Ante el Tribunal de Cuentas

El Govern blinda los avales del ICF con la abstención de PSC y 'comuns'

  • El Consell de Garanties Estatutàries da el visto bueno al decreto por unanimidad, pero recomienda acotar el papel del órgano avalador

El ’conseller’ de Economia i Hisenda, Jaume Giró.

El ’conseller’ de Economia i Hisenda, Jaume Giró. / ACN / GUILLEM ROSET

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad de Cs, PP, Vox y CUP

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Fidel Masreal
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El Govern respira más tranquilo después del aval del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) al decreto por el que se creó el fondo dotado con 10 millones de euros para cubrir las fianzas de 29 exaltos cargos de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas. El órgano consultor resolvió por unanimidad -a petición del PSC, Cs y el PPC- que el texto se ajusta a la Constitución y al Estatut, pero sugirió una serie de mejoras al Ejecutivo para “disipar” dudas que se contemplarán en la tramitación como proyecto de ley. Entre ellas, animó a acotar la provisionalidad del uso del Institut Català de Finances (ICF) como avalador, precisando que es una herramienta “excepcional y muy limitada en el tiempo” mientras encuentra un banco dispuesto a participar en la operación.

El Tribunal de Cuentas todavía no ha decidido si acepta los avales acogidos al ICF. Ante el cuestionamiento que genera que sea la administración perjudicada –la Generalitat- la que salga al rescate de los que presuntamente incurrieron en las posibles responsabilidades contables, pidió un informe a la Abogacía del Estado para conocer su opinión que, aunque no es vinculante, puede acabar determinando su suficiencia y legalidad. Paralelamente, la fiscalía ya ha abierto una investigación, tras aceptar la denuncia de Cs, para determinar si la cúpula del ICF incurrió en algún delito al firmar los avales.

La logística ideada por la Generalitat pasa por encontrar una entidad bancaria que actúe como avalador –en su ausencia, el ICF- y que permita al Ejecutivo ejercer como contraaval a partir del fondo de 10 millones de euros. Ahora bien, cuando haya una sentencia firme, si los exaltos cargos tienen responsabilidad contable o civil a ellos les corresponderá asumir el pago con el añadido de gastos e intereses si procede. Un extremo que el CGE decidió remarcar para dejar claro que el Govern no asume como propias las cantidades que puedan reclamar a sus trabajadores públicos.

El CGE también señaló que la ampliación del periodo de retorno que contempla el texto respeta la legalidad e incluso "puede favorecer el ejercicio del autogobierno" en aquellas materias en las que su despliegue "ha evidenciado un significativo nivel de conflictividad competencial".

Convalidación en el hemiciclo 

Tras la deliberación del CGE, los diputados se citaron en el hemiciclo para convalidar el decreto, que fue apoyado por los independentistas, con la abstención del PSC y los 'comuns'.

El ‘conseller’ de Economia, Jaume Giró, defendió su maniobra como “solvente y bien forjada jurídicamente” recordando que fue avalado “por unanimidad e íntegramente, del primer al último artículo y disipa las dudas sobre su legalidad”.

“Es un mecanismos para restablecer un espacio de libertad para hacer acción política en Catalunya”, añadió, y se mostró abierto a mejorar el decreto asumiendo las recomendaciones del CGE. Contundente, cargó contra Vox, Cs y PPC por acudir a la Justicia: “No entiendo que renuncien con tanta facilidad a su propia soberanía política. Están claudicando, renunciando a hacer eso para que sus votantes los eligieron, que no es otra cosa que hacer política”, enfatizó Giró y les acusó de “subcontratar el debate y la discusión política a los tribunales”.

Dudas "disipadas" en el PSC

Desde el PSC, Alícia Romero, aseguró que tras el dictamen sus dudas "se han disipado" y puso en valor la unanimidad del informe. "El Govern pone de manifiesto su voluntad de hacer las cosas bien, pese a los errores cometidos en toda esta tramitación", apuntó en un discurso muy templado en el que subrayó las idas y venidas del Ejecutivo sobre el uso del ICF en esta operación, algo que dijo que "merma el prestigio y la credibilidad" de la institución. El PSC acabó absteniéndose pese a que su líder Salvador Illa había asegurado que votarían a favor si el CGE avalaba el decreto.

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El líder de Cs, Carlos Carrizosa, sostuvo que "los tribunales declararán prevaricador y delictivo el decreto" y "sentarán al banquillo de los acusados" al Govern porque "un atraco es un delito". Por parte del PPC, Alejandro Fernández, acusó al Ejecutivo de cometer "la malversación de la malversación" y de "blanquear delitos pretéritos con el dinero de todos".

La CUP criticó que el Govern "haya llegado tarde" y haya generado "sufrimiento" a los afectados, pero defendió que el ICF "hace lo que toca"; minetras los 'comuns' mostraron su descontento por la forma de actuar del Ejecutivo respecto al ICF.

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