La jueza quita a los Mossos la investigación sobre los contratos de Borràs

Los Mossos d’Esquadra ya no investigan los supuestos contratos a dedo otorgados por la 'exconsellera' de Cultura y candidata de Junts per Catalunya al Congreso Laura Borràs cuando esta dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La jueza de Barcelona que instruye el proceso por la presunta adjudicación irregular de esos trabajos le quitó el caso a la policía de la Generalitat por la desconfianza que provocaron las filtraciones que se produjeron al estallar el asunto, según han confirmado fuentes judiciales a EL PERIÓDICO. La magistrada encargó entonces las pesquisas a la Guardia Civil que, en la actualidad, está revisando el material incautado en los registros practicados el pasado noviembre en el citado instituto y el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació), donde se alojan los correos electrónicos del conjunto de departamentos del Govern. Las diligencias siguen bajo secreto de sumario.

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, decidió hace unos meses, en una acción poco habitual, retirar de la investigación del 'caso Borràs' a los Mossos, que iniciaron las pesquisas por la fuga de información y no solo hacia la prensa. Hasta tal punto fue el enfado de la  magistrada, que instó a la fiscalía a que rastreara cómo habían llegado determinados datos a los medios de comunicación. Sin embargo, una indiscreción de la 'exconsellera' complicó la situación y el relevo se hizo efectivo. Bajo la lupa de la justicia se encuentran, al menos, tres contratos por un valor de 45.550 euros a un antiguo colaborador de la ahora candidata, I. H. F. El periodo de tiempo en el que supuestamente se habría cometido el fraude es entre el 2013 y el 2018, que comprende los años en los que Borràs estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

Tras estallar el caso, a finales de noviembre del 2018, la entonces responsable de la cartera de Cultura recorrió varias cadenas de radio para negar los hechos. En una de esas entrevistas y para reafirmar su convencimiento sobre la poca solidez de las informaciones publicadas, Borràs acabó poniendo en un brete al 'conseller' de Interior, Miguel Buch, al afirmar que éste le había asegurado que los Mossos no la estaban investigando: "Ayer, cuando hablé con el 'conseller' Buch y recibí las muestras de apoyo públicas y privadas, me dijo que era la policía judicial, que los Mossos no me estaban investigando". El comentario daba a entender que Buch, jefe político de la policía de la Generalitat, había pedido a los Mossos  información sobre un caso que se encontraba (todavía lo está) bajo secreto de sumario.

El desmentido y la rectificación

Fuentes de la Conselleria d’Interior desmintieron después a Borràs y sostuvieron que Buch se limitó a explicarle vía WhatsApp a su compañera en el Govern que la investigación "estaba bajo secreto de sumario y que los Mossos actuaron como policía judicial". Poco después, alineada ya con la versión de Interior, Borràs, esta vez en una entrevista en otra emisora de radio, rectificó: "Yo no estaba (durante los registros) y hablé con el 'conseller' Buch porque no me constaba ninguna notificación ni policial ni judicial. No me consta que me estén investigando. El 'conseller' sabe que hay secreto de sumario y no me pasó ninguna información, más allá de que los Mossos actuaban como policía judicial". A pesar de esta explicación, todo este episodio provocó un profundo malestar en el mundo judicial, según las mismas fuentes consultadas por este diario.

La investigación, ahora en manos de la Guardia Civil, sigue su curso. Los agentes están analizando los documentos que fueron incautados en los registros. Pero la situación cambiará a finales de mes si Borràs es elegida diputada en el Congreso (se presenta como número dos de Junts per Catalunya, detrás del preso Jordi Sánchez). Si la jueza instructora del caso considera que hay indicios contra ella, no deberá inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justícia de Cataluna (TSJC), sino al Tribunal Supremo de Madrid, por su condición de parlamentaria estatal.