El espionaje del CNI a Aragonès agrava la crisis entre ERC y el Gobierno

Hace justo una semana, cuando el Gobierno salvó por la mínima la convalidación del real decreto ley de medidas para hacer frente a la guerra de Ucrania, en el núcleo duro del presidente anticipaban que la comisión de secretos oficiales, en la que comparecería la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, serviría para aplacar la ira del independentismo, para amansar a ERC, socio imprescindible de legislatura. Pero la estrategia, es evidente, no ha funcionado. La jefa de los servicios de inteligencia pasó este jueves por el Congreso y, tras dar explicaciones a los 10 diputados presentes y mostrarles abundante documentación, dejó más preocupados y con más dudas e inquietud a Unidas Podemos y a los aliados habituales. Pero no solo eso. La crisis ha empeorado ostensiblemente, porque Esteban reconoció que entre los 18 independentistas vigilados por el CNI, todos ellos con autorización judicial, se encontraba el jefe del Govern, Pere Aragonès.

De hecho, la oficina del 'president' lanzó un comunicado [aquí en PDF] en el que señala que la información proporcionada este jueves "aumenta la gravedad del caso de espionaje masivo por parte del Estado español contra las instituciones catalanas y el independentismo" y que se está delante de una "vulneración flagrante del derecho a la intimidad, de participación política e institucional". Aragonès también exige que se desclasifique "inmediatamente" la autorización judicial para conocer las motivaciones y poder ejercer el derecho a la defensa y que haya "todas las explicaciones públicas sobre esta cuestión", y saber quién dio la orden política y quién tenía constancia. Reclama una respuesta "al más alto nivel". Por último, considera "inaplazable" la asunción de responsabilidades. El Govern aprieta para que el Gobierno promueva destituciones inmediatas. Y no le vale con la ya apuntada, la de Paz Esteban. El 'president' ya ha demandado la de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La comparecencia de la jefa de CNI, en la que la Moncloa había puesto sus esperanzas, no basta para calmar los ánimos de ERC ni de Unidas Podemos

Desde la Moncloa, intentaron desligarse de los hechos para no romper los puentes con la Generalitat. "El Gobierno no sabe [el espionaje a Aragonès], ni lo sabía, ni podía saber. Ni debe saberlo. Nosotros no damos orden de espiar a nadie. Es el CNI el que pide la autorización al magistrado del Tribunal Supremo y este se la concede", señalaban fuentes del equipo del presidente, Pedro Sánchez. Los servicios de inteligencia, no obstante, sí reportan posteriormente, a través de informes, al jefe del Ejecutivo y a su Gabinete, según el artículo 1 de la ley que los regula, pero no dan cuenta de actuaciones personalizadas que pasan por la mano de un juez.

"No hay otra"

En el Ejecutivo se muestran confiados en que será posible encontrar una salida a la crisis con ERC, la más honda de toda la legislatura. Pero no anticipan cuál será el mecanismo. El 'president' exige una entrevista con Sánchez, que oficialmente ya el Ejecutivo no descarta, como admitió el pasado martes la portavoz, Isabel Rodríguez. Lo que sí recalca la Moncloa es su "apuesta firme por la vía del diálogo", que no se interrumpe ni se rompe. "Esta vía funciona y con ella se han ido sorteando las dificultades. No hay otra", señalan, sin precisar qué cartas son las que ahora empleará el Gobierno para enderezar una situación que ha metido a Sánchez en una verdadera ratonera.

"Veremos", responden en la Moncloa a la pregunta de si el Gobierno desclasificará documentos. La ley de secretos oficiales permite hacerlo al órgano que declaró una materia reservada o secreta

La desclasificación de documentos, que demandan los independentistas y Unidas Podemos, está sobre la mesa, pero no hay una decisión tomada. "Veremos", responden en la Moncloa a la pregunta de si el Gobierno dará el paso. La ley de secretos oficiales, de 1968 (y reformada en 1978), permite al órgano que declaró una materia reservada o secreta poder anular esa clasificación.

Esa es, por tanto, una llave de la que dispone el Gobierno. Los socialistas siempre subrayan la "transparencia" con la que actúa el Ejecutivo, y de hecho Héctor Gómez, su portavoz en la Cámara baja, tras las casi cuatro horas de reunión de la comisión de secretos, enfatizó que Esteban había sido clara y "contundente" al asegurar que todas las actuaciones del CNI se han movido "en el ámbito estricto de la legalidad".

Pende de un hilo la continuidad de la jefa de los espías, en este caso por el espionaje a Sánchez y Robles, pero la comparecencia de Esteban no abordó este asunto. El Ejecutivo remarca que por ahora se está en la fase de "esclarecer los hechos", para luego tomar las “medidas” necesarias para que no se vuelvan a repetir. En eso “trabaja”, dijo el ministro Félix Bolaños, “todo” el Gobierno. De manera “perfectamente coordinada”, completó Robles. Ambos, que habían hablado la víspera para aclarar “malentendidos”, se afanaron por dejar claro que zanjaban su pulso por la responsabilidad de la seguridad del móvil de Sánchez. 

"Máxima gravedad"

La comparecencia de la directora del CNI, por tanto, lejos de templar los ánimos, los avivó. También en el ala morada del Ejecutivo. "Salimos más preocupados de lo que entramos", aseveró el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, tras la celebración de la comisión. Un día después de que sugiriera a Robles que dimitiera "por su dignidad", el dirigente aseguró que las explicaciones ofrecidas por Esteban refuerzan la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas. Esta vez se contuvo de señalar directamente, aunque dejó claro que se trata de un "un asunto político, no técnico", de "máxima gravedad".

Lo que sí hizo fue abrir una nueva contienda con sus socios. Echenique anunció que ha solicitado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que desclasifiquen toda la información que se puso a disposición de los portavoces en la comisión de secretos para que este asunto no esté "al albur de las filtraciones". Esta petición es compartida también por los socios de investidura del Gobierno y podría servir para rebajar las tensiones. Fuentes cercanas a la dirección de Podemos ven necesario un gesto por parte de los socialistas para reconducir la situación actual.