Sánchez: "No podemos permitir que la burocracia obstaculice la modernización"

"Necesitamos querer y confiar. Si España quiere, puede, y claro que podrá". Pedro Sánchez concluía su intervención, de cerca de una hora, con una llamada al ánimo colectivo para afrontar una etapa "difícil", aunque "apasionante", la de la reconstrucción del país pasado el primer golpe de la emergencia sanitaria por el covid. Era el broche de la presentación en la Moncloa de las líneas maestras del 'Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española', en la que avanzó que los fondos europeos permitirán sumar 2,5 puntos de PIB y crear 800.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. 

El presidente del Gobierno, en una puesta de largo abierta y cerrada por el himno europeo, interpretada al piano por James Rhodes, y seguida por videoconferencia por todos los ministros, agentes sociales, los embajadores de la UE y representantes de la sociedad civil, avanzó que se movilizarán 72.000 millones de euros procedentes de la UE en el periodo 2021-2023 —59.000 del fondo de recuperación y resiliencia y 12.400 del React-EU— para acelerar la transformación de la economía. Pero además se ejecutarán en ese mismo plazo, y no en seis años, para que los efectos de la brutal inyección de recursos se noten rápidamente. Dinero al que hay que sumar los 79.000 millones de fondos estructurales y de la Política Agraria Común (PAC). De los 72.000 millones, el 37% serán inversiones dedicadas a la transición ecológica, y el 33% lo acaparará la tranformación digital. 

Pero además de esos grandes números, y de la definición de las diez políticas tractoras, el jefe del Ejecutivo destinó una segunda parte de su exposición a la gobernanza de esos fondos y a la remoción de todas las trabas administrativas posibles: "No podemos permitirnos que la burocracia obstaculice la modernización". 

El líder socialista insistió en que, para la gestión de los fondos europeos —140.000 millones de euros totales entre transferencias y créditos—, funcionará una comisión interministerial que presidirá él mismo y en la que se integrarán todos los ministros con mayor "vinculación" con la ejecución del plan. Además, se creará una unidad de seguimiento en la Moncloa, que centralizará el director de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo. Se reactivará la conferencia sectorial de fondos europeos con las comunidades y ciudades autónomas y se reunirá la conferencia de presidentes. De hecho, la próxima cita de la siguiente cumbre autonómica ya está anunciada: 26 de octubre y con la presencia de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente adelantó que se organizará de nuevo en el Senado. 

Habrá un mecanismo de rendición de cuentas periódico ante la comisión mixta Congreso-Senado de la Unión Europea. Y anunció que habrá una "interlocución continua e intensa" con empresas, trabajadores y el mundo académico a través de foros y consejos de alto nivel, potenciando la colaboración público privada para "arrastrar" la potencia de los recursos públicos. Entre los foros de alto nivel, apuntó, estarán los de ciencia e innovación, digitalización —ya puesto en marcha—, energía y agua, movilidad, industria, turismo, reto demográfico, cultura o deporte. 

El 37% de las inversiones, para la España verde, y el 33% para la digitalización

Para garantizar la "eficacia y agilidad" en la absorción de los fondos, siguió el presidente, el Gobierno impulsará una "reforma profunda" de la legislación en tres vertiente. Uno, fortaleciendo las estructuras administrativas "responsables de este reto", que además de ser eficaces sean plurales —que cuenten con la participación de las comunidades, los ayuntamientos y el sector privado— y responsables, para que España se ajuste a los compromisos en Europa en el ámbito de buen gobierno. 

Reforma "largamente demandada"

Segundo punto, y ya avanzado el sábado pasado en el II Foro de La Toja: se aprobará próximamente un real decreto ley para "eliminar todos los cuellos de botella, las trabas administrativas existentes".

Se modificarán así aspectos de la ley de contratos del sector público, de la ley general de subvenciones o de la ley del régimen jurídico del sector público. "A las dificultades no podemos añadir más dificultad, sino más flexibilidad para la absorción en los parámentros del buen gobierno", sostuvo, para advertir de que todos cambios se ajustarán a la normativa europea. Tres, se revisarán los aspectos "operativos o de gestión que resulte preciso modificar". 

