Obras de Sijena
Un juzgado de Huesca juzgará a Vila y Puig por desobediencia tras las navidades
Ambos se enfrentan a una petición fiscal de 11 meses de prisión por negarse a entregar los bienes cuando estaban en el Govern
Puig, huido de la justicia por el 'procés', puede ser juzgado en rebeldía al solicitarse menos de dos años de pena para él
El Periódico
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El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca será el encargado de juzgar a los 'exconsellers' de Cultura Santi Vila y Lluís Puig por desobediencia a la autoridad judicial al negarse a entregar los bienes del monasterio de Sijena, cuando estaban al frente de su departamento. Fuentes jurídicas señalaron a Efe que el juicio contra ambos podría celebrarse después de las fiestas navideñas.
La causa contra Vila -al que la acusación que ejerce el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena imputa también un delito de usurpación de funciones- y Puig tiene su origen en la decisión de ambos de no cumplir con la orden de ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca que ordenó la devolución de diversas piezas del tesoro histórico-artístico del monasterio.
Contra las leyes del país
Vila respondió en un escrito a la orden de ejecución que no podía ir contra las leyes de su propio país, mientras que Puig dilató en el tiempo la petición alegando que necesitaba más tiempo para estudiar la reclamación. Vila ya fue condenado por desobediencia por el Tribunal Supremo en el juicio del 'procés' a pagar una multa de 60.000 euros y a un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial. Puig se encuentra huido y está declarado en rebeldía, pero puede ser juzgado en Huesca, porque en España se puede hacer en ausencia siempre que la pena que se solicita para el acusado no supere los dos años de cárcel.
El ministerio fiscal solicita para cada uno de ellos 11 meses de prisión y multa de 18 meses diarios durante once meses, petición de multa que la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena eleva, además de la misma condena a cárcel, a 300 euros diarios durante 11 meses y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además, para Santi Vila, la acusación particular reclama una condena añadida de 11 meses de prisión y de 300 euros diarios durante 7 meses por el delito de usurpación de funciones judiciales.
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