El reto siguiente tras la investidura

Sánchez y Aragonès se preparan para reiniciar el diálogo sobre Catalunya

  • El 'president' señala que lo lógico es que se vea con el jefe del Gobierno y después se reúna la mesa, secuencia que no rechaza la Moncloa aunque evita confirmarla

  • El Gobierno debe decidir los indultos a los líderes del 'procés', que previsiblemente serán parciales y condicionados. La última palabra es de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón (d), en la presentación del proyecto ’Haciendo de España un polo industrial del hidrógeno verde en Europa’, este 24 de mayo en la capital castellanomanchega. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón (d), en la presentación del proyecto ’Haciendo de España un polo industrial del hidrógeno verde en Europa’, este 24 de mayo en la capital castellanomanchega.  / EUROPA PRESS / ISABEL INFANTES

10
Se lee en minutos
Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

Escribe desde Madrid

ver +

Tras más de un año sin ningún tipo de avance, primero por la pandemia y después por la parálisis en Catalunya provocada por la inhabilitación de Quim Torra, el proceso electoral y la tortuosa negociación para la investidura, Gobierno y Govern retomarán el diálogo. Y lo harán de manera inminente, según han insistido las dos partes, aunque aún no hay fechas concretas. Tampoco hay un formato cerrado, si bien todo apunta a que primero habrá una cita de los dos presidentes, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, y posteriormente un nuevo encuentro entre los dos ejecutivos, el segundo desde que esta fórmula, exigida por ERC y aceptada por los socialistas, viera la luz en febrero de 2020. De camino se cruza la decisión que habrá de tomar el Consejo de Ministros sobre los indultos a los líderes del 'procés' condenados. Todo indica que los habrá, y que serán parciales, aunque en la Moncloa siempre repiten que la última palabra la tiene el presidente.

Aragonès quiere hablar de autodeterminación y amnistía, mientras que Sánchez ofrece su 'Agenda para el reencuentro'

Sánchez, en su felicitación pública (en castellano y catalán) al nuevo jefe del Executiu, el pasado viernes, tras ser investido por el Parlament, ya remarcó que "la vacunación, la recuperación sin dejar a nadie atrás y el reencuentro entre catalanes, y entre catalanes y el resto de españoles son tareas en las que trabajar juntos". "Hagámoslo posible", emplazó. Aragonès, por su parte, en declaraciones este lunes en RAC1, antes de su toma de posesión, también subrayó la importancia de "reabrir la comunicación" con Sánchez. Le llamará a lo largo de esta semana, dijo, para “marcar prioridades”, que son para él los fondos europeos y el foro entre gobiernos. Y añadió que tendría "toda la lógica" que primero se produzca una reunión previa entre los dos presidentes antes de convocar la mesa de diálogo, en la que el Govern insistirá en los dos puntos que unen a todo el independentismo: amnistía para los condenados y un referéndum de autodeterminación. Dos cuestiones que el Gobierno central rechaza de plano.

"Sí, parece lógico que antes se vean los dos presidentes", conviene un ministro de peso consultado por EL PERIÓDICO. En la Moncloa, sin embargo, se muestran más cautos. "No hay que dar por hecha la secuencia de entrevista bilateral y luego mesa de diálogo. Hay que verlo y es muy pronto aún", sostiene un alto cargo. "Cuando hablen ellos, veremos", sentencia otra máxima responsable del círculo del presidente. "Qué más da —tercia un tercer responsable próximo al líder socialista—. En cualquier caso, suele haber recepciones del presidente a los presidentes de las comunidades autónomas después de ser elegidos. Los últimos en venir fueron el lendakari [Iñigo Urkullu] y [Alberto Núñez] Feijóo", ambos en enero de 2021, tras sus respectivas elecciones e investiduras.