La reforma, que el jefe del Ejecutivo calificó de "histórica", ha sido "largamente demandada" y ahora es "más necesaria que nunca". Hará una Administración pública "más eficaz, más ágil y más transparente". Sánchez reclamó entonces a comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos que también acometan estos cambios.

"Ahora no podemos permitirnos, menos que nunca, que la burocracia obstaculice la recuperación y la modernización que demanda y necesita nuestro país". España carga con una losa: la dificultad de ejecución de las ayudas europeas. De hecho, el país solo gastó un 34% de los recursos del marco financiero 2014-2020. 

Sánchez vuelve a pedir unidad a los partidos y el desbloqueo de las instituciones

Sánchez incidió en que el esfuerzo será "ingente", pero "merecerá la pena", y para ello necesitará contar con el "mayor respaldo posible". Entonces enlazó con la última parte de su intervención, continuista con sus llamamientos reiterados a la unidad. Recordó que el Gobierno ya dispone del "respaldo" de la UE, cuenta con la "poderosa palanca" de la conferencia de presidentes y por eso es "deseable" que el clima de "unión y concordia" se extendiera al Congreso.

Porque "nunca", al menos desde la Transición, apuntó, España ha "necesitado tanto la unidad, la cooperación y la lealtad institucional de todas las fuerzas parlamentarias". A tiempos excepcionales, un comportamiento "excepcional". 

El jefe del Ejecutivo mantuvo que no espera ni quiere un apoyo "ciego y acrítico", pero sí una "colaboración mínima" en beneficio del interés general del país. Ahí calzó que también hace falta salir de "cualquier bloqueo institucional". Otro recordatorio al PP para que facilite la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a lo que Pablo Casado no piensa acceder, así que el Ejecutivo está dispuesto a reformar la ley para forzarla. 

Tras la crisis del covid-19, amplió, solo caben dos respuestas. O la política, el "buscar puntos de acuerdo", o la "antipolítica", que "solo sirve para señalar culpables, fomentar el odio y enfrentar a la sociedad". Entre la "colaboración o la trifulca", Sánchez indicó que el Gobierno opta por lo primero, porque así lo demandan los ciudadanos. Recalcó que tanto el plan que presentó en la Moncloa este miércoles como los Presupuestos Generales del Estado del 2021, que llegarán pronto a las Cortes, ofrecen la "oportunidad única" de demostrar el "ímpetu del país" y apostar por la "buena política", la que busca soluciones y pactos. "Debemos sobreponernos a este golpe brutal y convertirlo en una oportunidad de avance", señaló. Sánchez remachó que no hay más alternativa que actuar con "ambición", sin caer en la "deserción o la indiferencia". 

"No pido nada más que lo que ofrezco: unidad y estabilidad para que la economía funciones". Esta era una frase prácticamente calcada a la que empleó en su conferencia de arranque del curso político, en la Casa de América de Madrid y que era, visto desde el hoy, una especie de ensayo general de la exposición de este 7 de octubre. De nuevo, Sánchez subrayó que España ha sabido en otros tiempos sobreponerse a las dificultades, escalar la montaña de la salida del franquismo, cuando estaba aislada, hasta configurar la democracia avanzada que es ahora mismo. El Gobierno entiende que este es otro momento prácticamente fundacional, el de un segundo impulso de modernización del país. 

Y hoy, a diferencia de lo que ocurrió en la Transición, hay "recursos". Una lluvia de millones de Europa. Y hay también, presumió, una hoja de ruta. "Este es el desafío para nuestra generación", dijo, con tono épico. "Nuestra circunstancia ha sido la pandemia y nuestra elección será la recuperación y la modernización de España. Lo hicimos antes, y volveremos a hacerlo. Solo necesitamos querer y confiar. Porque si España quiere, España puede. Y claro que podrá", terminó. 

Pero mientras, fuera, caía a plomo otra noticia que marcó la jornada: la decisión del juez Manuel García-Castellón de trasladar al Tribunal Supremo el 'caso Dina' para que decida si investiga al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. El anuncio estrella del Gobierno, el que había mimado y al que había conferido la mayor solemnidad y empaque, quedaba sepultado por una hipotética imputación del líder de Podemos.