Sánchez y Casado sellan la renovación institucional a la espera del Poder Judicial

Después de tres años sin diálogo institucional, Pedro Sánchez y Pablo Casado cerraron este jueves su primer gran pacto. El compromiso alcanzado entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, afecta a la renovación de tres órganos constitucionales y la Agencia de Protección de Datos. Al margen ha quedado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el Ejecutivo espera poder cambiar también "en las próximas semanas".

El primer nombre conocido por la mañana fue el del socialista Ángel Gabilondo, que asumirá el cargo de Defensor del Pueblo. Su adjunta será la ahora diputada del PP Teresa Jiménez Becerril.

En el Tribunal Constitucional, el PSOE ha propuesto a Inmaculada Montalbán y a Juan Ramón Sáez Valcárcel; y el PP, a Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Es la primera vez en 40 años que los populares han seleccionado a una mujer para esa función. [Aquí puede leer los perfiles de los cuatro]. En el Tribunal de Cuentas, los dos partidos han acordado también los 12 nombres y, para la autoridad pública encargada de velar por la privacidad de datos de los españoles, han escogido a Belén Cardona Rubert, al que ha postulado el PSOE. Su adjunto será Borja Adsuara, nombre dado por el PP.

Unidas Podemos reivindica que ha propuesto a Sáez Valcárcel para el Constitucional y a Ortiz de Mendivil para el Tribunal de Cuentas

Menos en el caso de la Agencia, en los otros tres es necesario que lo aprueben al menos 210 diputados del Congreso, de ahí que, por la distribución parlamentaria actual, sea obligatorio el acuerdo entre los dos principales partidos.

Años de reproches

Las negociaciones se reactivaron el miércoles de la semana pasada y han llegado a su final mucho antes de lo que, después de años de agrias declaraciones y duros reproches, podía sospecharse. Ahora, esos nombres inician un largo proceso, sobre todo los del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo, que deben ser confirmados en sendos plenos en el Congreso y el Senado que se celebrarán, en principio, la semana del 8 de noviembre. En el caso de la Agencia de Protección de Datos, el nombramiento lo hace la comisión de justicia.

El Poder Judicial ha quedado para una segunda fase de negociaciones, que el PSOE quiere que se culmine cuanto antes. Ambas partes, según coinciden fuentes de los equipos negociadores, están buscando la fórmula que permita renovar cuanto antes los 20 vocales del CGPJ. Ninguno quiere aparentar que cede más que el otro. El PP llega con la exigencia de un compromiso por parte del Gobierno de que se va a modificar la ley orgánica que regula el Poder Judicial para que 12 de los vocales sean elegidos directamente por los jueces. El PSOE se abre "a debatir un nuevo marco legislativo" para ver si hay que "modernizar" la ley orgánica, sin que eso acabe en un un cambio radical en el modelo de nombramiento. 

"Es bueno normalizar el clima político en España", declaró Bolaños, que confía en que este pacto suponga un antes y un después en la legislatura

El ministro Bolaños, en una entrevista en la Ser tras conocerse el pacto, señaló que el Gobierno tiene "plena disposición al acuerdo" y que su idea es avanzar "discretamente" y se exploren "distintas alternativas para buscar un punto de equilibrio". Confía en que el paco se pueda extender al CGPJ "en las próximas semanas". La renovación de vocales que toca ahora debería hacerse, en todo caso, con la ley de 1985 porque el proceso ya se ha iniciado. El siguiente sistema que se pueda pactar afectaría al cambio que haya que hacer en 2026.

"Es bueno normalizar el clima político en España. Es bueno que las grandes formaciones políticas alcancen acuerdos para fortalecer instituciones democráticas", declaró Bolaños, que confía en que este paso dado por el Ejecutivo y el PP suponga un antes y un después en la legislatura.

La participación de Podemos

Según la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, en el pacto no ha tenido nada que ver Unidas Podemos, miembro del Ejecutivo de coalición. Sin embargo, los morados se apresuraron a reivindicar el nombre de Juan Ramón Sáez Valcárcel en el Constitucional y a Luis Antonio Ortiz de Mendivil en el Tribunal de Cuentas. Este último fue abogado de una de las empleadas de Unidas Podemos que declaró como imputada en el 'caso Neurona', sobre la presunta financiación irregular del partido.

El socialista Gabilondo será el nuevo Defensor y la conservadora Jiménez Becerril, su adjunta

Sánchez y Casado han inaugurado una etapa de comunicación, tras años de una mala relación que no mejoró ni por la pandemia del covid-19 ni por las crisis en Ceuta y Afganistán. Sin embargo, esta semana se ha podido comprobar una dinámica diferente, por ejemplo, en el Congreso el miércoles. Pese a empezar la sesión con la noticia de que Arnaldo Otegi había relacionado la excarcelación de presos etarras con la aprobación de los Presupuestos, Casado no elevó el tono hasta niveles conocidos estos tiempos atrás. Tampoco lo hizo Sánchez. Las negociaciones estaban maduras y (esta vez) había que blindarlas de los rifirrafes políticos del día a día.

La activación del diálogo institucional llega con los dos dirigentes en un mínimo punto de inflexión de sus liderazgos. Por un lado, el presidente dedicó buena parte de su congreso federal a reivindicar la socialdemocracia y ha mandado mensajes de moderación en los últimos meses (con los cambios en el Consejo de Ministros y los portavoces en el Congreso y el Senado, entre otros). Por otro, el líder del PP considera que, superada su convención nacional y con un panorama electoral más o menos despejado, debe empezar a dejar el 'no a todo' y así poder rechazar con hechos la etiqueta de "antisistema" que los socialistas le han colgado por no cumplir la Constitución, que obliga a renovar. Ahora solo falta que ambas partes logren cerrar también el Poder Judicial, que en diciembre hará tres años que está caducado.