Por qué Ghali, el líder del Frente Polisario, tiene que enfrentarse a la justicia española

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar a Ghali el próximo 1 de junio, tras conocerse que se encontraba hospitalizado en Logroño bajo la identidad de Mohamed Benbatouche. La comparecencia obedece a una querella admitida a trámite el pasado mes de enero contra él y otros líderes del Frente Polisario interpuesta por el activista saharaui con nacionalidad española Fabel Breica, que les acusa de los delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad, porque cuando llegó a los campamentos de Tinduf en abril de 2019 fue supuestamente amenazado por miembros del Frente Polisario para que los abandonara bajo la acusación de traidor.

En cualquier caso no es esta la primera citación en la Audiencia Nacional a la que Ghali se enfrenta. Se le ha llamado siempre que se le situaba en España y se hacía saber esta circunstancia a la Audiencia Nacional. La última vez fue en 2016, cuando se supo que venía a Barcelona a dar una conferencia. En esa ocasión se le intentó interrogar en relación con las diligencias previas abiertas en 2008 por la querella que la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) había presentado contra él por genocidio en concurso con delitos de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones.

El principal problema que presentan los crímenes de genocidio o lesa humanidad es lo difícil que puede resultar llevar ante los tribunales a sus presuntos responsables, porque normalmente se encuentran en un país distinto al que inicia el procedimiento judicial. De ahí, los intentos infructuosos de citación de Ghali. Al margen de ello está la capacidad de la Audiencia Nacional para actuar ante delitos de persecución universal en función de la ley vigente. La última reforma, realizada por el PP, resultó muy restrictiva.

El primer acercamiento de Breica a la justicia española, por ejemplo, para denunciar que en Tinduf fue trasladado a centros de detención indeterminados, donde dice haber recibido golpes, descargas eléctricas y se le mantuvo con los ojos vendados y con los pies y manos atados, fue archivada por el juez José de la Mata, al entender que lo que a él le había sucedido no podía enmarcarse en el ataque generalizado a la población civil que sería necesario para apreciar la competencia de la Audiencia Nacional.

No obstante, cuando De la Mata cambió la Audiencia Nacional por Eurojust -agencia europea de refuerzo de la cooperación judicial penal para luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada- y fue sustituido por Santiago Pedraz, este dio la razón a Breica y admitió la querella. De hecho este mes ha intentado localizar a varios de los otros querellados sin éxito.

Fuentes jurídicas señalaron a este diario que si Ghali llega a estar a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 se le tomará declaración en relación con la querella de Breica, pero también se le informará sobre la de Asadeh, que fue la que dio origen a la apertura de diligencias previas en 2008 y no se admitió a trámite hasta 2012, tras constatarse con las correspondientes comisiones rogatorias libradas a Marruecos y Argelia que no había un procedimiento abierto en esos países por los mismos hechos. El juez Pedraz espera el informe del fiscal para decidir si procede a unir ambas querellas al tratarse de hechos similares.

Las pesquisas a las que dio origen esa primera querella acabaron siendo archivadas en 2014, aunque se reabrieron para volverle a citar en 2016, al saberse que estaría en España. Se han vuelto a reabrir ahora después de que Asadeh facilitara al juzgado la identidad falsa con la que Ghali había viajado en un avión medicalizado a España, en un escrito en el que pedía su detención, informa Europa Press.

En su querella Asadeh y tres particulares responsabilizaban a Ghali y otros 27 líderes del Frente Polisario del trato sufrido en Tindouf "por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, a manos del Frente Polisario". La querella aseguraba que cargos del Polisario retuvieron contra su voluntad a miles de saharauis en los campamentos situados en Argelia. Entre los casos que relataba figura el de una mujer cuyo padre sufrió graves secuelas por las torturas sufridas tras años encarcelado.