La CUP busca que la oficina que fiscalice a los Mossos pueda sancionar a los agentes

¿Cómo puede crearse?

La CUP considera que la oficina debe nacer de un acuerdo entre fuerzas políticas con representación en el hemiciclo catalán y actuar sin ataduras al Govern. Eso es, que las conclusiones de la comisión sobre modelo policial allanen el camino para legislar la creación de esta que, a su juicio, debe funcionar como el Consell de l’Audiovisual de Catalunya o l’Oficina Antifrau, aunque en algunos países esta tarea la asume el Defensor del Pueblo. Sobre papel, deben legislar sus objetivos, atribuciones, competencias, recursos, régimen sancionador, plazos de resolución y transparencia, subraya Pellicer. 

¿Quién podría integrarla?

La propuesta pasa por perfiles técnicos, con la participación de expertos en derecho y personalidades destacadas en la defensa de los derechos humanos. También se propone que incluya a conocedores de los protocolos internacionales y que haya varias sedes para cubrir los diferentes territorios catalanes. El diputado de la CUP opina que los candidatos deben someterse a un proceso de selección “abierto y transparente”. De entrada, descarta que deba contar con policías, estén o no retirados, “por incompatibilidades”.

¿Cuáles serían sus funciones?

Los ‘cupaires’ defienden que esta oficina debe tener capacidad para actuar de oficio, siendo accesible también para cualquier persona que quiera que se investigue cualquier actuación policial, garantizando su anonimato y sin tener que denunciar antes a los Mossos d’Esquadra. La clave está en que la CUP intentará que este organismo tenga los poderes garantizados para acceder a la información de la que disponen los Mossos y, en el caso de que no se facilite, “se sancione por dificultar dicha investigación”. Así, intentarán que pueda emitir recomendaciones vinculantes, entre ellas, sanciones y medidas de reparación, aunque no podría imponer penas de prisión ni de inhabilitación porque esto queda en manos de la Justicia. 

Actualmente es la división de asuntos internos que depende directamente del director de la policía, un cargo político, quien se encarga de la fiscalización, más allá del mecanismo judicial. Pellicer puntualiza que, en todo caso, la oficina debe ser paralela: “No es una propuesta para eliminar las otras, sino para complementarlas”.  

¿Y si se presentan sanciones contradictorias?

Pellicer defiende que el organismo externo debe quedar jerárquicamente por encima de la división de asuntos internos. Esto quiere decir que, ante la posibilidad de que haya resoluciones de sanción distintas, “la oficina debe priorizarse su decisión, al ser elegida por el Parlament, con participación ciudadana y con el aval de una ley con capacidad y prestigio que no tiene un órgano interno”. Recuerda que hay casos que se cierran por parte de asuntos internos y se abre investigación judicial, y viceversa. Asimismo, si hay indicios de delito, la oficina debe poder recurrir directamente a la Justicia, inquiere. 

¿Cómo debe rendir cuentas y de qué fondos debe disponer? 

Siguiendo las recomendaciones de Amnistía Internacional, la CUP opina que el mecanismo externo debe rendir cuentas ante el legislativo y emitir informes periódicos sobre su actuación, que incluyan información sobre el resultado de los casos y auditorías económicas. Los fondos deberán pactarse en los presupuestos “dimensionándolos” de acuerdo a la magnitud de los casos que se calcule que atenderán, opina Pellicer.