Abogados constitucionalistas exigen a la Generalitat que cumpla la sentencia del 25% en las escuelas

Un grupo de abogados constitucionalistas ha entregado en la mañana de este jueves en la sede del Col.legi d’Advocacia de Barcelona las 2000 firmas que reunidas en apoyo de la Sección de Derecho Constitucional, que criticó en un comunicado la inacción del Gobierno catalán frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Cataluna (TSJC) que obligaba a una escuela de Canet de Mar a impartir el 25% de sus clases en castellano. A través de un manifiesto, este colectivo de juristas reclama la Generalitat que cumpla con la sentencia en las escuelas catalanas y "facilite el ajuste del sistema educativo a la legalidad y no obligue a judicializar este tema", advirtiendo de que si no lo haces "los abogados seremos lo que tendremos que solicitar la ejecución" del fallo judicial "en nombre de las familias y asociaciones afectadas".

La polémica por el comunicado de la Sección de Derecho Constitucional no amaina. Todo lo contrario, se recrudece. Esta mañana medio centenar de abogados se concentraron en las puertas del Col.legi de l’Advocacia de Barcelona para mostrar el apoyo a sus miembros que calificaron la actitud adoptada por las autoridades catalanas respecto a la escuela de Canet de Mar de “extrema gravedad”, al “atentar de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho”. La comisión sostiene que estos hechos afectan "a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de ley orgánica".

"Acoso y derribo"

La abogada Sonia Reina, vocal de la Sección de Derecho Constitucional y miembros de Ciudadanos, ha denunciado en conversación con EL PERIÓDICO que los miembros de esta comisión están siendo “objeto de señalamiento, acoso y derribo por parte del separatismo, que pretende silenciar la voz de los que defendemos el Estado de Derecho y, por lo tanto, la democracia”

El comunicado y el silencio de la junta del gobierno del Col.legi de l’Advocacia de Barcelona (este órgano colegial considera que las comisiones son autónomas para expresar su opinión y ellos velan por garantizar la “neutralidad política” de la entidad) ha movilizado también a grupos de abogados independentista que se han apresurado también a recoger firmas para emplazar la cúpula de la institución colegial a que se pronuncie. De entrada, este colectivo ha remitido un correo electrónico a la sede colegial. Hasta el momento, han recopilado 550 rúbricas, según uno de los propulsores de esta iniciativa, el abogado Lluís Mestres.