Norma en disputa

El Gobierno recurrirá la ley catalana de alquileres y pedirá su suspensión

  • El Ejecutivo se prepara para aprobar el martes en el Consejo de Ministros la impugnación ante el Constitucional

  • La decisión se toma tras intentar llegar a un acuerdo con el Govern, mientras la coalición del PSOE y Podemos sigue sin pactar una norma estatal

El precio del alquiler ha aumentado un 4,6% en España

El precio del alquiler ha aumentado un 4,6% en España / El Periódico

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Juan Ruiz Sierra
Juan Ruiz Sierra

Periodista

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Helena López
Helena López

Redactora

Especialista en movimientos sociales y vecinales

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Esta información se publicó el día 10/06/2021. El contenido hace referencia a esa fecha.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, lo insinuó este miércoles en el Congreso, respondiendo a una diputada de Bildu, que le trasladó la pregunta del Sindicat de Llogateres, tras días de rumores. “¿Va el gobierno a suspender la ley?”. La respuesta del ministro no fue esperanzadora para los defensores de la regulación: “Si una ley autonómica vulnera el marco competencial, yo tengo políticamente, moralmente y legalmente la obligación de presentar ese recurso. No puedo mirar hacia otro lado”. Según ha podido saber este diario, el Gobierno ha tomado ya la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) y pedir la suspensión de la ley catalana que limita los alquileres, que está en vigor desde septiembre pasado. La medida será en principio aprobada en el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el martes de la semana que viene.  

Según fuentes del Ejecutivo, la decisión se toma después de haber intentado sin éxito pactar con el Govern cambios en la ley para ajustarla a la Carta Magna. La impugnación por parte del Ejecutivo llega después de que el TC admitiera a trámite el pasado enero el recurso de inconstitucionalidad del PP. En paralelo, la coalición del PSOE y Podemos lleva meses intentando sin éxito alcanzar un acuerdo entre ambos partidos para aprobar una norma estatal sobre los alquileres, con los morados presionando para que esta contenga un mayor nivel de protección para los inquilinos.  

"Sudor y lágrimas"

Miembros del Sindicat de Llogateres de Catalunya se han desplazado este jueves a Madrid para defender ante el Congreso la ley catalana, impulsada por los movimiento sociales. Junto a ellos, había representantes de varios de los socios parlamentarios del Ejecutivo: ERC, Compromís y Más País. También de Podemos, que está en contra del recurso, mostrando así las muy diferentes visiones sobre el alquiler dentro de la coalición. “No podemos permitir que el Estado tumbe una ley de regulación de los alquileres que ha costado sudor y lágrimas a mucha gente. Que protege la vida y el futuro de miles de personas”, señala Jaime Palomera, portavoz del sindicato.

Desde el Sindicat de Llogateres insisten, además, en que la decisión llega después de haber comprobado con datos oficiales que la ley catalana está funcionando. “Los precios bajan globalmente en los municipios en los que la regulación está vigente, y aumentan en los no regulados”, señalan subrayando que no se ha paralizado el mercado, tal y como denunciaban que pasaría desde el sector inmobiliario. “Se han registrado cifras récord de nuevos contratos”, concluyen citando datos del balance trimestral que publica el Institut Català del Sòl (Incasòl).

¿Qué dice la ley?

La ley catalana ahora en jaque entró en vigor el pasado mes de septiembre, tras la aprobación en el Parlament de la iniciativa impulsada por el Sindicat de Llogateres. No es una ley que se aplique a la totalidad del territorio, sino solo a los municipios de más de 20.000 habitantes y fija que el precio del alquiler no puede aumentar respecto al contrato anterior y que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres de la zona, el nuevo contrato no podrá superar el índice de precios de la Generalitat.

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La norma, todavía en vigor, establece también que los hogares de las localidades afectadas que se alquilen por primera vez tendrán que ajustarse al índice fijado por la administración para cada zona, pero la obra nueva queda exenta "para incentivar la construcción de vivienda protegida". La ley también prevé sanciones de 3.000 hasta 90.000 euros en caso de incumplimiento

La Generalitat ofrece un indicador de consulta pública para conocer una estimación del precio medio del metro cuadrado de alquiler de una vivienda según la zona y las características propias del inmueble para fijar el precio mínimo y el precio máximo. El importe de la vivienda se calcula según criterios generales como la ubicación, pero también se acota a criterios más concretos como el estado de mantenimiento, si tiene ascensor, si hay aparcamiento o si el hogar está amueblado.