La denuncia de la Abogacía del Estado sitúa la intromisión en el teléfono de Sánchez el 19 y el 31 de mayo de 2021

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto diligencias por delito de descubrimiento y revelación de secretos para proceder a investigar la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por las intromisiones ilegales sufridas en los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, con Pegasus. Según los Servicios Jurídicos del Estado, el de él fue atacado el 19 y el 31 mayo de 2021, días de gran tensión con Marruecos, mientras que el de ella lo fue en junio de ese mismo año.

En su auto el juez aporta ese dato aún no conocido de la denuncia de la abogacía del Estado, a la que se tiene por personada en representación de los perjudicados. Los informes del Centro Criptológico Nacional, referidos a los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, que la acompañan "ponen respectivamente de manifiesto" que el móvil del primero "fue infectado por Pegasus en 2 ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)".

Sin infección actual

Su móvil, al igual que el de Robles, que "fue infectado en junio de 2021", no presenta actualmente "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus", pero sí se consiguió extraer se extraer información de ellos.

Esas fechas giran el foco hacia Marruecos, porque el primer 'hackeo' a Sánchez se produjo un par de días después de la entrada masiva de 10.000 marroquíes en 48 horas en Ceuta y Melilla, y el segundo, el mismo día en que Rabat equiparaba el problema del Sáhara Occidental con el 'procés' en un comunicado, al que el presidente del Gobierno español respondía calificando de "absolutamente inaceptable" utilizar la migración "por desavenencias y discrepancias en política exterior". De telón de fondo estaba la crisis abierta por la hospitalización en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

El juez, que declara la competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de delitos cometidos contra "la forma de Gobierno y altos organismos de la nación", ha pedido informe al fiscal sobre las diligencias de investigación que considere convenientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado. Fuentes jurídicas han destacado a EL PERIÓDICO la dificultad que entrañan las pesquisas dadas las características intrínsecas del propio espionaje detectado.

Intimidad personal y familiar

El magistrado explica que los hechos que constan en la denuncia de la Abogacía del Estado se enmarcan dentro de los delitos que el Código Penal tipifica como de descubrimiento y revelación de secretos, que se recogen en el título del correspondiente a los “delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”. 

En este sentido, recuerda que estos derechos salvaguardan un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad.

La competencia de la Audiencia Nacional viene determinada de forma “meridianamente clara”, ya que así lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando un delito afecta a "altos organismos de la nación", como son el presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa.

Origen determinante

Con los términos en que está redactada la LOPJ en la mano otros altos cargos espiados, como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no tienen por qué ser competencia de la Audiencia Nacional, al menos no de forma automática. Fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO señalaron que la aplicación de la excepcionalidad de una ley siempre se hace de forma restrictiva, por lo que descartan que ello sirviera de base de la acumulación. Lo que sí será determinante sería la existencia de indicios de que el origen de los espionajes sufridos fuera el mismo.

Esa circunstancia, que supondría la acumulación de las actuaciones en la Audiencia Nacional, ha sido desmentida por el Ejecutivo, que asegura que el ataque a los terminales de Sánchez y Robles y el que ha podido sufrir el independentismo catalán -sólo confirmado por una entidad no oficial, Citizen Labs- "son dos cosas totalmente diferentes", pese a la coincidencia en su descubrimiento o en su difusión, el momento y que en ambos casos se haya usado Pegasus.

De momento las denuncias presentadas hasta ahora en Barcelona por el 'Catalangate' se están acumulando en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que investiga denuncias similares del expresidente del Parlament y 'conseller' de Empresa, Roger Torrent, y del líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall y espera desde hace más de un año información de Israel e Irlanda.

El juez Calama fue el último instructor de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017, que terminó en condena de los dos miembros de la célula terrorista que no murieron en los ataques y de un colaborador, y se ocupa desde que llegó al Juzgado Central de Instrucción número 4, de la quiebra del Banco Popular.