Sánchez tiene una agenda cargada en los próximos días. Sobre todo por sus compromisos internacionales. Este lunes y martes está en Bruselas, con motivo del Consejo Europeo extraordinario. El lunes 31, preside en Alcalá de Henares (Madrid) la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) España-Polonia, y el jueves 3 vuela a Libia para apoyar el proceso de transición en el país. Del 8 al 11 de junio protagonizará una pequeña gira latinoamericana, en la que visitará Argentina y Costa Rica, y a su vuelta, el 14 de junio, participará en la cumbre de la OTAN, en Bruselas, donde coincidirá por primera vez con el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, con el que por cierto aún no ha conversado telefónicamente.

El PP recurrirá

El líder socialista cuenta con una agenda repleta para los próximos días, sobre todo por sus compromisos internacionales, con un viaje incluso a Argentina y Costa Rica

Aragonès defendió este lunes poner en marcha el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación, informa EFE, para acudir al diálogo con el Gobierno con el respaldo de la sociedad civil. Sánchez, recalcan en el Ejecutivo, reivindicará la hoja de ruta que trasladó a Torra a primeros de febrero de 2020, en la entrevista que mantuvo con él en el Palau de la Generalitat. La 'Agenda para el reencuentro', su propuesta de seis epígrafes y 44 puntos, con la que el Gobierno quiere tender puentes con Catalunya con compromisos como la desjudicialización de la política, el impulso a la regeneración democrática, la mejora de la financiación autonómica, una mayor inversión en infraestructuras en la comunidad o el permiso para abrir 'embajadas' catalanas en el exterior siempre que se ajusten a la ley.

Pere Aragonès charla con el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, durante su toma de posesión como nuevo 'president' de la Generalitat, este 24 de mayo en el Palau. 

/ EFE / ALBERTO ESTÉVEZ

El acuerdo para investir a Sánchez entre PSOE y ERC incluía el compromiso de validar a través de una consulta aquello que se acuerde en la mesa de diálogo. Los socialistas siempre han reiterado que jamás darán el visto bueno a un referéndum de autodeterminación. ¿Y un nuevo Estatuto? El Gobierno no apuesta ya tan fuertemente por esta vía, precisamente por la dificultad para lograr un acuerdo amplio —se requiere el apoyo de dos tercios del Parlament y mayoría absoluta en Congreso y Senado—, y en todo caso Aragonès no la acepta. El nuevo 'president' rechazó este lunes un nuevo Estatut y advirtió de que una eventual consulta a la ciudadanía ha de incluir la opción de la independencia. Sánchez ha repetido que lo que ha de someterse a refrendo es un nuevo acuerdo para seguir conviviendo juntos, y no para la ruptura de Catalunya con España.

En paralelo, Sánchez se prepara para tomar la decisión de política interior quizá de más alto voltaje de su mandato: los indultos. El Gobierno ha ido preparando el terreno durante todos estos meses, y este mismo lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, continuaba esa misma senda: pidió que se vean con "naturalidad", tanto si son favorables como si no los son, o si son "totales o parciales". Todo apunta a que el Consejo de Ministros concederá parcialmente la medida de gracia a los condenados por el 'procés', y quizá la condicione a que el delito no se pueda volver a cometer. "Es como se hacen todos los indultos", precisan en Justicia. "Es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo, y por lo tanto se pueden hacer como se quiera. Lo que sí se exige es que estén muy bien motivados", señala otro ministro consultado por este diario. El PP ya ha adelantado que recurrirá al TS la decisión, y este la podría tumbar si no la considera suficientemente argumentada. Y Aragonès, en RAC1, aseguró que las condonaciones de pena "no son la solución, son una solución individual", pero el Govern no se opondrá a ella. 

Solo un 1,08% del total

En el último semestre de 2020, de los 18 indultos concedidos (de los 1.664 resueltos), ninguno tenía informe negativo del tribunal sentenciador y de la Fiscalía

En el segundo semestre de 2020, se resolvieron 1.664 indultos, de los cuales se concedieron 18 (un 1,08% del total), todos ellos parciales. Se denegaron 1.646, según los datos ofrecidos por el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno, el mes pasado. De los 18 indultos otorgados, siete contaban con los informes favorables tanto del tribunal sentenciador como de la Fiscalía; diez expedientes tenían el visto bueno del tribunal sentenciador y, en cambio, desfavorable del Ministerio Fiscal, y uno contaba con el dictamen contrario del tribunal sentenciador y favorable de la Fiscalía.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a su llegada a la Comisión de Justicia del Congreso, este 24 de mayo. 

