01 dic 2020

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junta extraordinaria

El PSOE se queda solo con el plan para movilizar el superávit municipal

La FEMP tiene que recurrir al voto de calidad del presidente para aprobar la movilización de más de 5.000 millones

El PP sale en tromba a criticar las medidas de Hacienda, que tacha de "confiscación" de los ahorros de los ayuntamientos

Agustí Sala

La FEMP aprueba la propuesta del Gobierno sobre el superávit solo con el voto del PSOE. En la foto, Abel Caballero. / EFE / PACO CAMPOS / VÍDEO: EFE

Tras varias suspensiones, la junta de gobierno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó ayer el documento de Hacienda que permite a los ayuntamientos utilizar su superávit y excedentes, que se estima en unos 14.000 millones de euros, bloquedados en cuentas bancarias por las normas que aprobó el PP en el 2012. Pero, de manera inédita en esta entidad, se acordó  con el único voto favorable del PSOE y gracias al sufragio de calidad del presidente, el socialista y alcalde de Vigo, Abel Caballero

Se produjo un empate a 12 votos a favor socialistas y 12 en contra (10 del PP, uno de Cs y otro del PdeCat), además de la abstención de IU-Podemos. Pese a las valoraciones de Caballero, que tachó el acuerdo de «singularmente relevante» y no visto desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, el PP salió en tromba en contra llegando a afirmar que se trata de una «confiscación» de los ahorros municipales.

El mecanismo: Transferencia y préstamo a 10 años 

La legislación, especialmente la establecida por el PP  en el 2012, obliga a los ayuntamientos a destinar sus excedentes a reducir déficit y limita mucho su capacidad de invertir. Para sortear este corsé en tiempos de una crisis provocada por la pademia, Hacienda transferirá a los entes locales que cedan al Estado sus superávits y remanentes de tesorería 5.000 millones (2.000 este año y 3.000 el que viene). Luego, a partir del 2022, el Estado devolverá los ahorros que los municipios le hubieran transferido a modo de préstamo en 10 años y con sus intereses correspondientes.

Estos recursos, que para los consistorios serán ingresos no financieros y para el Estado, gasto y, por tanto déficit, deberán destinarse a inversiones relacionadas con agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura. La principal crítica a esta medida es que va dirigida a los municipios en situación saneada. Según datos de la FEMP del total de  8.131 entes locales que hay en España unos 300 tienen dificultades financieras y de estos hasta 80 son los que están en peor situación.  Para estos también se incluye finalmente una solución, explicó Caballero.  

El transporte: Un fondo de hasta 400 millones

El documento aprobado ayer prevé la creación de un fondo de 275 millones con cargo a los Presupuestos del Estado para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal producido durante el estado de alarma por la pandemia o el que se genere hasta final de año por menos ingresos por tarifas o mayores costes por la crisis del covid-19, tal como adelantó EL PERIÓDICO. El fondo se podrá ampliar hasta 400 millones siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial, sxegún establece el acuerdo.  

El rescate: Apoyo a municipios con dificultades

Con el objetivo de satisfacer a los críticos, lo cual no se logró finalmente, el documento prevé mecanismos de apoyo a los municipios con problemas de liquidez o que se encuentren en situación de riesgo financiero. Las diputaciones provinciales y entidades similares podrán prestar asistencia económica a los municipios en riesgo financiero, especialmente a los de población inferior a 20.000 habitantes. Podrán ser préstamos para financiar el remamente negativo de tesorería al cioerre del 2019; o transferencias corrientes de carácer finalista, con cargo al supéravit del 2019. Excepcionalmente este año no computarán en la regla (tope) de gasto y se considerarán inversiones financieramente sostenibles, que son aquellas que están muy tasadas por ley para destinar los excedentes. 

Las normas: Sin regla de gasto y con liquidaciones

Este año no se exigirá a los entes locales que cumplan la regla de gasto, que limita de forma importante el aumento de estas partidas. A su vez los consistorios podrán utilizar su superávit o remanente de tesorería del 2019 para financiar gastos del 2020 y también se prorroga para este año la regla especial del superávit del 2019. A la vez se mantienen las cantidades de las entregas a cuenta del 2019 en la participación municipal en los ingresos del Estado, a pesar de que estos se han desplomado hasta un 9,2% por la crisis sanitaria; y se tramitará la liquidación del ejercicio 2018, que asciende a unos 600 millones de euros, entre otras medidas. 

Los compromisos: Financiación y fondos europeos

El documento aprobado por la FEMP, con los únicos votos de apoyo del PSOE, recoge el compromiso de que «se estudiará la forma de garantizar que los entes locales puedan participar en como beneficiarios» de los fondos europeos para la reconstrucción, de los que a España le corresponden 140.000 millones. A su vez en septiembre se constituirá una mesa de trabajo técnico entre la FEMP y el Gobierno que siente las bases para la futura reforma del sistema de financiación local

Las reacciones: Críticas feroces de la oposición

El presidente del PP, Pablo Casado, varios cargos de la Ejecutiva y alcaldes y portavoces municipales cargaron contra el Gobierno de Pedro Sánchez por «confiscar» los ahorros de los ayuntamientos y «cargarse» el consenso en la FEMP.  Por lo pronto, el partido ha anunciado que solicitará la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 

El consejero de Vivienda y Administración local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, emplazó incluso a la Federación de Municipios de Madrid (FMM) a que «cumpla con su deber de defender el mundo local y se rebele contra el acoso y el abuso» que supone, a su juicio, la aceptación por parte de la FEMP de la propuesta de Hacienda. También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consíderó un «error» el acuerdo . ««El decreto forzado por Hacienda es un error: trabajaremos desde la unidad municipalista para que se modifique en el Congreso», afirmó.

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, por su parte,  aseguró que «Hacienda ni roba ni expropia» .  En un comunicado, la ministra acusó al PP de mentir «con descaro» ya que, en su opinión, los ayuntamientos «ganan en recursos».