Congreso de los Diputados

PSOE-PP, ¿el pacto imposible?

Casado ha votado a favor de la mitad de los proyectos de ley del Gobierno y de la mitad de sus decretos leyes, pero no ha apoyado los temas más políticos o mediáticos

Encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en 2019

Encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en 2019 / JOSÉ LUIS ROCA

Miriam Ruiz Castro

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Poco tiempo después de estrenarse como ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el hombre con fama de buen negociador, sacaba pecho de haber alumbrado el primer gran pacto de la legislatura con el principal partido de la oposición: “Es bueno que las grandes formaciones políticas alcancen acuerdos para fortalecer instituciones democráticas”, señaló tras acordar la renovación de tres órganos constitucionales y de la Agencia de Protección de Datos. Fue la excepción a una legislatura de desencuentros, frases gruesas y nombramientos imposibles: ni la crisis migratoria de Ceuta, ni Afganistán, ni siquiera la pandemia lograban poner de acuerdo a los dos grandes partidos.

Sin embargo, los números que dejan las votaciones en el Congreso de los Diputados apuntan en otro sentido. La mitad de decretos leyes que ha llevado el Gobierno a la Cámara baja se han convalidado con el voto a favor de los populares, 33 de 66; en 16 de ellos se abstuvieron y solo en 17 votaron en contra, según los datos recopilados por EL PERIÓDICO. Tras la investidura de Sánchez en 2020, la revalorización de las pensiones y la subida del sueldo de los funcionarios contó con el apoyo del PP, que se abstuvo en uno de los grandes proyectos del Gobierno: la derogación del despido procedente por bajas médicas.

'No' a los decretos estrella

Después estalló la pandemia, con una veintena de decretos y un estado de alarma que empezó contando con el apoyo unánime de la Cámara y fue perdiendo votos prórroga tras prórroga. El partido de Pablo Casado votó a favor las tres primeras, cambió después a la abstención y acabó votando dos veces en contra. También eligió la "abstención técnica" cuando a finales de año Sánchez llevó una nueva prórroga, esta vez de seis meses, a un nuevo estado de alarma.

Los dos principales partidos no logran ponerse de acuerdo en temas de Estado, ni siquiera en renovaciones institucionales que se pactaban en tiempos de bipartidismo

Pese a lo que dicen los números, lo cierto es que el PP sí se ha opuesto a muchos de los decretos estrella del Gobierno. El Ingreso Mínimo Vital, el escudo social o la ley del teletrabajo han contado con el apoyo de los de Casado, pero no la ‘ley rider’, la reforma del impuesto de plusvalía o los tres decretos con los que el Gobierno pretende hacer frente a la subida del precio de la luz. De hecho, el Ingreso Mínimo Vital volvió al Congreso tras las enmiendas del Senado para tramitarse como proyecto de ley, y recibió su luz verde definitiva con el voto en contra de los populares.

Proyectos de ley

En cuanto a los proyectos de ley que el Ejecutivo ha llevado a la Cámara, el principal partido de la oposición ha votado a favor de 10 de los 20, mientras que ha votado en contra de solo seis. Entre las abstenciones, la Ley climática, la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la del Acceso a la Abogacía y la Procuraduría y la de residuos. La ley de la Infancia, conocida como ‘Ley Rhodes’, o la que suprime la incapacitación de personas con discapacidad contaron con el voto a favor del PP, mientras que las que incluían la ‘tasa tobin’ o la ‘tasa google’, la Formación Profesional y la nueva ley de Educación se encontraron de frente con la oposición de la bancada popular.

La educación es una buena prueba de que ponerse de acuerdo ha sido históricamente tarea difícil: ninguna de las leyes educativas ha contado con el respaldo de PP y PSOE, sino que éstas han ido cambiando conforme lo hacía el inquilino de La Moncloa. También es un clásico en la vida parlamentaria que el principal partido de la oposición vote en contra de la aprobación de los presupuestos.

El PP solo ha votado en contra de 17 de los 66 decretos leyes del Gobierno y de 6 de sus 20 proyectos de ley

Asuntos de Estado

En tiempos de bipartidismo sí hubo acuerdos. Como el de Zapatero y Mariano Rajoy para reformar el artículo 135 de la Constitución en el último verano del socialista en la Moncloa. O la posición común frente al trascendental Consejo Europeo de 2013 que fijaron Alfredo Pérez Rubalcaba y el presidente Rajoy. O el apoyo de Rubalcaba para la abdicación del Rey Juan Carlos en su hijo Felipe, acallando incluso el debate que se gestaba en su propio partido. Entre medias, pactar repartos de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional no había sido un problema... hasta ahora.

En febrero de 2021 hubo intentos de deshielo con la renovación del Consejo de Administración de RTVE y los dos partidos se emplazaron a renovar el Consejo General del Poder Judicial en “unos días”. Casi un año después, la renovación del CGPJ sigue atascada. Y no es la única novedad de la relación PSOE-PP de la era Sánchez-Casado. La realidad es que no han logrado ponerse de acuerdo ni en los principales temas de Estado. La crisis migratoria de Ceuta dio lugar a uno de los debates más broncos entre los dos líderes en el Congreso. Después de que los talibanes tomaran Kabul, la capital Afgana, el PP inició una ofensiva para exigir que Sánchez compareciera, mientras que el PSOE les reclamaba “sentido de estado”. Solo la monarquía parece poner de acuerdo a los dos partidos, que asumen que tendrán que ir de la mano para cualquier iniciativa relacionada con la Corona.

Catalunya, otro punto de desencuentro

El conflicto catalán, que golpeó con fuerza cuando poco quedaba de bipartidismo, también contó sin embargo con el cierre de filas de los dos partidos mayoritarios. Pedro Sánchez pactó con Rajoy la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "A Rajoy y a mí nos unió Catalunya", llegó a decir el ahora presidente del Gobierno. Sin embargo, lejos queda cualquier tipo de acuerdo entre Casado y Sánchez sobre Catalunya: los indultos a los presos condenados por el procés, la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el Govern o el reciente pacto para los presupuestos han sido algunos de los principales puntos de confrontación. Casado incluso ha llegado incluso a pedir al presidente del Gobierno un “155 lingüístico” para asegurar que la Generalitat acate la sentencia que le obliga a garantizar el 25% de las clases en castellano.

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