Comparecencia tras el Consejo de Ministros

El Gobierno resolverá los indultos "velando por el interés de España"

  • Montero sigue allanando el terreno para la medida de gracia y desliza que el Ejecutivo se guiará por criterios políticos, buscando "lo mejor" para el país aun con el criterio en contra del Supremo y de la Fiscalía

  • La Moncloa ve también lógico que primero se citen los dos presidentes y luego la mesa de diálogo, y recuerda que hay "límites" marcados por la Constitución

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 25 de mayo, en la Moncloa. 

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 25 de mayo, en la Moncloa.  / EUROPA PRESS / CÉZARO DE LUCA

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

Escribe desde Madrid

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El Gobierno se guiará por el "interés general" a la hora de decidir sobre los indultos a los 12 penados del 'procés'. Es decir, que primará la vertiente política, en qué medida puede ayudar al objetivo que dice perseguir, el "reencuentro" entre Catalunya y el resto de España y entre los propios catalanes. Esa meta del "reencuentro" también estará presente en la segunda reunión de la mesa de diálogo, aún sin fecha, pero que el Ejecutivo quiere activar en cuanto lo solicite formalmente el nuevo Govern. Cita que, en buena lógica, irá precedida de una entrevista entre el presidente y Pere Aragonès, tal y como este apuntó este lunes.

El Gabinete de coalición se atiene a la máxima de la prudencia para un tema extraordinariamente delicado mediada la legislatura y que puede acabar de romper por completo los puentes con la oposición. La portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros -que presidió la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por la asistencia de Pedro Sánchez al Consejo Europeo extraordinario en Bruselas- evitó dar demasiados detalles de las intenciones del Ejecutivo apenas un día después de la toma de posesión del nuevo 'president' y a las puertas de que el Tribunal Supremo emita su informe preceptivo, aunque no vinculante sobre los 12 condenados del 'procés'. Dictamen, pues, inminente, y que previsiblemente será negativo, como lo fue el de la Fiscalía.

No obstante, Montero sí dio alguna pista de qué valorará el Gobierno cuando le toque tomar la decisión. A la pregunta directa de si asumirá el coste político de otorgar la medida de gracia aun con dos informes negativos -un hecho muy excepcional-, la portavoz respondió que el Ejecutivo "siempre va a velar por el interés general, y no hay nada por comentar porque no hay ninguna decisión adoptada ya que aún no ha llegado la documentación correspondiente [del Supremo] para que el Gobierno, serenamente, la pueda analizar". La titular de Hacienda señaló que, "cuando llegue el momento oportuno", se comunicará lo acordado por el Consejo de Ministros "con transparencia", con "los motivos" que lo hayan alumbrado, "sean en el sentido que sean". "Pero siempre vamos a hacer lo que consideremos que es mejor para el interés de España, cumpliendo la legalidad vigente, y con todas las garantías", concluyó.

La portavoz desliga los indultos, que se resolverán "en aplicación de la legalidad", de la mesa de diálogo: "Van por otro lado"

La portavoz desvinculó la resolución de los indultos, que se presume para el verano, una vez pasadas las primarias del PSOE andaluz, de la mesa de diálogo. "Van por otro lado, en aplicación de la legalidad vigente", insistió. Sánchez, quien tendrá la última palabra, decidirá en consecuencia tras el informe del Supremo. "Lo que el Gobierno sí cree, y lleva impulsando, es la necesidad de retomar la 'Agenda para el reencuentro' con Catalunya", que el presidente ofreció ya al Govern en febrero de 2020. La Moncloa quiere canalizar esa interlocución "básicamente" a través de la mesa entre ejecutivos y que lleva sin reunirse desde antes del primer estado de alarma. El Gobierno persigue acordar los instrumentos que "estrechen los lazos afectivos entre Catalunya y [el resto de] España, y entre los catalanes".

El PP "no quiere" renovar el CGPJ

Montero quitó importancia a la secuencia que se escenificará a partir de ahora. Sí admitió que será "más fácil" que primero se encuentren Sánchez y Aragonès, porque les será más sencillo cuadrar sus agendas. Además, recordó, el jefe del Ejecutivo siempre ha recibido en la Moncloa a los presidentes autonómicos que han sido elegidos, como ocurrió a comienzos de este año con el vasco Iñigo Urkullu y el gallego Alberto Núñez Feijóo. El Ejecutivo entiende que ha de ser el Govern quien solicite una nueva convocatoria de la mesa de diálogo, toda vez que Sánchez siempre ha mostrado su "predisposición" a una segunda reunión, pero esta fue imposible por la pandemia y por las discrepancias entre ERC y Junts cuando al frente de la Generalitat estaba Quim Torra, que nunca creyó en ese instrumento que los republicanos exigieron para investir al líder socialista.

No hay noticias sobre la reforma de la sedición: los trabajos están "avanzados" pero no han llegado al Consejo de Ministros

El Gobierno, pues, cree que el diálogo es "más necesario que nunca" y desea que se reanude "a la mayor brevedad posible", "con independencia" de la entrevista que mantengan los dos presidentes. Ahora bien, reseñó Montero, ese diálogo tiene "límites", y es el respeto a la Constitución y a la ley. Es decir, que no cederá a la pretensión independentista de la amnistía y de un referéndum de autodeterminación.

El PP ya ha lanzado el mensaje de que si hay indultos no habrá renovación del Consejo General del Poder Judicial. Según la portavoz, no es más que una nueva "excusa", porque siempre acaba "supeditando" su aval al "día y en función de cuál sea la actualidad política". "La realidad es que no llegan a un acuerdo porque no quieren", "consideran que la no renovación es la mejor de sus opciones posibles", siguió Montero. El órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones desde diciembre de 2018, y fue elegido en 2013, cuando el PP disfrutaba de mayoría absoluta y, en cambio, no modificó la ley para elegir a sus vocales. La norma, de hecho, es la misma desde 1985.

"Lo que antes le parecía bien y nunca cuestionó le sirve de excusa", insistió la portavoz, quien acusó a los populares de "chantajear" en la negociación con el Ejecutivo, cuando lo que está sobre la mesa es el "cumplimiento de la Constitución", y esta "obliga" a la renovación del CGPJ tras cinco años de mandato.

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