Conflicto por la inmersión lingüística

La Generalitat tendrá dos meses para aplicar el 25% de castellano en las aulas

  • El tribunal declara firme la sentencia del Supremo y da 10 días al Govern para responder al requerimiento

La Generalitat tendrá dos meses para aplicar el 25% de castellano en las aulas

JORDI OTIX

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El Periódico

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado firme la sentencia que impone un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas y ha dado un plazo de 10 días a la Generalitat para que empiece a aplicarla. En este plazo, el Govern debe indicar el órgano responsable del cumplimiento del fallo, pero la ley da un margen de dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado para ejecutarlo. De no cumplirse pasados esos dos meses, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.

El Ejecutivo central ha dado a entender que no tiene previsto pedir dicha ejecución forzosa y el hecho de que el procedimiento se iniciase en 2015 con una ley de educación, la LOMCE, distinta a la actual, la LOMLOE, dar margen a la Generalitat para esquivar la aplicación de la sentencia. De hecho, tanto el 'president', Pere Aragonès, como el 'conseller' de Educació, Josep González Cambray, han dejado claro que el Govern no piensa "cambiar nada" en cuanto al catalán en las aulas y que prepara un "despliegue normativo para reafirmar el modelo de escuela catalana".

En su resolución, que puede ser recurrida, la letrada de la sala contenciosa del TSJC decreta la firmeza de la sentencia que el tribunal dictó en diciembre de 2020, una vez el Supremo decidió no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra el fallo.

La sentencia ordena a la Generalitat a garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias de las escuelas de Catalunya, aunque el Govern ya ha anunciado que no va a introducir ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística.

La resolución del TSJC emplaza a la Generalitat a llevar a "puro y debido efecto" la resolución sobre el castellano en las aulas y a poner en práctica "lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo". Además, pide al Govern que, también en ese plazo de 10 días, indique cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la resolución del alto tribunal catalán.

Goteo de peticiones

La sentencia, que ha provocado un goteo de familias que exigen a sus centros educativos más clases en castellano, ordena a la Generalitat a garantizar que esta lengua sea vehicular en un 25% de las materias para todos los alumnos, tras constatar que su uso es "residual" y solo cumplen la ley el 2% de escuelas.

En su fallo, dictado en diciembre de 2020, pero que el Supremo confirmó el pasado mes de noviembre, el TSJC estimaba parcialmente un recurso que el Gobierno del PP presentó en 2015 por la "inactividad" de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza del castellano.

El TSJC llegó a esa conclusión a raíz de la información que el Departament d'Educació le aportó en el marco de este proceso judicial que, según la sentencia, constata que el promedio de horas en castellano es del 18 % en la educación primaria, del 19 % en secundaria y del 26 % en bachillerato.

Sin cambios por ahora

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La Generalitat ha anunciado que no admitirá cambios en el sistema de inmersión lingüística y, es más, incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumple el modelo educativo y se imparten en catalán todas las clases previstas.

También ha asegurado que Educació incrementará el número de docentes en las aulas afectadas por sentencias que obliguen a asegurar el 25% del castellano, como es el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) que hace unas semanas fue el epicentro de una polémica lingüística por el acoso a una familia que había solicitado la escolarización en castellano.