Los impulsores de la ley catalana de alquileres exigen al Gobierno que no la impugne

"Ni hacen ni dejan hacer", claman los impulsores de la ley catalana que pone coto a los alquileres abusivos. La intención del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la legislación que fue aprobada en septiembre en el Parlament ha provocado la movilización del Sindicato de Inquilinos y otras entidades organizadas para garantizar el derecho a la vivienda los partidos, así como de los partidos que la sacaron adelante -ERC, Junts, CUP y 'comuns'- que se manifestarán el lunes a las 18 horas ante la sede del PSC en Barcelona. La impugnación será previsiblemente aprobada en el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el martes de la semana que viene, y en cuanto quede registrada se procederá a la suspensión inmediata.

El TC ya admitió a trámite en enero el recurso de inconstitucionalidad del PP, pero la maniobra del Gobierno obliga a suspender la norma de forma automática. La coalición del PSOE y Podemos lleva meses intentando sin éxito alcanzar un acuerdo entre ambos partidos para aprobar una norma estatal sobre los alquileres, pero no ha dado pasos adelante y el Ejecutivo se queda sin tiempo porque el margen para recurrir finaliza el 21 de junio.

Fuentes de ERC explican que hubo un encuentro entre gobiernos el 3 de marzo, en la que participaron técnicos, siguiendo la normativa que así lo establece al tener el TC sobre la mesa el recurso del PP. Estas voces aseguran que en aquel encuentro -el único, afirman- se exhibieron discrepancias sobre la constitucionalidad de la norma pero que se emplazaron a volver a reunirse previsiblemente en mayo, aunque esta reunión nunca llegó a convocarse. De ahí que se muestren "sorprendidos" por la decisión "unilateral" del Gobierno. Los republicanos aseguran que el Govern se pondrán en contacto cuanto antes con el equipo de Pedro Sánchez para evitar que el Consejo de Ministros apruebe la impugnación el martes.

La posición más compleja es la de En Comú Podem que se reafirma en lo aprobado en Catalunya y que lamenta que el PSOE "no haya querido pactar antes una ley estatal" que evite dejar desamparadas a miles de familias que no pueden pagar el alquiler y que esta rebaja les facilitaba el derecho a la vivienda. El debate sobre esta legislación está parado, apuntan estas fuentes, y dudan de que pueda desencallarse en los próximos meses. "La ley catalana hay que defenderla porque se ajusta a derecho y al marco estatutario y constitucional", ha aseverado el diputado David Cid junto a las entidades.

Un "tsunami" de desahucios

"Al PSOE le tenemos que decir que esta haciendo el trabajo sucio de los fondos buitre en detrimento del bienestar de miles de inquilinos [...] A Podemos, que deben asumir la responsabilidad de estar en un Gobierno que tumbe la regulación catalana y, al resto de los grupos, que hasta ahora han hecho la parte fácil, que es estar aquí y firmar el compromiso de que la protegerán, pero lo que deben hacer ahora es pasar a la acción y que no negocien con esta regulación, que la defiendan", ha proclamado el portavoz del Sindicato de inquilinos, Rodrigo Martínez, en una rueda de prensa a las puertas de la Cámara catalana.

"Nos espera un tsunami de 26.000 desahucios a partir de este otoño. No podemos permitirnos dejar de contar con herramientas que les ponen freno", ha añadido, por su parte, la portavoz de la PAH de Barcelona, Lucía Delgado. "Haremos frente común en la calle. Esto no nos toca, lucharemos. La vivienda es un elemento de primera necesidad, que usen la ingeniería jurídica para resolver la situación de la ciudadanía, que es su obligación y para ello les eligió el pueblo", ha remachado el presidente de CONFAVC, Jordi Giró.

Por su parte, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha exigido al Gobierno que tome cartas en el asunto y que se implique para sacar adelante un regulación estatal que proteja a las familias más vulnerables de los alquileres abusivos.