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TRAS UNA DENUNCIA DE SCC

Puigdemont, Junqueras y 16 excargos catalanes pueden enfrentarse al embargo de 2 millones de € por el 1-O

Ambos políticos deberán declarar el próximo 28 de enero junto a Munté, Comín, Ponsatí, Turull, Romeva, Rull y Forn

El Periódico

El Tribunal de Cuentas cita a Puigdemont y Junqueras por el 1-O. / JULIO CARBÓ / VÍDEO: EUROPA PRESS

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont --huido de la justicia-- podría enfrentarse el próximo 28 de enero de 2020 al embargo de al menos dos millones de euros para responder por los gastos de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El Tribunal de Cuentas le ha citado ese día para comunicarle la cuantía que considera que se destinó de fondos públicos al 1-O, por lo que fijará previsiblemente una fianza para responder a una posible condena.

El Tribunal de Cuentas ha notificado esta citación a Puigdemont, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (condenado a 13 años de cárcel por el 'procés' independentista) y a una quincena de responsables de la Generalitat, entre ellos exconsejeros, una vez que ha concluido la instrucción de las denuncias presentadas el pasado año por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución.

La denuncia del Ministerio Público no fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se habría malversado el 1-O y que, a su juicio, se debe reclamar. Sí que cita facturas relacionadas con los locales de votación (900.906,70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666,96 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería.

También destaca que la "acción de la presidencia catalana" en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.

Por su parte, los otros dos demandantes, SCC y Abogados Catalanes por la Constitución considera que el Gobierno de Carles Puigdemont destinó 1.971.601,20 euros procedentes de fondos públicos de la Generalitat.

Incorporado a la sentencia

Asimismo, a este procedimiento se ha incorporado la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer el pasado 14 de octubre por el 'procés' independentista, que cifró en más de 2,35 millones lo gastado por la Generalitat en la consulta independentista. El alto tribunal condenó por malversación de caudales públicos a Junqueras y a los exconsejeros catalanes Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, también investigados en el Tribunal de Cuentas, pero debido a que no puede reclamar ese dinero, trasladó su resolución al órgano fiscalizador, ya que es la instancia competente para ello.

Con todo esto, la instructora del caso en el Tribunal de Cuentas ha estado desde el verano investigando los hechos, estudiando sendas denuncias y todos los indicios de responsabilidad contable para hacer un cálculo del presunto daño causado al erario público.

De este modo, para concretar la cantidad que se comunicará a los investigados a finales de enero de 2020 en la denominada acta de liquidación provisional, la instructora ha analizado los gastos vinculados a la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para la creación de páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas informáticos que darían soporte digital a la votación; el uso de 2.259 locales habilitados como puntos de votación o publicidad institucional, como la denominada campaña 'Civisme'.

Igualmente, ha debido indagar si se destinaron fondos públicos para el suministro de papeletas, censo electoral, cartelería y cartas certificadas, que fueron incautadas en las naves de la empresa Unipost, así como la acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del proceso independentista.

Mismo procedimiento que para Mas

Este mismo procedimiento se siguió contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y varios miembros de su gobierno, a los que el Tribunal de Cuentas condenó en 2018 a devolver casi cinco millones de euros por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. La investigación, que se inició en julio de 2017, partió también de una denuncia de SCC y Abogados Catalanes por la Constitución, apoyada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Por el 1-O, además de a Puigdemont y Junqueras, se ha convocado a los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (todos ellos en prisión provisional por el 'procés'); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia por la misma causa); y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (huidos).

También se ha citado a la exconsejera cesada en el verano de 2017 Neus Munté; y ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj (procesados por el juzgado de Barcelona que investiga la organización del referéndum).

No tienen obligación de comparecer

Ninguno de ellos tienen la obligación de comparecer personalmente en la sede del Tribunal de Cuentas, sino que pueden estar representados por sus abogados, a los que se les informará del detalle de la reclamación de las cantidades presuntamente desviadas. Así, se les concretará también la fianza provisional conjunta y solidaria a la que previsiblemente deberán hacer frente cada uno de los investigados para garantizar el reintegro a las arcas públicas del dinero gastado en caso de que sean condenados.

Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale --en el caso de Mas fueron dos semanas-- se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva. Será después cuando comience el procedimiento jurisdiccional, que es diferente al penal, y la Sala de Justicia de este órgano celebre la vista para juzgar a Puigdemont, sus exconsejeros y altos cargos.

En este caso, los interrogatorios de los investigados se llevarían a cabo por las acusaciones si así lo piden, ya que no corre a cargo del Tribunal de Cuentas. Es decir, la declaración en dicha vista tendría lugar si alguno de los demandantes lo estiman oportuno y trasladan su petición al tribunal que enjuicie estos hechos.