Al Gobierno
El Supremo pedirá a la Abogacía del Estado informe sobre los indultos del 'procés' tras las navidades
Los Servicios Jurídicos del Estado actuaron como perjudicado por la malversación de caudales públicos
La ley del indulto prevé pedir informe al perjudicado por el delito, por lo que el alto tribunal debe pedirlo
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo no redactará su informe sobre los indultos de los líderes independentistas condenados por el 'procés' hasta recibir el que le corresponde realizar a la Abogacía del Estado, en su condición de perjudicada por el delito de malversación de caudales públicos por el que también se condenó a varios de ellos en esa sentencia. El alto tribunal no se lo requerirá hasta pasadas las fiestas navideñas, señalaron a este diario fuentes del alto tribunal.
El informe de los Servicios Jurídicos del Estado se solicitará en función del artículo 24 de la ley de indultos de 1870, en el que se dice que el tribunal sentenciador "pedirá, a su vez, informe sobre la conducta del penado al jefe del establecimiento en que aquél se halle cumpliendo la condena (en referencia a Instituciones Penitenciarias), o al gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de libertad, y oirá después al fiscal y a la parte agraviada si la hubiere".
Acusación particular
Una vez conocidos los informes contrarios a la medida de gracia de los fiscales que representaron al ministerio público en el juicio, el tribunal debe solicitar el de "la parte agraviada", que es la que ejerció la acusación particular durante la vista oral, como hizo la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda. No es esa la misma situación que Vox, porque el partido ultraderechista ejerció la acción popular, por lo que no tiene que informar respecto a la concesión del indulto.
Con este trámite se complica la resolución de la concesión o denegación de la medida de gracia antes de las elecciones catalanas, previstas para el próximo 14 de febrero. No obstante, como la Abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia, la rapidez con la que se pronuncien los Servicios Jurídicos del Estado sigue quedando en gran medida en manos del Gobierno. Lo que no hará el alto tribunal, que no tiene plazo alguno para pronunciarse, será resolver una vez comenzada la campaña electoral catalana.
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