos. Y es que la alternativa de un relevo solo de dos magistrados, los nombrados por el Gobierno (sin los señalados por el CGPJ, al tener prohibido hacerlo según la modificación de 2021), era arriesgada y no era aceptada por unanimidad por los expertos, dado que la Carta Magna habla de tercios. El Gobierno, no obstante, había buscado precedentes y jurisprudencia constitucional: el caso de 1980, cuando el Constitucional se formó con diez magistrados, incluidos los dos nombrados por el Ejecutivo, porque no se había conformado aún el primer CGPJ de la democracia, y la sentencia 191/2016, por la que el TC admitía que pudieran renovarse los vocales del Poder Judicial que debe votar una Cámara aunque en la otra haya bloqueo.

Una designación por las bravas, sin esperar al CGPJ, corría el peligro de ser frenada a la primera, ya que el alto tribunal, preceptivamente, tiene que autorizar las nuevas incorporaciones y verificar que se cumplen los requisitos. El TC había advertido ya de que la renovación se debía producir de manera “íntegra”. Además, un seguro recurso de la oposición podría hacer las designaciones acabasen siendo anuladas. Lo que hace el Ejecutivo, en consecuencia, es optar por una alternativa algo más larga pero sin tantos obstáculos.

¿Cuál es ahora el proceso? El PSOE registra este viernes a primera hora la proposición de ley, que la Mesa de la Cámara baja admitirá a trámite el martes próximo, 28 de junio. Los socialistas calculan que podría ser tomada en consideración en el pleno que podría convocarse para la segunda semana de julio (en el que se encajaría el debate del estado de la nación).

Mensaje al PP

Al elegirse el trámite de urgencia y en lectura única, el texto no pasa por ponencia y comisión y se aprobaría en el pleno del Congreso de esa misma semana. De ahí iría al Senado, que podría visar la proposición la siguiente semana, y de ahí, como no habrá cambios, iría al BOE. El Consejo de Ministros podría designar a los nuevos magistrados a finales de julio o primeros de agosto, pero para ello el CGPJ tendría que designar a la vez a sus dos candidatos. En la cúpula del Grupo Socialista se temen que el órgano de gobierno de los jueces pueda articular alguna maniobra dilatoria y dejar pasar el verano para cumplir con el trámite.

El relevo en el TC, cuando se culmine, dejará una mayoría 7-5 a favor de los progresistas. Abandonarán la institución el presidente y el vicepresidente y dos magistrados

De esta renovación, cuando se complete, abandonarían la institución tres magistrados conservadores (el actual presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares) y un progresista (el vicepresidente, Juan Antonio Xiol). Serán reemplazados por tres progresistas y uno conservador, ya que el CGPJ siempre designa a uno de cada orientación.

El Ejecutivo ya había dejado claro en las últimas semanas que no iba a aceptar más demoras por parte del PP, porque ya son más de tres años y medio los que lleva el CGPJ con el mandato vencido (desde diciembre de 2018). El último movimiento de Génova irritó más aún a la Moncloa: el interlocutor designado por Alberto Núñez Feijóo, Esteban González Pons, anunció el pasado 13 de junio que su partido elevaría en un mes su propuesta de ”regeneración” de la Justicia a la par que su idea de renovación del Poder Judicial. Pedro Sánchez ha optado por acelerar el relevo en el TC sin esperar a que el PP se decida. El temor era que la cúpula popular optara por estirar los tiempos, una vez más.