La justicia italiana suspende 'sine die' el procedimiento de entrega de Puigdemont

El Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) ha dejado en suspenso el procedimiento que abrió tras el arresto del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para decidir si lo entregaba a España. Los jueces de Cerdeña han optado por esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tras la negativa de Bélgica a entregar al 'exconseller' Lluís Puig. La justicia italiana entiende que en todos los estados miembros se mantiene la inmunidad que corresponde a los europarlamentarios, mientras se resuelve la consulta cursada a Europa.

El 'expresident' tiene también recurrido ante el TJUE el levantamiento de su inmunidad por el Parlamento Europeo, a consecuencia del suplicatorio que cursó Llarena para juzgarle por sedición y malversación. El pasado viernes volvió a solicitar al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que le mantenga la protección mientras se resuelve el fondo del asunto, como este mismo tribunal le había propuesto en julio al rechazar su pretensión porque entendía que no había peligro de arresto, ya que las euroórdenes estaban suspendidas, como había defendido ante él la Abogacía del Estado.

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Ahora, con la decisión de la justicia italiana en la mano, resultaría innecesario que el TGUE se pronunciase de nuevo sobre las medidas cautelares, porque difícilmente otro país procederá a arrestar a Puigdemont aunque le salte una alerta con la orden de detención europea cursada por España. De hecho, aunque Italia se sume a la lista esgrimida por la defensa de países que no han accedido a la entrega a España, será difícil que algún día se tenga que pronunciar sobre el fondo de la reclamación española.

Aunque la UE dé la razón a España, será difícil que la justicia italiana se pronuncie en algún momento al residir en Bélgica el líder de Junts

El sistema judicial italiano prevé el sobreseimiento y archivo de las actuaciones si el reclamado no se encuentra a disposición de sus tribunales. De ahí que, en el caso de que el TJUE acabara dando la razón a España, difícilmente el tribunal de Sassari tendría que pronunciarse sobre Puigdemont, al tener este fijada la residencia en Waterloo, y no en Cerdeña. Es lo que pasó con la 'exconsellera' Clara Ponsatí, a quien la justicia escocesa no es que diera la razón, sino que optó archivar el procedimiento contra ella porque residía en Bélgica, y no en el Reino Unido.

Apoyo sardo

Tanto ella como el 'exconseller' Toni Comín fueron los primeros en abrazar y felicitar a Puigdemont, a su salida del juzgado. Manifestantes sardos y delegaciones de Junts, ERC y la CUP, que ya le habían arropado a su llegada, le recibieron con gritos de "libertad" e "independencia". Para entonces, el 'expresident' ya sabía que el tribunal, presidido por el magistrado Salvatore Marinaro y compuesto también por los jueces Plinia Azzena y Maria Teresa Lupinu, había decidido dejar en suspenso el procedimiento de entrega y considerar que la inmunidad de la que goza como europarlamentario sigue en vigor.

El tribunal había hecho suyo el criterio expuesto por la fiscal Gabriella Pintus durante la vista, al que se adhirió su defensa, ejercida por Agostinangelo Marras y Gonzalo Boye. "Consideramos que hemos obtenido un resultado absolutamente positivo, pues el tribunal aceptó las conclusiones presentadas por la fiscal y por mí. Aquí se discute sobre la legitimidad del juez a emitir esta medida", declaró Marras a los medios. Boye acudió a su red social favorita para mostrar su satisfacción con una única palabra: "Giustizia". En rueda de prensa, Puigdemont lanzó un contundente "basta" a España, reclamando al Gobierno y al Poder Judicial "autocrítica" por lo que describió como una persecución que "no conseguirá ninguno de sus objetivos".

Difícil entrega

La decisión del tribunal era la esperable una vez que se supo que la fiscalía italiana pedía la suspensión del procedimiento. El ministerio público representa en este tipo de vistas al país reclamante, en este caso, España, por lo que resultaba muy significativo el criterio fiscal. Ello se sumaba a la comunicación que la policía italiana efectuó el pasado sábado a la española en el que se comunicaba que no se procedería al arresto de Comín y Ponsatí, también reclamados por el Supremo, si viajaban a Cerdeña.

Fuentes jurídicas señalaron a este diario que ese tipo de decisiones, transmitidas a través de la red de cooperación policial europea Sirene, no la toman los cuerpos policiales, por lo que implicaba que la justicia italiana no iba a respaldar la entrega de los reclamados, motivo por el que no se debía proceder al arresto. Pese a ello, el juez Llarena, tras tener conocimiento de que Comín y Ponsatí se encontraban en la isla, ha procedido este mismo lunes a advertir a la justicia italiana que las euroórdenes cursadas contra ambos están vigentes.

La diputada italiana Romina Mura, del progresista Partido Democrático, consideró la decisión del tribunal de Sassari "un gran alivio". "Permanece abierto el debate sobre los derechos y garantías de las minorías de la Unión Europea", añadió para vincularlo con las reivindicaciones nacionalistas de los sardos.