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PROTESTAS EN SEMANA SANTA

El juez deja libre a la activista de los CDR y no ve terrorismo

La fiscalía había pedido el ingreso en prisión incondicional de Tamara Carrasco por delitos relacionados con la rebelión

El magistrado le impone comparecencias semanales únicamente por desórdenes públicos

Ángeles Vázquez

Guardias civiles trasladan a la activista de los CDR de Viladecans.

Guardias civiles trasladan a la activista de los CDR de Viladecans. / EFE / QUIQUE GARCÍA

Al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea no le han convencido los argumentos de la fiscalía y no ve ni terrorismo ni rebelión, delitos que el ministerio público imputaba a Tamara Carrasco cuando fue arrestada el martes por su vinculación con las protestas protagonizadas por los Comités de Defensa de la República (CDR) la pasada Semana Santa, tras el arresto del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El magistrado considera que esos hechos son constitutivos, al menos en este momento, de desórdenes públicos.  Por ello le ha impuesto comparecencias semanales y la prohibición de salir de Viladecans salvo que tengo que hacerlo para ir al trabajo y siempre contando con su autorización.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, había instado el ingreso en prisión incondicional de Carrasco, que también se negó a declarar ante el magistrado. La fiscalía defendió la medida cautelar más dura de las previstas apelando a los "graves delitos cometidos con finalidad de rebelión" que le atribuye. En la nota que el ministerio público difundió tras la comparecencia ya no aparecía ninguna referencia al terrorismo, que sí incluía en la denuncia que dio lugar a la operación contra los CDR. En ella imputaba a sus presuntos cabecillas los delitos de rebelión o sedición y organización criminal o terrorista. 

Juzgados catalanes

El juez, por su parte, considera que los hechos que se atribuyen a Carrasco son únicamente constitutivos de desórdenes públicos. Este delito se pena con hasta seis años de cárcel en su vertiente más grave, que se introdujo en el Código Penal en la reforma del 2015. Salvo que los desórdenes sean terroristas (opción que también permitió ese cambio legislativo), la Audiencia Nacional no sería competente para investigarlos, por lo que si no aparece ningún dato nuevo en este sentido en la investigación, el juez De Egea tendrá que remitir a los juzgados catalanes las actuaciones abiertas contra los CDR.

Fuentes jurídicas señalaron que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 se pronunciará sobre la competencia una vez sea detenido el varón que también estaba previsto que fuera arrestado en la operación. Su domicilio en Esplugues de Llobregat, en el que no se encontraba cuando llegaron los agentes, fue registrado, al igual que el de Carrasco, donde se halló un documento sobre un cuartel de la Guardia Civil y se requisó su ordenador, una memoria externa y carteles. Este jueves De Egea ha ordenado la detención del hombre para que sea conducido ante él.

El resto de medidas cautelares impuestas a la considerada coordinadora de los CDR, a la que en una grabación difundida en redes sociales se la oye explicar las acciones y estrategias que iban a llevar a cabo distintos comités y no descartaba extenderlas a los puertos y a Mercabarna, consisten en la retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de facilitar un domicilio y teléfono donde pueda estar localizable. 

Confrontación con el Estado

La fiscalía sigue manteniendo que Carrasco "habría desarrollado actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos". Por ello la responsabiliza de "actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado". Las actuaciones están secretas, pero de momento solo ha trascendido el levantamiento de barreras en los peajes para evitar el pago en autopistas.

Según el ministerio público, con estas conductas "se traslada a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán que se investiga en sendos procedimientos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, como una clara amenaza directa al orden constitucional establecido". Se refiere al seguido contra el Govern de Puigdemont y la Mesa del Parlament que permitió la tramitación de las leyes de desconexión y al abierto contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y la cúpula política del cuerpo.