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Casado y Rivera rechazan cualquier beneficio para los condenados

El líder del PP aprovecha para presentar reformas legales para que el 1-O no se vuelva a repetir

El presidente de Ciudadanos reclama a Sánchez una reunión en la Moncloa con el dirigente popular

Pilar Santos

El presidente del PP, Pablo Casado, en la rueda de prensa del Congreso de los Diputados. / EFE / J. J. GUILLÉN

El presidente del PP, Pablo Casado, en la rueda de prensa del Congreso de los Diputados.
Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en la rueda que ha ofrecido en el Congreso de los Diputados.

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La sentencia del 'procés' se ha conocido en precampaña electoral, una circunstancia que ha afectado a las posiciones de los dirigentes políticos ante un fallo judicial, que esta vez sí, es histórico. Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Ciudadanos) quisieron  investir de solemnidad sus palabras y descartaron las sedes de sus partidos. Eligieron la sala de prensa del Congreso, pero pese a ese gesto no perdieron la oportunidad de mezclar la delicada situación en Catalunya con sus intereses antes del 10-N.

El líder de los naranjas empezó a hablar cuando Pedro Sánchez todavía lo hacía en la Moncloa, como si no le interesara escuchar lo que el presidente en funciones estaba diciendo. Seguidamente, y después de que el secretario general del PSOE hubiera acabado, apareció Casado en la sala. Ambos coincidieron en reclamar a Sánchez que no indulte a los condenados y también le advirtieron contra cualquier beneficio penitenciario que los dirigentes del 1-O puedan obtener, al estar esa materia transferida a la Generalitat. El jefe del Ejecutivo en funciones, también de precampaña, había abogado en su declaración institucional por el cumplimiento "íntegro" de las condenas, detalle que tanto Rivera, que no quiso escucharle, como Casado, que sí lo hizo, pero lo obvió, olvidaron.

Según Rivera, los votantes "merecen saber" qué hará cada candidato "después del 10 de noviembre" respecto a los indultos. Sobre este asunto, fuentes de la dirección popular subrayaron la necesidad de que el Gobierno ponga la físcalía "en guardia" ante cualquier concesión del tercer grado a los condenados o cualquier beneficio penitenciario, algo que esas fuentes concretaron en la posibilidad de que participen en mítines durante la campaña de las generales. No obstante, aunque la fiscalía puede recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria los beneficios, la impugnación no paraliza la concesión hasta que no haya una nueva resolución judicial. 

Las reformas legales del PP

Casado aprovechó para recordar las diferentes reformas legislativas que ha propuesto a lo largo del último año para que una situación "tan grave" no vuelva a repetirse. Entre otras, modificar la ley del indulto para prohibirlo en caso de sedición o rebelión; recuperar la tipificación del referéndum ilegal, que fue derogada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2005; volver a incluir el delito de sedición impropia; introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión y sedición; retomar las competencias en materia penitenciaria; cambiar la ley de financiación de partidos para cortar las subvenciones a las formaciones con condenados por rebelión o sedición; retocar la ley general audiovisual para evitar "propaganda a favor de la independencia" desde los medios públicos; reforzar la alta inspección educativa; e impulsar la reforma de la euroorden para que las peticiones de procesados por delitos tan graves como los de Carles Puigdemont sean "automáticas".

Rivera, por su parte, reclamó de nuevo una reunión con Sánchez, pese a que le dio plantón en verano cuando el presidente en funciones le convocó para la formación de Gobierno. Con el bajón en las encuestas, el líder de Ciudadanos busca su espacio y reclamó al jefe del Ejecutivo una cita a tres bandas, en la que participe también Casado. Sánchez llamó a ambos a primera hora de la tarde. Poco trascendió de esas conversaciones aunque se supo que el secretario general del PSOE descartó ese encuentro por ahora. 

Vox: "Es una vergüenza para España"

Vox considera la sentencia "una vergüenza para España" por considerar que estaba probado el delito de rebelión, por el que han eximido a los dirigentes. El secretario general del partido, Javier Ortega Smith, que ejerció la acusación popular en el proceso, dijo que tenía que estudiar la resolución a fondo y anunció un recurso, que solo podrá presentarse ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.