Sánchez e Iglesias: segundo acto

El Gobierno ya prevé que antes de Nochebuena podrían estar aprobados, definitivamente, los presupuestos para 2021. La llave que garantiza una legislatura. Pero antes incluso de que llegue ese momento, se nota en el ambiente ‘monclovita’ que la convivencia entre el PSOE de Pedro Sánchez y el partido de Pablo Iglesias va entrar en una nueva fase de cocción. Segundo acto para la coalición, con más tensión en el día a día y menos tolerancia pública a la ‘colleja política’ del socio. 

¿Qué si nos estamos refiriendo a la diferencias y el ruido interno sobre el Rey emérito y el futuro de la Corona?. Ni mucho menos. Esas son discrepancias acordadas, hasta cierto punto. Al presidente le conviene llevar en solitario la batuta ante una melodía tan delicada y espinosa y al vicepresidente Iglesias le viene bien -para qué engañarnos pese a los ‘dimes y diretes’-, saber oficialmente lo menos posible de una cuestión que convulsiona a su militancia. ¿Entonces?. Entonces, con el proyecto presupuestario a punto de ver la luz y las vacunas para la Covid a la vuelta de la esquina, se abren paso otras medidas e iniciativas de relevancia que evidenciarán las diferencias entre socios. Especialmente las del ámbito laboral y social. Y los socialistas parecen ahora menos dispuestos a aguantar envites morados sin responder. 

Sesión de control: la reforma laboral

En la reciente entrevista que mantuvo con EL PERIÓDICO, el presidente Sánchez sentenció que habrá reforma laboral si los agentes sociales así lo quieren. O sea, si además de los sindicatos, la patronal le da el visto bueno a algunas modificaciones (la derogación aparentemente ya no se contempla) legislativas. "Siempre y cuando los actores sociales quieran esa reforma laboral, el Gobierno está dispuesto a acompañarla. La economía española durante el año 2020 va a caer dos dígitos, es decir, vamos a tener una caída brusca de la actividad económica que se va a recuperar en los próximos años. En este contexto, lo que es importante es garantizar la paz social y, por lo tanto, vamos a apostar decidida y rotundamente por el diálogo y el acuerdo social […]”, sostiene Sánchez en la entrevista. 

UGT y CC.OO ya han protestado por la vinculación de la reforma al visto bueno también de los empresarios, sabedores de que mayoritariamente rechazan modificar la ley vigente, aprobada en tiempos del PP. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (de Unidas Podemos), ha venido manteniendo algo similar a lo dicho por Sánchez, pero con matices: ella sostiene que la reforma laboral se hará sí o sí, y que llegará acompañada por diálogo social, pero sin supeditar una cosa a la otra. En el seno de Unidas Podemos hay inquietud por las últimas afirmaciones del presidente y se espera, antes de subir el tono, a su respuesta de este miércoles en el Congreso. Se tomará nota. Allí será Oskar Matute, de Bildu, quien aproveche la sesión de control al Ejecutivo para instar a Sánchez a aclarar si es la CEOE la que “decide” ahora la política laboral gubernamental. 

Cabe recordar que para aprobar una de las prórrogas del estado de alarma durante la primera ola pandémica se consideró necesario, en el grupo socialista, firmar junto a Podemos y Bildu, precisamente, un compromiso de que habría reforma laboral esta legislatura. Moncloa terminó desautorizándolo por el absoluto rechazo de aquel acuerdo político de la vicepresidenta Nadia Calviño.

La subida del SMI

Y si las diferencias sobre la reforma laboral están por concretarse, parecen ya más claras las que existen en torno a la subida (o no) del salario mínimo interprofesional (SMI) a partir de enero. Esto tiene pinta de convertirse en la siguiente batalla de enjundia entre los socios de coalición. La ministra Díaz ya ha dejado claro que no está en sus planes congelar el subsidio de mínimos, porque "no se entendería" que se hiciera cuando se ha acordado incrementar las pensiones y los sueldos de funcionarios. Sin embargo, el equipo de Calviño –de nuevo, la vicepresidencia económica como frontera- no lo ve así. 

La intención de la titular de Trabajo es reunir esta misma semana a la mesa de diálogo social para abordar la cuestión. Pero en la mesa hay tantas diferencias como en el Ejecutivo: Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, defiende que la prioridad ha de ser recuperar empleo y que, por tanto, "no es momento" de hablar de subidas del salario mínimo. Los sindicatos, por su lado, urgen a llevar el SMI hasta los mil euros desde principios de año, en la línea de lo establecido en la Carta Social Europea y en línea con lo aprobado en otros países europeos del entorno.

El decreto antidesahucios

Si hay un asunto que tiene en estos días tensionadas (y puede ir a más) las relaciones entre PSOE y Podemos es el decreto antidesahucios. O más bien, según los morados, la tardanza en aprobar en Consejo de ministros una medida clave para ellos. Podemos retiró una enmienda a los futuros presupuestos, acordada con otros grupos parlamentarios de izquierda, confiando según dicen en que la iniciativa recibiría luz verde de forma inminente. Los socialistas replican que lo que es extraño no es acelerar o retrasar más o menos la aprobación de un decreto complejo por cuestiones técnicas, sino que el socio gubernamental amague con presionar y enmendar un proyecto presupuestario del que se supone es también responsable.

¿Por qué no se aprueba un decreto que, el pasado 26 de noviembre, Pablo Iglesias dijo que estaría listo en 15 días?. Porque los ministerios de Economía (Calviño) y Justicia (….) creen que es necesario incluir una compensación a los grandes tenedores de viviendas –los que poseen más de diez inmuebles-. Según los morados, para que no vean mermados sus beneficios. Según otras fuentes gubernamentales, para evitar que el Tribunal Constitucional acabe tumbando la propuesta.

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