El Parlament insta al Govern a auditar la DGAIA por las adjudicaciones de su exdirector

El Parlament ha instado este viernes al Govern a que se persone como acusación particular en el procedimiento judicial abierto contra su exdirector, Ricard Calvo, y que aclare con una auditoría cuáles fueron sus movimientos presuntamente irregulares. Como explicó este diario, Calvo adjudicó contratos a tres fundaciones vinculadas a él que se embolsaron casi seis millones de euros por esos servicios, por lo que el caso está siendo investigado.

La moción, impulsada por Ciutadans, emplaza al Ejecutivo de Quim Torra a ordenar una auditoría sobre la gestión de este organismo sobre los últimos 10 años, unos resultados que deberán ser presentados en sede parlamentaria. En concreto, pretenden hurgar en todas aquellas adjudicaciones de contratos públicos a entidades “con las que sus miembros y altos cargos o exmiembros y exaltos cargos tengan o hayan tenido vinculación, posibilitando así́ la persecución administrativa y/o penal de los posibles ilícitos cometidos”. La iniciativa ha sido aprobada con 102 votos a favor (Cs, JxCat, PSC-Units, CatECP, CUP y PPC) mientras los diputados de ERC han registrado 29 abstenciones y un voto en contra, aunque fuentes de la formación aseguran que "ha sido un error de votación" y que pretendían votar a favor.

El pleno en la Cámara ha avalado otro texto en materia social sobre infancia y adolescencia, a cargo del PSC, que se complementa con la anterior y juntas urgen al Govern que se efectuen los pagos pendientes del ejercicio 2018-2019. Los grupos parlamentarios han acordado que el Ejecutivo de Quim Torra haga un estudio detallado de los impagos a las entidades y que se consensue un calendario para el recibimiento de estos ingresos. Además, exigen que se creen nuevas convocatorias de subvenciones y que se amplíe la inversión en políticas sociales hasta alcanzar, como mínimo, la media española (9,36% sobre el 8,64% de Catalunya) en el 2020, y en infancia (hasta el 1,3% del PIB, ya que actualmente se sitúa en el 0,9%) en el plazo de dos años.

Nuevos centros de acogida

Por otra parte, piden la apertura de nuevos establecimientos de acogida de emergencia mediante un acuerdo con los consistorios, “orientado hacia un modelo de dimensiones reducidas”.

El Govern deberá presentar en un mes un “protocolo de aterrizaje” sobre las responsabilidades y actuaciones de las entidades y administraciones que gestionan estos centros que resumirán las características de una ubicación idónea, cómo debe abordarse el proceso de comunicación con los vecinos, y qué recursos económicos, técnicos y humanos se necesitan.

En otro punto, apuntan que deben incrementarse las plantillas de educadores sociales y “garantizar su seguridad física” ante el “incremento de la conflictividad”, es decir, que se apliquen los protocolos acordados.

Incumplimientos

La oposición ha señalado “incumplimientos” del Govern en materia social en sus intervenciones: que no hayan desarrollado “totalmente” la ley LGTBI y la del derecho a las mujeres a erradicar la violencia machista, que no se haya "desplegado reglamentariamente" la ley de derechos y oportunidades en la infancia y adolescencia y la de accesibilidad; que no se hay avanzado en la ley de lengua de signos catalana y que no se haya dado cumplimiento a la ley sobre el derecho a la vivienda.