Crítica en el PSC al plan local de María Jesús Montero

La posición oficlal del PSC sobre la polémica decisión del <strong>ministerio de Hacienda</strong> -sobre la creación de un fondo en base a los remanentes y superávits de los ayuntamientos- es favorable al plan, pero en el seno del partido existen voces destacadas que son críticas con el proyecto de la ministra de Hacienda María Jesús Montero por el cual los municipios pueden, voluntariamente, entregar sus remanentes al Gobierno a cambio de un préstamo del ministero por el mismo valor en diez años. Pero dirigentes destacados del partido consideran absolutamiente insuficiente este plan y quieren una modificación al alza del mismo.

El alcalde de Pineda de Mar y miembro de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, Xaver  Amor, asegura: «El PSC está con el acuerdo, represento al partido en la Junta de la FEMP porque nos parecía el mejor pacto posible en estos momentos». Es más, Amor no entiende el rechazo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau -que gobierna la ciudad con el PSC- al plan ministerial.  «Barcelona tiene importantes remanentes y los podría activar ya», asegura el edil.

Un "parche insuficiente"

Pero no todos piensan igual en el partido. Un destacado cargo municipal afirma que lo que propone Hacienda a los ayuntamientos es un «parche insuficiente» dada la dificultad económica por la que pasan los municipios, agravada por la covid-19. Desde este punto de vista, el plan sobre los superávits debería ir acompañado de un fondo local y autonómico, proponen.

La dirección del partido ha mantenido cierto mutismo al respecto, si bien en la ejecutiva hay quien asegura que internamente «hay de todo». «Estamos callados para no generar ruido», explican. «No se entiende porqué [la ministra de Hacienda Maria Jesús] Montero ha hecho una negociación tan mala y no la ha hecho más consensuada, porque los ha de convalidar en el Congreso y no te lo votarán ni ERC ni los ‘comuns’…», añaden. En este  sentido se apuesta por modificar algún artículo. Estas fuentes apuntan también a la delicada situación económica de las arcas estatales. «En el ministerio cree que han sido flexibles y que se trata de mucho dinero», apuntan.

Silencios elocuentes

Mientras, el PSC en el ayuntamiento de Barcelona también guarda silencio. La teniente de alcalde Laia Bonet se limitó hace unos días a afirmar que «sobre el uso de remanentes y superávit, el gobierno municipal tomará una decision en septiembre cuando se reúna la comisión de gobierno», pese a que Colau asegura que el primer tenienten de alcalde, Jaume Collboni, está de acuerdo en no entregar los ahorros municipales a Hacienda, como harán muchos otros ayuntamientos críticos con el proyecto ministerial.

Otra de las voces todavía no escuchadas es la de la alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, que fue una de las que más presionó meses atrás para que los ayuntamientos, ante la pandemia, pudieran hacer uso de los superávits y remanentes de tesorería para afrontar la grave crisis económica y social derivada de la covid-19. Según Xavier Amor, «en el PSC ante cada versión del acuerdo Jaume Collboni [responsable de política municipal del partido] convocaba a alcaldes y hemos estado hablando de todo, incluida gente que está en instituciones más grandes, y no he escuchado que estén en contra, seguramente en algunos puntos mejorarían el documento….».

"Trabajando para un acuerdo"

En este sentido, el alcalde de Pineda asume que al PSOE –que cuenta con una firme oposición de distintos partidos y alcaldías de toda España tanto progresistas como conservadoras y nacionalistas- «necesita más votos, y no sé si se llegará al extremo de poder hacer cambiar algo, quiero entender que se está trabajando, para llegar a un acuerdo».

En algo sí coinciden todos en el PSC: en la necesidad de cambiar la ley de estabilidad presupuestaria que impide a los ayuntamientos incurrir en déficit. Una ley que emana de la reforma constitucional pactada entre el Gobierno del PSOE y el PP para que la reducción del déficit sea prioritaria sobre cualquier otra inversión social.

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