La 'exconsellera' Serret admite en el Supremo la desobediencia, pero niega la malversación

La 'exconsellera' de Agricultura Meritxell Serret, huida en Bélgica durante más de tres años, admitió este viernes ante el instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, haber desobedecido al Tribunal Constitucional y asumió todas las decisiones que adoptó el Govern de Carles Puigdemont, incluido el acuerdo por el que se destinaban fondos al referéndum ilegal del 1-O suscrito en septiembre de 2017, pero negó que desde su departamento se hubiera producido algún gasto ilegal que se pueda encuadrar en el delito de malversación de caudales públicos por el que también está procesada.

Serret, que estuvo arropada en el Supremo por el 'president' en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, otros miembros del Govern y dirigentes de ERC, Junts y la CUP, explicó que su declaración es el siguiente paso tras haber comparecido voluntariamente en el alto tribunal el pasado 11 de marzo, cuando Llarena la dejó en libertad sin medidas cautelares, y quedó sin efecto la orden de busca y captura dictada contra ella por encontrarse en rebeldía. A la salida del Supremo, en la que el juez le comunicó formalmente su procesamiento, Serret anunció su intención de contribuir, desde su responsabilidad política actual, ahora como diputada del Parlament, a acabar con la "judicialización del conflicto político, que nunca debería haber entrado en esta Sala".

Aragonès quiso expresar el "total apoyo del Govern" a Serret en un proceso que ve como la "continuación del juicio del 'procés'", en el que Serret no puso ser juzgada por estar huida, y que tildó de "venganza" para volver a pedir una ley de amnistía y el derecho a la autodeterminación como vía para solucionar el conflicto catalán. Una línea que compartió la dirigente de Junts Pilar Calvo, que se remitió a la división registrada en el TC en relación con la sentencia del Supremo, baza que previsiblemente será utilizada por todos los condenados para intentar ser absueltos en Europa.

La primera en volver

Serret, cuyo abogado es Iñigo Iruin, fue uno de los cinco miembros del Govern de Puigdemont que huyó de España tras la declaración unilateral de la independencia, en octubre de 2017. Era la única de los políticos fugados a Bélgica sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega, porque su participación en los hechos juzgados sería equivalente a la de Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, que en la sentencia del 'procés' acabaron siendo condenados por desobediencia, pero fueron absueltos de la malversación.

Si el Supremo sigue el criterio que tuvo con los miembros de la Mesa del Parlament, a los que solo se acusaba de desobediencia, remitirá las actuaciones al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Como diputada del Parlament sería aforada ante este tribunal si los hechos que se le atribuyen se cometieron dentro de Catalunya; fuera, son competencia del Supremo.

Torra era inelegible

Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha confirmado el acuerdo de la Junta Electoral Central de enero de 2020, por el que se declaró que concurría en el entonces diputado autonómico y presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, causa de inelegibilidad sobrevenida, tras ser condenado por el TSJC a multa e inhabilitación especial de 1 año y 6 meses para el ejercicio de cargos electivos de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el desempeño de funciones de gobierno en los ámbitos local, autonómico y del Estado, aunque aún no fuera firme.