Prisión para siete independentistas radicales por pertenecer a una organización terrorista

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decretó este jueves prisión incondicional para los siete radicales independentistas catalanes que han comparecido ante él, incluidos los que admitieron en dependencias de la Guardia Civil haber comprado material para preparar explosivos con el objetivo de "meter ruido" de cara al 1-O. El juez les imputa los delitos de integración en organización terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos. 

Esa organización es Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que, según uno de los autos de prisión dictados este jueves al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se trata del sector "más radical, clandestino y comprometido" de los Comités de Defensa de la República (CDR). El magistrado justifica la prisión de los arrestados en que son "miembros especialmente activos del ERT, encargándose de la planificación, el desarrollo y puesta en marcha de las acciones violentas", aunque no precisa de cuáles se trata, al estar la causa bajo secreto.

El juez explica que, "dentro de la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo, al cual los detenidos pertenecen", está "lograr la materialización de la república catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas". Añade que llega a esa conclusión a través de "las grabaciones, intervenciones telefónicas, seguimientos y demás diligencias practicadas" en una investigación iniciada hace más de un año.

Componente  peligroso

Señala que la organización, con las "características esenciales" de una organización criminal, tiene "capacidad suficiente para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización". De modo algo enigmático añade que "esta instrucción fue testigo el 15 de septiembre de 2018 de una maniobra orquestada por el ERT que se gestó en la máxima clandestinidad. En la citada estrategia se planteaba el encuentro con una persona que por la reacción de los integrantes al conocer su identidad debía tener un componente peligroso".

La prisión, como es habitual, se basa en la gravedad de las penas que conllevan estos delitos y el riesgo existente dedestruir pruebas que podrían tener de quedar libres, de sustraerse a la acción de la justicia y de reiteración delictiva. El fiscalía, que precisaba que la organización terrorista cuya pertenencia les atribuye, tiene "la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública", añadía el riesgo de que puedan "materializar las conductas que se planeaban", en clara referencia a los estragos que supuestamente preparaban. 

Con su propio abogado 

Los dos primeros arrestados en comparecer ante el juez fueron los únicos que lo hicieron asistidos por abogados de oficio. Ambos fueron conducidos el miércoles por la noche a la Audiencia Nacional, al plantear sus familiares un habeas corpus por considerar ilegal su arresto y dudar de que quisieran estar representados por los letrados que lo estaban haciendo. Ante el juez de refuerzo del Central 6, Alejandro Abascal, los dos negaron que quisieran un cambio de representación.  

Al estar secreta la causa, los letrados del colectivo Alerta Solidaria, que asistieron a los otros cinco arrestados, no pudieran asistir a las declaraciones de aquellos a los que no representaban, pese a la petición que en este sentido formularon al magistrado. A diferencia de los dos primeros que comparecieron ante el magistrado, cuyo interrogatorio fue más extenso, puesto que admitieron la adquisición de material para fabricar explosivos, los cinco restantes solo tomaron la palabra para declararse personas pacíficas y negar los hechos que se les imputan. Sostuvieron que no podían declarar al ignorar hasta el delito que se les imputaba, ya que en los autos de entrada y registro solo figura el delito de terrorismo, mientras que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, también hablaba en un nota informativa relativa a la operación Judas de rebelión y de tenencia de explosivos. 

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El ministerio público decía tener la "certeza" de que todos los arrestados, incluidos los dos que quedaron en libertad sin necesidad de ser puestos a disposición judicial, formaban un "grupo terrorista de índole secesionista catalán" que preparaban atentar entre el segundo aniversario del 1-O y el momento en que se hiciera pública la sentencia del Supremo.

Carballo ya imputó terrorismo y rebelión a la que consideró dirigente de los CDR Tamara Carrasco. En aquella ocasión el juez no compartió su criterio y la dejó en libertad por desórdenes públicos.