El Govern defenderá a los encausados por el Tribunal de Cuentas sin ponerse en riesgo

Desasosiego en el Govern a medida que se acerca el fin del plazo (el próximo día 21) dado para el Tribunal de Cuentas para hacer efectivas las fianzas que los 34 encausados por el ‘procés’ deben de aportar y que deben sumar 5,4 millones de euros.

Por un lado existe en el seno del Consell Executiu el pleno convencimiento de que hay que ayudar a los afectados por múltiples razones, que van desde lo que consideran una injusticia, que en no pocos casos colisiona con el derecho de expresión, al simple hecho de que los perseguidos formaron parte de un engranaje que daba cumplimiento, el de la independencia, a un programa electoral. Con todo, el Ejecutivo sigue dándole vueltas al asunto para hallar una vía que permita socorrer a los afectados, sin que ello signifique abrir un nuevo proceso censor, esta vez, contra los miembros del actual Executiu.

La 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, dijo que el Govern defenderá jurídicamente a las personas afectadas bajo el "principio de indemnidad", que, según ella, garantiza el derecho de los funcionarios públicos a ser defendidos por su administración. Pero desde el primer momento, el Govern ha detectado el peligro. Socorrer con fondos públicos a 34 encausados por malversar dinero, para más inri, de la propia Generalitat es pedir a gritos que se abra expediente por lo mismo. De ahí la demora en hallar una fórmula, que puede pasar por la introducción de algún tipo de salvaguarda, vía clausula, que exonere de responsabilidad a los actuales miembros del Consell Executiu.

La solución puede venir, también, de la mano de la agregación de pequeños remedios. Así, ERC y el PDECat reclamaron este lunes que, en paralelo a lo que pueda decidir el Govern, se reactive la caja de solidaridad para lograr, mediante aportaciones ciudadanas, algún tipo de cojín económico. Pero esto no convence ni a Junts ni a la ANC que exigen al Govern encabezado por Esquerra que se haga cargo de las fianzas millonarias.

La portavoz del partido posconvergente, Elsa Artadi, defendió que la Generalitat debe dar "un primer paso contundente" y avalar "sin fisuras" a los afectados porque "han actuado en nombre y por directrices políticas del Govern". "No solo es defender a los trabajadores, sino la legitimidad misma del propio Govern [...] Es una persecución política", apostilló, porque ha dicho que ejercían un trabajo que ningún tribunal prohibió.

Por su parte, la entidad liderada por Elisenda Paluzie hurgó en que la Generalitat no puede renunciar "a la defensa de la legitimidad del Govern y de su acción" y debe "defender y cubrir hasta el último céntimo". Si el Govern no actúa, opina la ANC, estará sentando un "precedente" que menoscabará la "credibilidad" de la Generalitat al dejar "desamparados" a los trabajadores, al tiempo que desdeñó tenga que ser la "sociedad civil" quien contribuya económicamente porque considera que "traspasar" a particulares esa "responsabilidad" es algo que "debilita al movimiento independentista", e incluso "puede incentivar un aumento de la represión económica".