La jueza inicia los trámites para llevar a Borràs al Supremo por contratos irregulares

La jueza de Barcelona que investiga los contratos a dedo otorgados por la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs,Junts per Catalunya, Laura Borràs, cuando esta dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha iniciado los trámites para que enviar al Tribunal Supremo la causa y que sean los jueces de este órgano quienes decidan si piden el suplicatorio para citar como imputada a la dirigente soberanista. La magistrada solicitó hace unos días al Congreso que le certificara si Borràs es diputada, a los que la Cámara baja le ha contestado que ese trámite debe hacerse a través de sus “más alto órganos” judiciales, es decir por el presidente del Tribunal Supremo.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a este diario que las pesquisas sobre las presuntas irregularidades están finalizadas. Si la jueza que instruye el caso considera que existen indicios contra la diputada y exconsellera de Cultura, la togada deberá redactar lo que se denomina escrito razonado sobre los indicios delictivos existentes y remitirlo al Tribunal Supremo, por la condición de aforada de Borràs. Es este órgano que debe pedir o no al Congreso el suplicatorio para poder interrogar a la dirigente del Junts per Catalunya.  Pero para realizar este trámite, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, ha pedido antes que la Cámara certificara que la diputada tiene esa condición.

El Congreso ha contestado a la jueza que ese no es el camino correcto. En su resolución no solo expone que esta petición debe hacerse por medio del presidente del Tribunal Supremo, sino que recuerda que el alto tribunal tiene la relación actualizada de los miembros de esta Cámara, según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Este diario ha intentado infructuosamente recabar la opinión de la jueza.

Escrito del abogado

La notificación por parte del Congreso de esta resolución a la misma Borràs ha originado que su abogado, Gonzalo Boye, presentara un escrito al juzgado de Barcelona en la que denuncia que la diputada está siendo víctima de una investigación judicial “prospectiva”, a la vez que reclama la nulidad de las actuaciones. La dirigente de Junts per Catalunya publicó el martes por la noche un tuit anunciando la presentación de este escrito “contra la jueza” que de “forma incompetente ha estado investigándome sin notificármelo en una causa secreta” (ya no lo está) y “ahora quiere saber si soy diputada”. A su entender, "los motivos: ser una conocida independentista”. 

Bajo la lupa de la justicia se encuentran, al menos, tres contratos por un valor de 45.550 euros a un antiguo colaborador de Borràs, I. H. F. El periodo de tiempo en el que supuestamente se habría cometido el fraude es entre el 2013 y el 2018, que comprende los años en los que Borràs estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. Los investigadores sospechan que se habrían troceado el importe del coste real en diversos contratos que, por separado, no alcanzarían la suma de 18.000 euros. Este era el límite que la ley establecía entonces para que una administración contratara sin necesidad de abrir un concurso público. Actualmente este tope está en 15.000 euros.

De los Mossos a la Guardia Civil

Tras estallar el caso, a finales de noviembre del 2018, la entonces responsable de la cartera de Cultura recorrió varias cadenas de radio para negar los hechos. En una de esas entrevistas y para reafirmar su convencimiento sobre la poca solidez de las informaciones publicadas, Borràs acabó poniendo en un brete al 'conseller' de Interior, Miguel Buch, al afirmar que éste le había asegurado que los Mossos no la estaban investigando: "Ayer, cuando hablé con el 'conseller' Buch y recibí las muestras de apoyo públicas y privadas, me dijo que era la policía judicial, que los Mossos no me estaban investigando".

El comentario daba a entender que Buch, jefe político de la policía de la Generalitat, había pedido a los Mossos  información sobre un caso que estaba bajo secreto de sumario. Esta indiscreción provocó que la jueza instructora quitara la investigación a los Mossos y se las diera a la Guardia Civil.