Decisión judicial

El juez pide al TSJC que investigue a Dalmases por lucrarse de subvenciones

  • Las entidades Catmon e Igman, vinculadas al parlamentario, percibieron 1,3 millones de dinero público

Francesc de Dalmases en una imagen de archivo.

Francesc de Dalmases en una imagen de archivo. / ELISENDA PONS

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) una exposición razonada para que abra una investigación contra el diputado de Junts per Catalunya en el Parlament Francesc de Dalmases por lucrarse de subvenciones presuntamente irregulares que percibieron dos asociaciones vinculadas a su persona, Catmon e Igman. En total, estas dos oenegés percibieron 1,3 millones de euros entre el 2014 y el 2016, de los que, al menos, 224.000 euros fueron a parar al parlamentario, según los informes policiales. El magistrado considera que existen indicios razonables de responsabilidad penal contra el parlamentario por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

El juez mantiene imputadas a unas 49 personas por el supuesto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona, cuando gobernaba CDC, a diversas organizaciones, algunas de la órbita soberanista, sin que queden justificados estos pagos. En el seno de esta causa, aparece Dalmases que, por su condición de diputado y, por lo tanto aforado, solo puede ser investigado por el TSJC. Precisamente, de este proceso, en la que está imputado un exsecretario de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas, también ligado a Catmon e Igman y persona cercana al expresidente Carles Puigdemont, partió otra que acabó con la detención del llamado ‘estado mayor de Puigdemont por presuntamente financiar el 'procés'.

El fiscal Fernando Maldonado se opuso el pasado miércoles a que el juez Aguirre remitiera el caso de Dalmases al TSJC, ya que, en su opinión, antes deberá tomarse declaración a testigos e imputados, los cuales no enumeraba. Sin embargo, el magistrado ha estimado conveniente remitir el asunto al alto tribunal porque, en su opinión, se han practicado todas las diligencias de investigación posible y si continuara podría causar indefensión al aforado, ya que el competente para citar a un diputado es el alto tribunal.

Dinero de diversas administraciones

De la investigación se desprende que tanto Dalmases como Terradellas viven de las subvenciones públicas obtenidas de manera presuntamente irregular y con un importe elevado. Los informes aportados a la causa describen que empleados y los cargos de Catmon e Igman emitieron y cobraron facturas por prestación de servicios profesionales a las mismas entidades, presentándolas como justificantes de gastos realizados a cargo a los proyectos subvencionados. Incluso, se llegó a utilizar los mismos documentos para justificar partidas otorgadas por administraciones públicas diferentes. Igman y Catmon recibió subvenciones no solo de la Diputación de Barcelona, sino también del Departamento de Presidència de la Generalitat, la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Ayuntamiento de Barcelona(en la época de Xavier Trias) o la Direcció General de l'Esport.

Algunas de esas justificaciones de gastos de Catmon e Igman, además, no pasaban por el registro, no lleva fecha de entrada o estaban sin firmar y tampoco iba acompañada de documentos que acreditaban que el proyecto se había realizado. En el caso concreto de Dalmases, algunas facturas fueron pagadas con anterioridad a su emisión y se uso la misma como justificante de dos subvenciones, una del Departamento de Presidència de la Generalititat y otra del Ayuntamiento de Barcelona. El diputado, a través de un tuit, ha asegurado que el juez le investiga desde "hace tres años" de una "forma prospectiva, fraudulenta, es decir, sin poder hacerlo".

Declaración jurada y ordenadores

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Los investigados han encontrado otras presuntas irregularidades, según las diligencias judiciales. Entre ellas la falta de falta de justificantes de gastos de viajes, y, en una ocasión, Dalmases en su calidad de presidente de Igman presentó una declaración jurada para justificar un traslado de una empleada a Sarajevo o se utilizó la factura de compra de un ordenador APPLE de 2.200€, que es un gasto no subvencionable, o el contrato de cuatro móviles.  Los proyectos bajo sospecha son muy variados: desde las revistas Catalán Internatonal View, publicada por Catmon, y ONGC, de Igman, hasta planes de desarrollo en Bosnia. Solo por tareas de dirección de una revista percibió en cuatro años 139.800 euros.

La Sala civil y penal del TSJC ha registrado este jueves la exposición razonada recibida en relación a Dalmases y, por tuno, ha ido a parar a la magistrada Maria Eugència Elegret, que será la ponente. Como es habitual y preceptivo, se ha dado traslado al fiscal para que informe sobre la competencia o no del alto tribunal.