Acuerdo entre partidos para aprobar la nueva ley antidesahucios

Junts exigía compensar a los propietarios, definir de forma más acotada qué se considera gran tenedor de vivienda y reducir las condiciones y plazos para acceder al alquiler social obligatorio. En todo ello se han limado diferencias y a partir de ahora los promotores políticos del acuerdo esperan votarlo en el Parlament "cuanto antes". "Nadie ha hecho grandes renuncias ideológicas", afirma uno de los diputados de izquierdas implicado en las conversaciones, no exentas de alta tensión incluso entre socios del Govern. "Lo que se ha pactado no tiene que ver con lo que reclamaba Junts", asegura otro parlamentario progresista. La incògnita ahora es si el PSC, que no estuvo de acuerdo con la ley de limitación de los precios del alquiler pero sí ha apoyado otras iniciativas sociales en relación a la vivienda, acabará uniéndose al grupo de partidos que disponen ya de mayoría para aprobar la ley. "Mantenemos nuestras enmiendas pero el último texto redactado entre los grupos que proponen la ley se acerca mucho a algunas de nuestras enmiendas", afirman los socialistas en tono conciliador.

En cuanto al cuándo, los plazos del Parlament nunca son definitivos y tienden a alargarse, pero al disponer el equipo de la ponencia de un texto acordado, en febrero se podrá ya reunir la comisión parlamentaria para votar las enmiendas que sigan presentando grupos contrarios a la ley. Tras ello será el pleno de la Cámara el que avale definitivamente este nuevo intento de blindar alternativas a los desahucios.

Mas de tres mil familias 'colgadas'

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Aprobar la nueva nueva ley antidesahucios requiere de cierta urgencia porque, como afirma Junts, existen como mínimo 3.200 familias que quedaron colgadas porque tenían asignada una vivienda en base al decreto, pero el fallo del TC dio al traste con este procedimiento.

El TC, por motivos de forma

A finales de enero de 2021, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda impulsado en 2019 por la Generalitat, que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupasen ilegalmente una vivienda. Los magistrados justificaban su decisión en que el Ejecutivo catalán debería haber utilizado una ley en lugar de un decreto para formular la norma. La sentencia se produjo a raíz de un recurso del PP, que impugnó el decreto ley al considerar que vulneraba el derecho a la propiedad privada y no respetaba un derecho fundamental que se aplica en toda España.