El encarcelamiento de los CDR eleva la crispación entre los partidos

Es posible que el paréntesis de tensa expectación política que se abrió en Catalunya tras los hechos de octubre del 2017 se cerrara este jueves. Al menos, en el Parlament se produjo un estruendo cuando se conoció el auto del juez de la Audiencia Nacional que enviaba a prisión sin fianza a siete independentistas detenidos el lunes, acusados de estar preparando acciones terroristas para el aniversario del 1-O. Los partidos soberanistas impulsaron una "reacción institucional" en la Cámara, y sus bases se manifestaron en plazas de varias localidades catalanas. En el horizonte inmediato, con las sentencias del juicio del ‘procés’ a punto de hacerse públicas y con unas elecciones generales dentro de poco más de un mes, se dibuja la tormenta perfecta. 

Tras una sesión, la del miércoles, más bien inane, el Parlament revivió este jueves en algún momento las convulsas jornadas previas a la declaración de independencia del 2017. Hacia el final del debate de política general, los bloques de hace dos años resurgieron con nitidez, si es que alguna vez se habían desdibujado: los independentistas defendieron sin matices a los acusados de preparar atentados, a los que la CUP ya llama "presos políticos"; los constitucionalistas subrayaron la importancia de respetar la ley y la separación de poderes.

Para el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, siete de los CDR detenidos el lunes habían trascendido esa organización para constituir otra, llamada Equip de Resposta Tàctica (ERT), de índole "terrorista", que tenía como objetivo "subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública" para "lograr la materialización de la república catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas".

La decisión se conoció en el transcurso del pleno del Parlament, y tuvo una repercusión inmediata. Para el independentismo, se trata de un "hecho gravísimo", de una "operación política" –en palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra- que busca vincular soberanismo y violencia. "El independentismo no es violento", repitieron durante toda la jornada los líderes políticos de ese ámbito, que defendieron sin matices a los encarcelados.

Poco antes, las tres formaciones independentistas de la Cámara –JxCat, ERC y CUP– habían aprobado una resolución que pedía la retirada de la Guardia Civil de Catalunya. Con el argumento de que ese cuerpo "se ha mostrado abiertamente como una policía de cariz político", solicitan que se paralicen las operaciones "prospectivas" de las fuerzas de seguridad del Estado. El Gobierno anunció que impugnará "de inmediato" esa resolución. Los mismos grupos sacaban adelante otro texto que reivindicaba la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional".

"Libertad, libertad"

Cuando se confirmó que los detenidos ingresaban en prisión sin fianza, los cuatro diputados de la CUP abandonaron el pleno en señal de protesta. Los portavoces de JxCat y ERC pidieron la reunión de la junta de portavoces para que la Cámara rechazara la decisión judicial, y los parlamentarios soberanistas corearon "libertad, libertad". Carlos Carrizosa (Cs), que acabó expulsado, dijo sentir "inmensa vergüenza” por este apoyo a los encarcelados y dijo sentirse "amenazado por aquellos que respaldan el terrorismo". En medio de una gran bronca, con diputados encarándose y con reproches cruzados, el presidente del Parlament dio por finalizada la sesión.

JxCat, ERC, CUP y los 'comuns' aprobaron después una declaración que rechazaba "la violencia" para conseguir "objetivos políticos legítimos", pero también la "operación impulsada por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil y las vulneraciones contra los derechos fundamentales", al tiempo que exigía "el fin de la represión y la libertad de las personas presas por sus ideas políticas".

La principal concentración ciudadana de repulsa a los encarcelamientos preventivos se celebró en Sabadell, donde residían cuatro de los detenidos. Sin embargo, unas 2.000 personas se reunieron también en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Su protesta estuvo presidida por la pancarta contra los "presos políticos" que el presidente de la Generalitat mantiene en el balcón de Palau a pesar de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya le ha ordenado quitarla para observar la obligada neutralidad institucional durante el periodo preelectoral.

Quim Torra, que se sumó con entusiasmo a los gritos de "libertad" de sus compañeros en el hemiciclo –el Govern había evitado poco antes la foto con la Guardia Civil anulando en el último minuto la reunión de la Comisión Mixta de Seguridad-, parece decidido a mantener esa pancarta. Y ayer la mayoría independentista avaló esta conducta, que calca la que mantuvo antes de las anteriores elecciones generales y por la que está a la espera de un juicio que podría valerle la inhabilitación, en una resolución parlamentaria.

Está por ver si el ‘president’ incrementa la intensidad de su desobediencia a las resoluciones judiciales cuando se conozca la sentencia contra los impulsores del ‘procés’ que el Tribunal Supremo dará a conocer en unos días. Esa fecha es la que él mismo señaló durante el debate parlamentario como el inicio de una nueva etapa. "Seguiremos adelante", dijo, sin especificar a qué se refería.