El Govern insiste en la CUP pese al veto a los presupuestos y mantiene a PSC y 'comuns' en la recámara

El plan b era porfiar en el plan a. O eso, o es que todavía no es el momento, para el Govern de activar la alternativa a la CUP para aprobar los presupuestos, que pasa por los 'comuns' y el PSC. La posición expresada por una exigua militancia anticapitalista, presentar una enmienda a la totalidad y, al mismo tiempo, negociar hasta el último minuto, no ha hecho variar un ápice la apuesta del Executiu, que mantiene, al menos en estas primeras horas tras el anuncio cupero, el diálogo con la CUP como la única posición posible. Eso sí, mantiene a los socios alternativos en la recámara a la espera de que los anticapitalistas concreten sus demandas, tal y como les reclamó el propio 'president Pere Aragonès, y el titular de Economia, Jaume Giró, en una reunión este martes por la tarde.

El Govern confía en que, una vez superado el trámite asambleario, la semana que queda por delante permita un acercamiento. Fuentes republicanas señalan que los anticapitalistas emitieron señales "conciliadoras" a lo largo de todo el día, también en la reunión vespertina del Palau de la Generalitat.

Las urnas internas de la CUP constataron que las bases comparten el descontento de la dirección con el cumplimiento del acuerdo de investidura y reafirmaron la falta de incentivos para apoyar hoy por hoy las cuentas. Los 462 'cupaires' que votaron -lejos de los 1.401 que se pronunciaron sobre el acuerdo de investidura- decidieron con un 63% que el partido presente la enmienda a la totalidad, sin que esto suponga interrumpir las negociaciones, un extremo que comparte un 68% de los simpatizantes. Hasta un 95% valora que lo que hay sobre la mesa es insuficiente para votar a favor de las cifras actuales. Se trata, pues, de un aviso contundente al Executiu: si no hay más cesiones, los nueve diputados cuperos no darán su plácet a las cifras.

En manos de órganos internos

De hecho, Aragonès y Giró reclamaron a la CUP que concrete sus demandas. La diputada Eulàlia Reguant se limitó a dejar el orden de prioridades en manos de los órganos internos y justificó que su partido lance una "triple enmienda": a la relación entre el Govern y el Estado, a las "políticas sociales y el modelo sociovergente"; y a unos presupuestos "continuistas". Así, cargó contra "la normalización de la relación con el PSOE, y contra el estancamiento para detener la represión", al tiempo que afeó a la Generalitat que no se esté "trabajando para generar las condiciones" para celebrar otro referéndum. Curioso el uso como arma arrojadiza del término 'sociovergente'. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, vino a decir en rueda de prensa que nada abre más la puerta a esa entente político-económica que el veto anticapitalista.

"Es una triple enmienda: a la normalización de la relación del Govern con el Estado y el PSOE; a las políticas sociales de un modelo 'sociovergente', y a unos presupuestos que son continuistas"

— Eulàlia Reguant. Diputada de la CUP.

La CUP se emplaza a negociar a fondo y exigirá avances en materia de vivienda -el pacto fija 749 millones de euros y no los 1.000 prometidos para la investidura-, en sanidad -el 25% para la atención primaria y no el 17%- e impuestos -con el fin de que los tramos más altos del IPRF paguen más y se incremente el impuesto en patrimonio-. Asimismo, fuentes del partido apuntan que esperan gestos del Govern en cuanto a la hoja de ruta independentista. Todavía hay margen hasta el 22 de noviembre para recular y no presentar la enmienda a la totalidad si el Govern mejora la oferta. En este caso, la dirección deberá volver a llamar a las bases, aunque en esta ocasión la decisión se tomará en la Coordinadora Abierta Parlamentaria, el órgano interno formado por las 11 organizaciones de la candidatura y las asambleas territoriales, sin llamar a toda la militancia a las urnas.

A nivel oficial y público, el pacto presupuestario con la CUP es el mínimo común entre los dos socios, ERC y Junts. Salirse de ese marco acarrearía, además, una nueva fisura en el Executiu por la elección del nuevo socio. De hecho, ambas fuerzas y sus grupos parlamentarios, con la cúpula del Executiu e, incluso, Laura Borràs, se reunieron poco después de hacerse público el veto para acordar los siguientes pasos. Entre bambalinas, sin embargo, los posconvergentes vierten agrias palabras sobre los anticapitalistas y señalan que no caben ya más cesiones. Y ya, de paso, culpan a ERC de la situación actual y que son los republicanos los que deben de responder por el pacto firmado con los 'cupaires'. 

Socios cruzados

Los republicanos no verían con malos ojos, llegado el caso, negociar con los 'comuns', algo a lo que Junts se opone. Además, a diferencia de otros años, ERC no da, de momento apoyo a los presupuestos municipales de Ada Colau. Es decir, se podría articular fácilmente un 'quid pro quo'.

La prioridad de Junts, por su parte, serían los socialistas. En su intento por retornar al centro ideológico y político, calculan que aquellos proyectos por los que ellos abogan, ante la tibieza republicana, sí saldrían adelante con ellos, como el caso del Hard Rock y los JJOO. Es, además, la forma más directa de debilitar, mediante el fortalecimiento del principal enemigo en las próximas municipales, a ERC. Algo parecido a 'el enemigo de mi enemigo es mi amigo'.

Y los republicanos siguen sin querer ver ni en pintura al PSC. Por no debilitar su posición negociadora en Madrid (aquí el 'quid pro quo' les jugaría en contra); porque el PSC es su rival a batir y no quieren darle alas y porque, a diferencia de los 'comuns', incluibles en la mayoría parlamentaria por la autodeterminación, un pacto con el PSC dinamitarían los bloques que estableció el 'procés'.

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