Ingresa en prisión el primero de los condenados por el asalto a Blanquerna

Iñigo Pérez de Herrasti se ha convertido en el primero de los condenados por el asalto al centro cultural Blanquerna, que se produjo en Madrid, el 11 de septiembre de 2013, que ingresa en prisión. En la mañana de este miércoles ha entrado en el centro penitenciario Madrid VI, la cárcel de Aranjuez, donde, según confirman fuentes penitenciarias, ha sido alojado en un módulo anejo a la enfermería para pasar una cuarentena anticovid de 14 días. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidirá si al final de esta cuarentena continúa cumpliendo su pena en esa prisión o es trasladado a otra, en función de sus necesidades de seguridad.

Está previsto que en los próximos días ingrese también en la cárcel el resto de emplazados por la Audiencia Provincial de Madrid a mediados de noviembre a cumplir la pena impuesta de dos años y siete meses de prisión que se impuso a 12 de los condenados por el asalto. El requerimiento de la Audiencia se produjo una vez que se descartó que la sentencia del Supremo fuera a ser revisada por el Tribunal Constitucional, porque rechazó sin siquiera admitir a trámite sus segundos recursos de amparo.

El requerimiento de ingreso en prisión se ha producido de forma simultánea a la solicitud de indulto que han planteado ocho de los condenados, medida de gracia a la que el Tribunal Supremo ha informado de forma desfavorable, aunque la última palabra la tiene el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Justicia. De los 14 condenados por el asalto, uno está en busca y captura y otro ya cumplía su pena en el centro de inserción social madrileño Victoria Kent.

Desórdenes públicos

Es el Supremo quien informa al Ministerio de Justicia sobre la petición de indulto, porque fue quien impuso la última condena: penas de entre 2 años y 7 meses y 2 años y 9 meses de prisión por un delito de desórdenes públicos en concurso ideal con un delito contra el derecho de reunión. Esa resolución cumplía la del Constitucional que en enero de 2020 dio la razón en parte a varios de los condenados contra un primer fallo del Supremo, al que obligó a retirar la agravante de discriminación ideológica y el subtipo agravado del delito de daños en bienes de uso público, con los que se elevó hasta los cuatro años de prisión la condena originalmente impuesta por la Audiencia madrileña, consistente en penas de entre 6 y 8 meses de prisión por desórdenes, con la atenuante de reparación del daño.

La pena definitiva se situó así en 2 años y 7 meses de prisión para 12 de los acusados. Juan Luis López García fue condenado a 2 años y 9 meses de prisión, por haber tenido un papel protagonista en los hechos, yJesús Fernando Fernández Gil, a 2 años y 8 meses, por ser quien encabezó la acción ilícita.