/ EUROPA PRESS / A. PÉREZ MECA

Es decir, que no hubo ninguno que el Gobierno concediera con el informe negativo del tribunal y del ministerio público. La Fiscalía ya se opuso a la medida de gracia y es previsible que el Supremo, que evacuará su informe previsiblemente en los próximos días, coincida. Pero ambos escritos son preceptivos, aunque no vinculantes. El Ejecutivo entiende que perdonar, siquiera parcialmente, la pena a los dirigentes independentistas condenados puede ayudar a cerrar el 'procés'. Los indultos, indican en el Gobierno, pueden contribuir a clausurar una etapa, acabar con la "victimización" de las formaciones separatistas y disolver el pegamento que las mantiene unidas. A continuación, abundan, debiera mover ficha el Govern. Por eso hay quienes en el Gabinete de Sánchez defienden que tiene más sentido reunir la mesa de diálogo después de que el Consejo de Ministros se haya pronunciado sobre la medida de gracia.

Más allá del desbloqueo en Catalunya, el presidente es consciente de que tiene que lanzar gestos hacia ERC, que después de 2017 inició un proceso en el que su apuesta por el diálogo con el Gobierno fue cada vez más clara. Los republicanos, ahora en la jefatura del Govern con Aragonès, son socios fundamentales de la legislatura, y más ahora que la vía alternativa con Ciudadanos se ha complicado sobremanera tras su hundimiento el 4-M y su previsible liquidación como partido. Sánchez ya ha proclamado que quiere llevar su mandato a término. Hasta finales de 2023 o principios de 2024. De ahí que en su Gobierno consideren que ahora, durante el verano —y previsiblemente tras las primarias del PSOE andaluz, que también influyen en la agenda del presidente—, sea el momento más idóneo para adoptar una decisión trascendente y delicada, los indultos.

Noticias relacionadas

Otra carpeta igual de complicada para el Ejecutivo es la prometida reforma de la sedición, pena por la que fueron sentenciados nueve de los 12 condenados por el Supremo. Pero el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, cuya opinión tiene peso para el presidente, ya ha apuntado que no ve aconsejable esa vía porque quizá no cosecharía los votos necesarios. Ni del PP ni de los independentistas.

El Congreso discute este martes sobre el referéndum

El pleno del Congreso debate este martes si el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos debe llevar a la mesa de diálogo una propuesta de referéndum en Catalunya. La CUP, autora de la moción, también quería que la Cámara baja se pronunciara sobre la admisión a trámite de la ley de amnistía registrada por los independentistas catalanes, cuyo debate bloqueó la Mesa por inconstitucional, pero esa parte fue eliminada por el órgano de gobierno del Congreso, informa Europa Press.


La moción, consecuencia de la interpelación urgente que dirigió la diputada 'cupaire' Mireia Vehí la semana pasada al ministro Miquel Iceta, buscaba en origen que el pleno se pronunciase a favor de la ley orgánica de amnistía de ERC, Junts, PDECat y CUP, pero la Mesa paró la tramitación con los votos de PSOE, PP y Vox. Alegaron, en línea con lo que argumentaron los letrados del Congreso, que los indultos generalizados están prohibidos por la Carta Magna. Los partidos separatistas recurrieron la decisión a la Mesa, pero toparon de nuevo con la negativa de socialistas, populares y ultraderecha, a los que se sumó el voto contrario de Ciudadanos en la Junta de Portavoces. El siguiente paso sería el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.


La CUP buscó entonces que el pleno se pronunciase sobre el tema y, en su iniciativa consecuencia de interpelación lo incluyó, pero el órgano de gobierno de la Cámara baja lo bloqueó, siguiendo el parecer de los letrados, porque "las mociones no son un instrumento idóneo para pronunciarse" sobre cuestiones que son propias de la Mesa. La CUP protestó y acusó a la Cámara de "censura" y de "vulneración del derecho a la libertad de expresión".