Diálogo social

El Gobierno inicia las negociaciones para decidir si sube el salario mínimo

El Ministerio de Trabajo arranca este martes las consultas con los agentes sociales para ver si el SMI sube de 950 euros

Las patronales rechazan nuevos incrementos y el Ejecutivo, dividido, y los sindicatos avanzan que no aceptarán congelaciones

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a Gerardo Cuevas (izquierda, Cepyme); Pepe Álvarez (centro izquierda, UGT); Antonio Garamendi (CEOE, centro derecha) y Unai Sordo (derecha, CCOO).

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a Gerardo Cuevas (izquierda, Cepyme); Pepe Álvarez (centro izquierda, UGT); Antonio Garamendi (CEOE, centro derecha) y Unai Sordo (derecha, CCOO). / Marta Fernández Jara (EUROPA PRESS)

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Este próximo martes a las 12 del mediodía está previsto que empiece formalmente un nuevo pulso a tres bandas entre Gobierno, patronal y sindicatos para revisar si el salario mínimo en España debe subir o no en el 2021. Las patronales rechazan nuevos incrementos, los sindicatos no aceptarán congelaciones y el Ejecutivo, que es quién tiene la potestad final sobre el tema y se mantiene dividido entre el PSOE y Unidas Podemos, ya ha avanzado que no contempla dejarlo en los actuales 950 euros. Todo ello en un contexto de alta incertidumbre en el que varios economistas alertan del riesgo de tomar nuevas decisiones sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) sin antes haber evaluado profundamente el impacto de las anteriores subidas. 

Cerca de 2 millones de trabajadores en España podrían beneficiarse de una hipotética nueva subida del SMI, según los últimos cálculos del Ministerio de Trabajo. Y las posiciones de salida entre los agentes sociales son antagónicas. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, repite en todos los foros en los que aparece un micrófono que "no es el momento" de subir el salario mínimo. La inflación negativa, una alta incertidumbre y poca o nula actividad económica en algunos sectores con alta presencia del salario mínimo son varios de sus argumentos. 

En Catalunya, la patronal Pimec, que aplaudió anteriores subidas, no avala esta. "Ahora mismo no toca", afirmó su presidente, Josep González, el pasado viernes en una rueda de prensa. Los sindicatos defienden lo contrario, aunque con matices. UGT se ha marcado el objetivo de llegar a los 1.000 euros, tal como ha defendido en un reciente comunicado. Y fuentes consultadas CCOO afirman que no aceptarán una congelación salarial, pero también que son conscientes de las dificultades que arrastran algunos sectores. 

Por ello desde la central liderada por Unai Sordo son más partidarios de priorizar un calendario de subidas para lo que queda de legislatura, con el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio al final de la misma. Actualmente, tomando como referencia la EPA del 2019, el salario mediano (más frecuente que el medio) está en 1.684 euros brutos al mes; por lo que el 60% de ello sería 1.010 euros; 60 euros por encima de los actuales 950 euros. Preguntada por esta cuestión, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó el viernes en una entrevista en TVE: "Desde luego, no compartimos la congelación".

Las dos últimas subidas, una incógnita

Uno de los golpes de efecto que buscó Unidas Podemos cuando todavía no se sentaba en el Consejo de Ministros fue la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Un incremento del 22% -el mayor en términos relativos desde su creación, en el 1963- que pactó con el PSOE a cambio de, entre otras cosas, su apoyo a unos presupuestos que no acabaron pasando el trámite parlamentario. Y cuyo fracaso desató un dominó de elecciones que les ha acabado llevando a formar el primer Gobierno de coalición y a ocupar los despachos del Ministerio de Trabajo. 

No faltaron agoreros por aquel invierno del 2018 que anticiparon que esa intensa subida provocaría una intensa destrucción de empleo. El Banco de España vaticinó la pérdida de 125.000 puestos de trabajo; la Airef, algo más contenida, rebajó esa cifra a 40.000. En términos globales, la Seguridad Social ganó afiliados tras las subidas, aunque dos años después existe muy poca bibliografía publicada sobre los efectos concretos de dichas políticas. Principalmente para verificar si, pese a ganar ocupación en global, hubo colectivos como los jóvenes que sí perdieron su empleo o no fueron contratados por ello. 

