El retraso de las elecciones catalanas trastoca los planes del Gobierno

El aplazamiento de las elecciones catalanas (previstas para el 14 de febrero y pospuestas hasta el 30 de mayo debido a la pandemia, con la única oposición del PSC) supone una piedra en el camino inmediato trazado por el Gobierno. A grandes rasgos, el plan era este. Con el inicio de la campaña, en enero, Salvador Illa dejaría el Ejecutivo para centrarse en la candidatura de los socialistas catalanes, una salida que hubiera motivado cambios en el Consejo de Ministros. Tras los comicios, según las previsiones de la Moncloa, podría cristalizar el pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que antes de la cita con las urnas se considera improbable, debido al miedo de los conservadores a que Vox explote este entendimiento. Y ya por último, alcanzado el acuerdo con Pablo Casado, se abordarían los indultos a los líderes independentistas condenados por el 1-O. Pero ahora las piezas no encajan.

Los cambios en el Gobierno tendrán que esperar. Hasta que comience la campaña, Illa continuará como titular de Sanidad. En la Moncloa quieren que su salida, que en principio no tendrá lugar hasta abril o mayo, sirva para dar entrada a Miquel Iceta en Política Territorial, con Carolina Darias, que actualmente dirige esa cartera, saltando al puesto que ostenta el aspirante del PSC.

El aplazamiento puede desbaratar el llamado ‘efecto Illa’, plasmado en las encuestas, que colocan a los socialistas catalanes con posibilidades de ganar, si la figura del ministro pierde fuelle debido a los malos datos de contagios. Pero los socialistas, pese a ser partidarios de mantener la fecha original, rechazan esta posibilidad. Dicen que a finales de mayo el capital político de su aspirante será aún mayor, porque ya habrá millones de españoles vacunados y la lucha contra la pandemia habrá entrado en otra fase.

La “moneda de cambio”

Fuentes del PSOE y del Gobierno sí admiten, en cambio, que el acuerdo judicial con el PP puede alejarse. A tenor de los precedentes, ven complicado que Casado se avenga a sellar un pacto con Pedro Sánchez, debido al peligro de que la ultraderecha aproveche este acuerdo (que es una obligación constitucional, por otra parte) para lograr el ‘sorpasso’ en Catalunya. Lo cual no quita que carguen contra la actitud dilatoria del PP, que ha provocado que el CGPJ lleve más de dos años en funciones, todo un récord en la historia de la democracia española. “Es una falta de respeto al Poder Judicial”, señala un ministro.  

Los indultos, además, podrían terminar de cortarle el paso a ese pacto. Los conservadores ya han puesto como condición para el acuerdo que no se haya concedido la gracia, una actitud que critica el Gobierno. “No pueden tener al CGPJ como elemento de negociación de nada. No es una moneda de cambio”, explican en el Ejecutivo.

La Moncloa lleva un tiempo alentando la posibilidad de indultar. “Este es un Gobierno que apuesta por el reencuentro, la reconciliación y la convivencia. Es muy importante superar tiempos aciagos que nos sonrojan a todos”, dijo Sánchez a finales del pasado año. 

Si la medida se aprueba próximamente, los condenados (entre ellos, Oriol Junqueras, líder de ERC) podrían hacer campaña. Pero en el Ejecutivo alejan esta posibilidad. A falta de que el Tribunal Supremo emita su informe, que salvo sorpresa será negativo, en la estela del que redactó la fiscalía, la Moncloa considera que conviene alejar el indulto del proceso electoral. El pasado jueves, tras expresar dudas jurídicas sobre el aplazamiento debido al vacío legal existente, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, señaló sobre la hipotética concesión de la gracia antes del 30 de mayo: “Lo veo francamente difícil”. 

Y después, por último, está la reforma del delito de sedición, del que se beneficiarían los dirigentes del ‘procés’, que verían rebajadas sus penas de cárcel. La modificación del Código Penal ya está bastante perfilada. De hecho, el Gobierno tenía previsto impulsarla antes de que acabara 2020. Pero ahora no quiere pillarse los dedos. Entrará en vigor “a lo largo de 2021”.   

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