Puigdemont arrebata al PDECat la marca Junts per Catalunya

Las divergencias políticas entre la dirección del PDECat y los fieles al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, van camino de la guerra abierta a nivel legal, jurídico y ético. La discrepancia política evidente desde hace años se encamina ahora por la vía de la batalla judicial por hacerse con la marca electoral bajo la que unos y otros se han presentado juntos hasta el momento: Junts per Catalunya. Puigdemont ha arrebatado legalmente el nombre al PDECat mediante un documento notarial y el partido posconvergente considera que esta acción rompe los acuerdos escritos y tiene escasa catadura ética.

Según consta ya en el registro de partidos del Ministerio del Interior, la anterior presidenta del partido Junts per Catalunya, Laia Canet -militante del PDECat en Barcelona- ha dejado de serlo y ahora este cargo lo ocupa Carles Valls, alcalde de Balenyà, afín a Puigdemont. Además, la sede de la formación (que es un partido sin actividad, simplemente basado hasta ahora en ostentar la marca electoral) ha pasado de la Rambla de Catalunya a la avenida Diagonal de Barcelona, en concreto el número 505, piso 3, puerta 1, tal como ha avanzado este viernes Catalunya Ràdio y ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

Romper acuerdos escritos, falta de ética

La dirección del PDECat ha recibido con estupor la noticia, después de que hace unos días el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, comunicara la maniobra a David Bonvehí. Este, en un duro comunicado, ha acusado a Sànchez y a los fieles a Puigdemont de "romper no solo con la palabra dada sino, incluso, con los acurdos firmados", que consistían en que cualquier cambio en JxCat debía ser "acordado y avalado" por el PDECat. El presidente del partido acusa a la otra parte de prescindir "de todos los principios de buena fe y confianza que han de regir el comportamiento ético y político". El PDECat ha anunciado consultas en el registro de partidos sobre la maniobra de Puigdemont e insiste en que JxCat no puede entenderse sin la fuerza política posconvergente.

El entorno de Puigdemont eludió contestar a este duro comunicado. Fuentes de este entorno consultadas se limitaron a asegurar que la maniobra es legal porque está avalada por documentos notariales. Los fieles al 'expresident' han sostenido, desde que hace una semana anunciaron la creación de otro partido, que se quedarán con la marca Junts per Catalunya, porque consideran que va asociada a Puigdemont y al movimiento que dicen representar, que va más allá del PDECat.

En cambio, la formación heredera de CDC que dirige David Bonvehí replica que la marca y el partido JxCat es suyo. No en vano, en las elecciones autonómicas del 2017, JxCat fue registrada como una coalición entre Convergència y el PDECat. Así lo aseguró el portavoz de la formación, Marc Solsona, en una entrevista en EL PERIÓDICO la semana pasada, al hacerse oficial el anuncio de un nuevo partido por parte de los seguidores de Puigdemont.

En el 2018, el PDECat, dirigido entonces por la actual secretaria general del recién nacido Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, inscribió a JxCat en el registro de partidos del Ministerio del Interior. Lo registró a nombre de tres personas, todas ellas militantes del PDECat, entre las cuales figuraba como presidenta Laia Canet Sarri, consejera municipal del Partit Demòcrata en el distrito del Eixample de Barcelona.

El entorno de Puigdemont ha maniobrado a través de un grupo de abogados para sustituir esas tres personas y poner de presidente a Carles Valls, sin la autorización de la dirección del PDECat. Según el partido posconvergente, en esta operación ha intervenido el abogado <strong>Xavier Solà</strong>, imputado y condenado por las irregularidades en la gestión de la Associació Catalana de Municipis, tras haberse lucrado, junto a Josep Maria Matas, por haber saqueado en torno a un millón de euros de la entidad municipalista vinculada a la antigua CiU.

Una batalla sorda

Esta batalla por el control del nombre puede abrir una guerra total que destape el conjunto de conflictos hata ahora mantenidos bajo llave y que tienen que ver con cuestiones tan poco políticas como, por ejemplo, el reparto del dinero que ha recibido el grupo parlamentario de Junts per Catalunya desde el 2017. El PDECat sostiene que ni este ni otros pactos se han respetado, como los referidos a la creación de órganos de decisión paritarios y comités de enlace entre ambas sensibilidades. Estas discrepancias se han trasladado a la toma de decisiones sobre la composición de listas electorales o a la propia dirección del PDECat, de la que Puigdemont descabalgó a Marta Pascal por las diferencias políticas que ambos mantuvierno durante meses.

Este conflicto dificulta las escasas posibilidades de acuerdo entre ambas tendencias en la posconvergencia, a pocas jornadas de que se constituya, el día 25, la nueva formación de Puigdemont en un día en el que el PDECat también tiene previsto reunir a su consejo nacional para abordar la situación. La batalla ha incluido un intercambio de manifiestos. Uno en favor de Puigdemont, apoyado por 'consellers' como Damià Calvet o Jordi Puigneró, así como presos independentistas como Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn, y con apoyo de cargos territoriales del PDECat; otro, con decenas de alcaldes y dirigentes del partido posconvergente en favor de mantener viva esta formación y no disolverla en la nueva organización política que promueve Puigdemont.

El 'expresident' ya promovió hace exactamente dos años la creación de un movimiento, la Crida Nacional per la República, que ha decidido disolverse en la nueva estructura que se creará y que el 'expresident' está decidido a bautizar con el nombre Junts per Catalunya, dado que los fieles al 'expresident' están convencidos que no tiene sentido JxCat sin Puigdemont. El PDECat, en cambio, recuerda que ha sido su estructura organizativa y sus cuadros los que han hecho posible JxCat durante estos años.