La propia Airef ha sido uno de los pocos organismos que ha evaluado a posteriori esta medida y el balance para el incremento del 22% hasta los 900 euros es positivo. El estudio del supervisor concluye que dicha subida provocó la destrucción de entre 19.000 y 33.000 empleos; no obstante, sus efectos beneficiaron directamente a cerca de un millón de trabajadores que en aquel momento cobraran por debajo de los 900 euros. Sobre el impacto de la subida a 950 euros no hay estudios de referencia.

Fuentes consultadas del Ministerio de Trabajo defienden, con datos agregados, no específicos, que el empleo siguió creciendo tras las últimas subidas. Sin retrocesos entre los jóvenes o las mujeres, los colectivos, a priori, potencialmente más vulnerables a sus daños colaterales. Y que su efecto se notó en el incremento de las medias salariales entre las franjas peor pagadas, con alzas cinco veces más intensas que la media. No obstante, un análisis agregado no permite conclusiones definitivas. 

"¿Por qué el Gobierno antes de contemplar nuevas subidas no espera a evaluar en profundidad el efecto de las anteriores?", se pregunta el economista de Fedea Marcel Jansen. "Las dos últimas subidas se han guiado más por criterios electorales que económicos. Se ha intentado obtener un rédito electoral de una política que puede mejorar las condiciones de vida de personas con bajos salarios, pero que si te pasas de frenada puede tener efectos", añade. 

De la negociación al consejo de ‘sabios’

Según cálculos de la OIT, cerca del 90% de los países del mundo tienen algún tipo de salario mínimo. El primer país en fijar el suyo fue Nueva Zelanda en el 1894 y actualmente su modelo para ir revisándolo es diferente a la consulta obligatoria a los agentes sociales que impera en España. “En Nueva Zelanda el salario mínimo no lo fija el Gobierno, sino un comité técnico en función de la inflación prevista, la situación de las empresas o la evolución del mercado de trabajo”, explica el el vicedecano de la facultad de economía de la Universitat de Barcelona, Raúl Ramos. 

En Reino Unido impera un modelo similar, según explica Jansen, conocido como "Low Pay Comission" y que reporta al Gobierno estudios de impacto y recomendaciones sobre las pautas para revisar el importe del SMI. También en Francia existe un comité de expertos, formado por patronales y sindicatos, como órgano consultivo para actualizar el  el SMIC (salario mínimo interprofesional de crecimiento).

Salarios por ciudades o especial para jóvenes

Si bien el 90% de los estados del mundo tienen un salario mínimo, no todos tienen solo uno. En Estados Unidos, por ejemplo, distinguen por ciudades o por estados; en México hay un mínimo diferente para el DF que para el resto del país y en Malasia tienen un salario mínimo diferentes entre la península y las islas. 

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“En España tendría todo el sentido del mundo un salario con perspectiva territorial, teniendo en cuenta la diferencia de precios que existe entre comunidades autónomas”, afirma Ramos. Según el estudio de la Airef, la intensidad de la subida a 900 euros, en comparación con los niveles salariales de la zona, fue tres veces superior en Extremadura que en Catalunya. O cuatro veces más intensa en las Islas Canarias que en Navarra.

En Europa una práctica habitual es distinguir entre un salario mínimo para jóvenes y otro para el resto de trabajadores. Lo que permite, según defiende el investigador de Fedea, que la subida para los segundos no cohíba a las empresas a contratar a los primeros, bajo la premisa de que estos son menos productivos en sus etapas formativas. El estudio del Airef ratifica que la última subida a 900 euros implica un esfuerzo empresarial muy diferente por edades. Pues pagar el SMI a un joven de entre 16 y 24 años es tres veces mayor costoso (en términos de productividad) que un empleado que supere la treintena y cinco veces mayor si este supera los 40 años.