Aragonès acusa al Tribunal de Cuentas de arrogarse el rol del Constitucional

El 'president' Pere Aragonès se revolvió este miércoles desde el Parlament contra el Tribunal de Cuentas (TdC) por haber encausado a 34 exaltos cargos de la Generalitat por malversación por haber empleado presuntamente recursos públicos en la promoción y preparación del 1-O. Pertrechado con el fondo creado en la víspera en ayuda de los afectados, el 'president' acusó al TdC de ser un órgano "político e ideológico" y de actuar contra los exaltos cargos "simplemente porque son independentistas". Y sentenció: "En el TdC reina la presunción de culpabilidad".

"Catalunya siempre ha hecho política exterior. Se les persigue por opinar. En el extranjero podemos hablar de todo menos de la independencia, es absurdo", clamó Aragonès después de defender que los afectados "cumplieron con el ejercicio de su cargo". El jefe del Executiu añadió que "el TdC se arroga el papel de Tribunal Constitucional y decide qué entra dentro de las competencias estatutarias de la Generalitat y qué no".

Pero el fondo del Govern ya está en los tribunales: el PP anunció que recurrirá el decreto ley, el Gobierno hará lo propio si lo considera, Cs exige que se intervengan las cuentas de la Generalitat mientras Vox, más allá de impugnar el texto, presentará una querella por malversación contra Aragonès, al igual que ya hizo la entidad Convivencia Cívica que también reclama al Defensor del Pueblo que se involucre. El portavoz de la extrema derecha en el Parlament incluso amenazó a los independentistas con acabar "en prisión" y lanzó al 'president': "Comienza su cuenta atrás".

En la sesión de control al Govern, el ‘conseller’ de Economia, Jaume Giró, defendió que el fondo creado por el Govern (que el 'president' tildó de "emergencia") no incurre en ningún delito porque “no se hace traspaso patrimonial de la Generalitat”, ya que no es un aval directo y da una respuesta “sólida, jurídicamente”. “El decreto ley del fondo complementario de riesgo es todo lo contrario a la malversación”, espetó Giró, blindado este instrumento como una forma de dar cobertura a todos los servidores públicos “que se vean perseguidos en el ejercicio de su cargo en un proceso administrativo o judicial” y, a la vez, como una herramienta para “restablecer el espacio de libertad para hacer acción política en Catalunya”.

'Eppur, si muove'

Aragonèz compareció para detallar el "proceso de desjudicialización" del conflicto político con una tesis clara, y el TdC le sirvió de ejemplo: los indultos son un primer paso, pero basta. Se precisa una ley de amnistía.

"Algunas cosas se están moviendo", apuntó Aragonès al inicio de la comparecencia en referencia a los indultos, la calendarización de la segunda reunión de la mesa de negociación Estado-Generalitat y al informe de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. "Pero otras, no", dijo, señalando la "represión".

La propuesta del 'president' al independentismo pasa por convocar cuanto antes el Pacte Nacional per la Amnistia y la Autodeterminación con partidos, entidades y sociedad civil para "acudir a la mesa de negociación con mayor fuerza".

Una amnistía de la que, previamente, en la sesión de control, negó que no cupiera en el actual marco legal. "Hay una amnistía vigente, la de 1977, y está tan vigente que impide la persecución de los torturadores franquistas", detalló el 'president'.

Illa, contra el inmovilismo

El jefe de la oposición y líder parlamentario del PSC, Salvador Illa, afeó al 'president' que se centre sólo en una parte de los catalanes, los independentistas. "Me ha decepcionado. Usted como presidente se tiene que dirigir a todo el país. Esperaba una actitud diferente", dijo a Aragonès al inicio de su intervención. Illa blindó la actuación de la Justicia en Catalunya durante el convulso otoño del 2017 y reclamó al Govern que no se descarrile de la legalidad porque "el estado de derecho es una línea roja".

El socialista defendió el diálogo, la negociación y el pacto como método, pero subrayó que este precisa "normas de conducta": "decir la verdad, no hacer promesas que no se pueden cumplir y hacer planteamientos que unan, no que dividan". Terminó su intervención reclamando la convocatoria de la mesa de partidos catalanes -"debía estar más seguro de sus argumentos el señor Torra, que reunió dos veces esta mesa", dijo- y destacando que la concesión de los indultos "no fue fácil" para el Gobierno, pero sí necesaria para "contribuir a abrir un nuevo tiempo político en Catalunya que escapaba del inmovilismo".

Los 'comuns', por su parte, reprocharon a Aragonès e Illa su "durísimo" tono y defendieron la mesa de diálogo, tanto la catalana -que no está convocada y a la que invitó a excluir a Vox- como la entre gobiernos, como "herramienta agregativa sin aspiraciones partidistas, asumida como un éxito compartido". La líder Jéssica Albiach incluso marcó un orden del día: reformar del delito de sedición, reconocer de la realidad nacional catalana y su autogobierno, transferir más competencias a Catalunya, crear un nuevo sistema de financiación con una haciendo propia, y que los catalanes voten los acuerdos de esta mesa.

La CUP pide preparar ya una alternativa al diálogo

Los anticapitalistas no quieren perder más tiempo y ven el diálogo con el Estado como una "pared" para el independentismo. De ahí que la diputada Eulàlia Reguant pidiera que desde el Pacte Nacional per la Amnistía y la Autodeterminació se empiece a preparar ya la respuesta a una mesa de diálogo que ven condenada al fracaso. Un trabajo que quieren que vaya en paralelo a las reuniones con el Gobierno para que, en el 2023, margen que dieron al deshielo, todo esté listo para impulsar un referéndum.

Junts, por su parte, acusó al presidente del Gobierno de ser "cómplice de la represión" y defendió que aprobó los indultos por la "presión" de la Unión Europea y no por su "convicción". "Un día te liberan y el otro día te arruinan. Una de cal y otra de arena. De esto el PSOE sabe y desde hace años", deslizó Albert Batet.

Cs y PPC exigen el cumplimiento de la ley

Las derechas advirtieron a Aragonès de que si quiere desjudicializar, "lo que tiene que hacer es cumplir la ley". El líder naranja, Carlos Carrizosa, culpó al PSC y a En Comú Podem de "dar de comer a los separatistas", con la concesión de los indultos y la mesa de diálogo, "menoscabando nuestra democracia y nuestro poder judicial para nada, porque ellos siguen donde estaban". Por su parte, el dirigente popular, Alejandro Fernández, afeó al 'president' su "opacidad y poca calidad democrática" sugiriendo que acepta tutelas de Waterloo. Tampoco se olvidó de Illa, a quien señaló porque "los indultos no solo no traen distensión, sino un aumento de la tensión". "Menudo papelón. A los separatistas, mimitos; y a los constitucionalistas que advertimos de que no habría distensión, rechazo constante", sentenció.