Sánchez irrita a las autonomías al cambiar el reparto de fondos

Las conferencias de presidentes, una cita política que el jefe del Ejecutivo celebra semanalmente con los mandatarios autonómicos para estudiar las medidas frente al coronavirus, ha vuelto a poner de manifiesto este domingo las diferencias del Gobierno con los distintos territorios. Y las de estos entre sí. Pedro Sánchez ha llegado al encuentro telemático con una importante novedad: la educación tendrá más fondos de los inicialmente previstos en el reparto de los fondos no reembolsables a las comunidades, y a la hora de distribuir la cantidad total (16.000 millones de euros) se tendrán también en cuenta criterios poblacionales, no solo sanitarios.

Con el nuevo diseño, que se aprobará dentro de 10 días y favorece a los territorios con mayor número de habitantes frente a los más castigados por la pandemia, 9.000 millones de euros se dedicarán a Sanidad, 2.000 a la educación y 5.000 a la bajada de ingresos. El enfoque supone quitar algunos de los recursos sanitarios inicialmente diseñados (en principio iban a ser 10.000 millones) para destinarlos al ámbito educativo. El reparto ha sido criticado por los presidentes de Catalunya y Galicia, Quim Torra y Alberto Núñez Feijóo, según fuentes presentes en la cita, celebrada por videoconferencia. Otros dirigentes, como el valenciano Ximo Puig, han aplaudido el cambio.

Los 2.000 millones de euros para las aulas, ha explicado Sánchez, se desbloquearán en septiembre, coincidiendo con la vuelta al cole. Antes, en julio, se repartirá el primer tramo del bloque del gasto sanitario, 6.000 millones, mientras que los 3.000 restantes serán ingresados a las autonomías en noviembre. El último apartado, los 5.000 millones para paliar la caída de la actividad económica, llegará en diciembre, e incluirá una partida de 800 millones para compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías y autobuses interurbanos.

A juicio de Torra, Catalunya sale mal parada en el nuevo sistema. El 'president' de la Generalitat ha pedido el reparto inmediato de 15.000 millones de euros para no "ahogar" a su autonomía, que el déficit pase del 0% al 1% y la liberación del superávit de los ayuntamientos. Feijóo también ha criticado a Sánchez. El presidente de Galicia ha pedido más libertad para que las comunidades distribuyan esos fondos conforme consideren conveniente.

"Nunca todos vamos a estar de acuerdo", ha dicho Puig, que ha defendido que el mayor peso que se va a dar al número de habitantes de cada territorio supone hacer "justicia". Pero no todos los presidentes socialistas comparten esta opinión. El castellano-manchego Emiliano García Page ha considerado "injusto" el cambio de criterio, que desfavorece a su autonomía. Las diferentes visiones ponen de manifiesto la enorme dificultad de lograr consensos territoriales en el reparto de fondos, algo que se volverá a plasmar cuando se encare la negociación para un nuevo sistema de financiación autonómica, que el Gobierno se había marcado como prioridad antes del estallido de la pandemia.  

Desde Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a pedir al Gobierno una mesa específica para abordar la situación de la comunidad. El lendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado una estrategia para las autonomías vinculadas a la automoción, porque "no se puede abandonar a su suerte" a este sector. La reivindicación ha sido compartida por la socialista María Chivite, de Navarra. El andaluz Juan Manuel Moreno, por último, ha defendido no realizar este año la Operación Paso del Estrecho, que realizan cada verano tres millones de personas, porque "no se dan las circunstancias ideales", una posibilidad que el Ejecutivo está estudiando, ha contestado Sánchez.  

Contra la "relajación ciudadana"

En su intervención inicial, el jefe del Ejecutivo ha transmitido a los presidentes autonómicos que España ha llegado al "epílogo" de la emergencia sanitaria. El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará un decreto ley con las medidas para la "nueva normalidad", una vez pasado el estado de alarma, que concluirá el 21 de junio. Antes de esa fecha, los presidentes de comunidades que se encuentran en fase 3 (el lunes ya estarán bajo ese régimen más de la mitad de los españoles) recuperarán todas sus competencias, limitadas a raíz de las medidas excepcionales, en vigor desde el pasado 14 de marzo, pero solo podrán abandonar el estado de alarma si el Gobierno lo autoriza.  

De hacerlo, sus territorios pasarán a estar regulados por la norma que se aprobará la semana que viene, y sus habitantes podrán salir de la comunidad en la que residen. El decreto regula la distancia interpersonal en lugares cerrados (1,5 metros), incluye multas de hasta 100 euros para quien no use mascarillas en los lugares donde esta prenda sea obligatoria,  establece medidas para asegurar el abastecimientos de medicamentos y ordena que las administraciones lleven a cabo sistemas de rastreo de contagios de coronavirus. Según Sánchez, se están dando casos de "relajación ciudadana de las normas de conducta sanitaria", algo que explica los rebrotes, que ha calificado de "puntuales", pero también "preocupantes", a las puertas de esta "nueva normalidad". 

"Lo llamamos nueva normalidad. No encontramos un nombre mejor. Se parece a la normalidad, pero no es la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Mientras el virus siga amenazando, la vida no volverá a ser como antes", ha señalado el presidente en su comparecencia posterior, ante los medios. Pero el jefe del Ejecutivo ha mostrado aquí un "optimismo razonable". En los "próximos meses", ha transmitido a los presidentes autonómicos, "la ciencia nos puede dar una alegría" en forma de vacuna.