La fiscalía pide que el Supremo investigue a Laura Borràs por unos contratos a dedo

La fiscala Teresa Duerto ha solicitado que el Tribunal Supremo (TS) investigue a la candidata a las próximas elecciones del 10 de noviembre por Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, por los contratos a dedo a un colaborador cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO. La jueza de Barcelona que ha tramitado la causa está ultimando, tal y como requirió la acusación pública hace un mes, la remisión al alto tribunal de Madrid de la exposición razonada sobre los indicios delictivos en su opinión existentes contra la política catalana.

Es el TS el órgano competente para decidir si investiga o no a Borràs por su condición de aforada, estatus que, según fuentes jurídicas, no ha perdido con la disolución del Congreso de los Diputados, al pertenecer a su diputación permanente. El órgano judicial resolverá primero si existen indicios suficientes para encausar a la candidata de JxCat y, si es así, es preceptivo solicitar a la Cámara baja el suplicatorio para interrogarla.

El pasado mes de julio, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, que ha investigado las presuntas irregularidades en el ILC, pidió al Congreso que le certificara si Borràs era diputada, a lo que los servicios de la Cámara contestaron que ese trámite debía hacerse a través de los "más altos órganos" judiciales; es decir, el presidente del Supremo. La notificación por parte del Congreso de esta resolución a la misma dirigente de JxCat originó que su abogado, Gonzalo Boye, presentara un escrito en el juzgado de Barcelona en el que denunciaba que su clienta estaba siendo víctima de una investigación judicial "prospectiva". La fiscalía y la jueza, sin embargo, han persistido en que existen elementos para seguir adelante con las pesquisas. 

Al menos, tres contratos

Bajo la lupa de la justicia se encuentran, al menos, tres contratos por un valor de 45.550 euros a un antiguo colaborador de Borràs, I. H. F. El periodo de tiempo en el que supuestamente se habría cometido la irregularidad es entre el 2013 y el 2018, que comprende los años en los que la candidata al 10-N estuvo al frente de la ILC. Los investigadores sospechan que se habrían troceado el importe del coste real en diversos contratos que, por separado, no alcanzarían la suma de 18.000 euros. Este era el límite que la ley establecía entonces para que una administración contratara sin necesidad de abrir un concurso público. Actualmente este tope está en 15.000 euros.

Tras estallar el caso, a finales de noviembre del 2018, la entonces 'consellera' de Cultura negó los hechos. En una de esas entrevistas, Borràs acabó poniendo en un brete al 'conseller' de Interior, Miquel Buch, al afirmar que este le había asegurado que los Mossos no la estaban investigando: "Ayer, cuando hablé con el 'conseller' Buch y recibí las muestras de apoyo públicas y privadas, me dijo que era la policía judicial, que los Mossos no me estaban investigando". Este comentario provocó que la jueza quitara la investigación a la policía de la Generalitat y se la diera a la Guardia Civil.