Iglesias reprocha al PSOE que retrase la prohibición de los desahucios

El 26 de noviembre, Pablo Iglesias anunció en el Congreso de los Diputados que las medidas para prohibir los desahucios estaban próximas. El vicepresidente segundo, incluso, se atrevió a poner un límite de 15 días para poner en marcha estas iniciativas. Esa plazo expiró el pasado viernes. Un retraso que, fuentes del gabinete de Iglesias, achacan al PSOE, lo que está provocando el enfado del líder de Unidas Podemos.

"Tras varias semanas de negociación y un acuerdo inicial que parecía definitivo, el PSOE continúa retrasando la aprobación del Real Decreto", sostienen estas voces que hacen referencial al pacto que alcanzaron Iglesias y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hace más de una semana para paralizar los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma. Además, ambos ministros negociaron incluir a las comunidades autónomas en el proceso de ofrecer una alternativa habitacional digna antes de poder realizar un lanzamiento.

Cuando se anunció este acuerdo, la intención de Iglesias es que fuera aprobado cuanto antes. A ser posible, en el siguiente Consejo de Ministros. No obstante, fuentes de al vicepresidencia señalan que en la próxima reunión del gabinete de Pedro Sánchez, el próximo martes 15 de diciembre, tampoco se tratará esta iniciativa. La razón, explican, es que los Ministerios de Economía y de Justicia "exigen una compensación a los grandes tenedores de viviendas -aquellos con más de 10 inmuebles- para que no vean reducidos sus beneficios".

Nuevo choque

La intención del sector socialista del Gobierno, según detallan fuentes cercanas a Iglesias, es que el Ejecutivo se haga cargo del 100% del alquiler derivado de la paralización de los desahucios. Una medida que choca frontalmente con las pretensiones de los morados que siempre han hecho bandera de la necesidad de que los grandes tenedores de viviendas, en su mayoría bancos o fondos buitres, colaboren para que todo el mundo tenga una vivienda.

En este sentido, sostienen que durante la negociación, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido que estos propietarios "arrimen el hombro" en medio de esta pandemia y entiendan que "no se puede echar a la gente de sus casas" con las actuales restricciones de movilidad.

En el sector socialista del Gobierno asegura que el retraso se debe a que se está trabajando en el real decreto para lograr "toda seguridad jurídica posible". Según fuentes del PSOE consultadas por Europa Press, el objetivo es aprobar la medida "lo antes posible", pero con la garantía de que no será tumbada por el Tribunal Constitucional (TC). Por ello, sostienen que una ayuda a los grandes tenedores podría evitar que el real decreto fuera tumbado por inconstitucional.

Iniciativa paralizada

Este no es el único aspecto en el que socialistas y morados no logran entenderse. Iglesias defendió la necesidad de frenar también los cortes de suministros a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, esta medida no se incluyó en el acuerdo negociado con Ábalos. La negociación, parece, sigue parada ante la negativa de la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.